Mañana domingo, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y Derechos Sociales ha convocado una concentración en la plaza de España de Alcañiz en protesta por la suspensión del suministro de agua potable realizado el día 15 de este mes a varias familias de Alcañiz por parte de la empresa Aquara. El precintado de los contadores por impago se produjo tres días después de que entrara en vigor la Ley de reducción de la pobreza energética en Aragón.
Si se ha hecho público que la empresa gestora del servicio municipal precintó varios contadores aquel día es porque uno de los afectados salió a protestar ante las oficinas que la empresa tiene en la carretera de Zaragoza. Ni la empresa ni el Ayuntamiento han aportado información del número de afectados. Desde la empresa suministradora, con la que este periódico contactó esta semana, la respuesta ha sido el silencio, mientras que por parte del Ayuntamiento se echan balones fuera alegando que a sus oficinas "llegan listados de personas deudoras de vez en cuando", pero que el último remitido por la empresa entró en el registro del Ayuntamiento "hace tiempo", según alegó la concejal de Servicios Sociales, Gisela Barrio.
La cuestión es que ese listado con el que supuestamente la empresa avisó al consistorio "hace seis, siete u ocho meses", según la concejal, "no pasó por los servicios sociales para que se tomaran medidas en el caso de que hubiera familias en situación de vulnerabilidad. Y al parecer las hay. La persona que protestó ante la delegación de Aquara está parado y el único ingreso del domicilio son los 426 euros al mes que percibe su pareja.
La ley de reducción de la pobreza energética aprobada por las Cortes de Aragón el pasado tres de noviembre entró en vigor el día 12. Según el texto, se entiende por pobreza energética, la "situación de dificultad en la que se encuentra una familia para hacer frente al pago del consumo energético con el que satisfacer sus necesidades domésticas básicas, lo que conlleva una falta de acceso normalizado a los servicios básicos de electricidad, gas y agua".
El número de familias por el último corte de agua de Aquara en Alcañiz se desconoce. Ni la empresa -prestadora del servicio- ni el Ayuntamiento -titular del mismo- dicen cuántos son los afectados esta vez. Cortes de agua "los ha habido siempre", afirman el alcalde, Juan Carlos Gracia, y la concejal de Servicios Sociales. Además, el regidor insistió en que el Ayuntamiento ha incluido "bonificaciones" en sus ordenanzas de 2017 para agua y basuras destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, pero "para ser beneficiario antes hay que solicitarlas", puntualizó.
La concejal de Servicios Sociales, por su parte, reconoció que "alguna vez nos hemos sentado con la trabajadora social para analizar la situación de algunas de estas familias", pero no recientemente. En "marzo o noviembre del año pasado", recordaba Barrio, fue la última ocasión en que se analizó uno de esos listados. La concejal decía que "el corte de agua se ejecuta después de tres o cuatro apercibimientos". Sin embargo, al menos esta vez no parece que hayan mediado tantos avisos por parte de Aquara, porque el vecino que salió a protestar frente a las oficinas de la empresa sólo le habían llegado dos. En el último, del 29 de septiembre, no se especificaba que la empresa precintaría el contador si no se pagaba.
La concejal de Servicios Sociales insistió en que "el Ayuntamiento tenía hace años ayudas de urgencia", pero que ahora son "competencia de la Comarca del Bajo Aragón", así que los servicios municipales, según dijo, desconocen qué familias se encuentran en situación de vulnerabilidad. "Los datos los tiene la Comarca, y cuando vemos que hay algún caso delicado se insta a estas personas a solicitar las ayudas de urgencia" del Bajo Aragón, apuntó. Éstas son, en cualquier caso, escasas. El presidente de la institución comarcal, Manolo Ponz, explicó que la mayor parte de las que se tramitan todos los años son para cubrir las necesidades de manutención, y sólo en los casos en los que "hay una urgencia muy grande" se cubre el gasto de "algún recibo de luz o de agua", pero "como mucho uno, porque no hay para más", apostilló.
Acceder a la ley
Para acceder a los derechos que otorga la nueva ley de protección de la pobreza energética, fuentes del departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón explicaron que la empresa suministradora de un servicio básico ha de comunicar con una antelación de 15 días que se va a cortar el agua. Con ese documento, el afectado debe solicitar a los servicios sociales municipales o comarcales que se le aplique el procedimiento para evitar la suspensión del suministro, para lo que tendrá que demostrar que carece de recursos para hacer frente al pago del recibo. Si esto se confirma, serán los servicios sociales los que se harán cargo de la tramitación de la ayuda al tiempo que comunicarán a la empresa suministradora la situación del afectado y la obligatoriedad de mantener el servicio operativo.
Autor: Maribel Sancho Timoneda