El Ayuntamiento de Andorra pedirá a la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y al Gobierno de Aragón que intercedan ante la empresa que gestiona el ciclo del agua en Andorra, Aragonesa de Servicios Públicos (ASP, del grupo Aguas de Valencia) para que no ponga trabas a la auditoría que el consistorio ha encargado para determinar si la mala calidad del agua de boca que reciben los vecinos es responsabilidad de la compañía.
El concejal delegado del Ciclo del Agua, Ramón López, recordó que la empresa mixta Sastesa que presta servicios en multitud de municipios de la provincia está participada al 51% por la DPT y al 49% por ASP, por lo que el Ayuntamiento andorrano le solicitará formalmente “ayuda ante la actitud que está tomando la empresa, que parece que le da igual que una administración pública le pida documentación y quiera controlarla”, manifestó el edil.
En la misma línea, el consistorio le pedirá “explicaciones” a la DPT por el mantenimiento de su colaboración con el grupo Aguas de Valencia, ya que “se invita a un montón de municipios” a contratar la gestión del agua con Sastesa mientras “en Andorra hay suficientes fundamentos, que los propios técnicos municipales están corroborando, de que la empresa incumple el contrato”.
Por ello, y en tercer lugar, López pretende “alertar o dar aviso de lo que está pasando en Andorra para ver si esta empresa está haciendo lo mismo en otros municipios. Que tengan cuidado”, advirtió.
Nuevas sanciones
El pleno del Ayuntamiento de Andorra sancionó el martes a Aragonesa de Servicios Públicos por considerar probado que ha incumplido el contrato en varios puntos.
En concreto, le impuso dos sanciones graves por “obstruir” la labor de la auditoría, en primer término por no entregar o retrasar la entrega de la documentación requerida y en segundo lugar por el “incidente grave” que, a juicio de López, se registró en la potabilizadora durante la visita de inspección del ingeniero auditor, cuando el jefe de explotación se negó a que el técnico y el concejal contrastaran los datos e incluso “coaccionó” al edil para que no hiciera uso de unas fotografías.
Hubo dos sanciones más, en este caso leves, “por seguir sin técnico especialista residente en Andorra y por seguir permitiendo la salida a otros municipios de los trabajadores del servicio vinculados a la explotación de Andorra”.
Estos dos últimos términos ya fueron sancionados el pasado 30 de noviembre en base a un informe del órgano sancionador (formado por la secretaria municipal y el jefe de la Brigada de Obras), que además culpaba a la empresa de la mala calidad y escaso caudal del agua de boca. El informe recordaba que se deja desperdiciar el 50% del agua.
Las faltas graves se sancionan con 4.549,14 euros de multa, por 909,83 las leves. La empresa acumula ya cinco graves y dos leves.
Estas sanciones son entendidas en el consistorio como un paso indispensable para, una vez contrastadas con la auditoría, poder “remunicipalizar” el servicio antes de que en 2021 finalice la prórroga del contrato.
