Los dos ponentes que intervinieron el lunes en el Senado dentro de la Comisión especial sobre la evolución demográfica en España dibujaron un panorama poco halagüeño sobre esta problemática, aunque uno lo hizo en positivo y el otro con un punto de vista más oscuro al referirse al futuro de las pensiones. Lo que dejaron claro es que la población no puede fijarse en el territorio en contra de su voluntad, y que hay que intervenir en el tema de las pensiones antes de que sea demasiado tarde, apostando por la “sostenibilidad y eficiencia” frente al sistema actual.
Las sesiones de la comisión especial del Senado sobre despoblación, donde se habla más del reto demográfico que de la problemática que padece el medio rural turolense, no invitan al optimismo a la vista de cómo se están desarrollando hasta ahora.
El lunes intervinieron dos expertos a propuesta del PSOE y del PP que pidieron hablar con realismo y sin concesiones, uno de los cuales dejó bien claro que el sistema de pensiones que existe en estos momentos en España es insostenible y que urge intervenir sin mayor demora. Este último centró la mayor parte de la sesión del lunes, en la que se habló mucho de demografía y sostenibilidad del Estado del Bienestar, y poco de la problemática que atañe a territorios despoblados como el turolense, aspecto sobre el que la senadora del PSOE por Teruel, Perla Borao, pidió propuestas concretas.
La comisión recibió a la titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSICMaría Dolores Puga González, a propuesta del grupo parlamentario socialista, y al economista, investigador del sistema público de pensiones y las consecuencias del envejecimiento de la población, José Antonio Herce San Miguel, a propuesta del PP.
La primera ponente, Dolores Puga, quiso desdramatizar el problema y se negó a hablar de crisis demográfica, utilizando en su lugar el término “transición demográfica”, si bien dejó bien claro que “la población no se puede fijar al territorio”, aunque pueden existir medidas para hacerlo atractivo.
Su intervención fue más positiva que otras que se han hecho en la misma comisión, e inició su exposisición destacando que el envejecimiento no ha de ser visto como algo negativo sino positivo porque la gente ha ganado en esperanza de vida al lograr “trayectorias de vida más prolongadas”.
Ese argumento sirvió al segundo ponente, Antonio Herce, para constatar que al aumentar la esperanza de vida tiene que retrasarse mucho más todavía la edad de jubilación. “Tenemos que elegir entre sostenibilidad y eficiencia, si no, acabaremos eligiendo por la fuerza”, advirtió.
Ambos coincidieron en que las políticas de natalidad no van a servir para afrontar esa transición demográfica en la que se encuentra no solo España sino todo el mundo, y que lo que hay que primar son políticas que generen actividad económica y que prolonguen la edad de jubilación, además de servicios más eficaces a los ciudadanos.
Sobre esta última cuestión profundizó más Dolores Puga, quien dijo que si bien a nivel del Estado la transición demográfica no supone problema alguno, en ámbitos territoriales específicos sí se pueden producir, y que la alternativa en estos casos es “crear condiciones de vida adecuadas”.
“Las políticas natalistas no creo que sean buenas”, comentó Puga, ya que a su juicio lo que hay que facilitar son condiciones a la gente joven para formar una familia. Al respecto habló de mejorar las políticas de acceso a la vivienda y de estabilidad en el mercado laboral, facilitando así que puedan tener uno y dos hijos.
También opinó que en zonas despobladas no se puede fijar la población al territorio, sobre todo cuando son los jóvenes los que pueden garantizar el relevo generacional. Sí precisó que “se pueden facilitar y mejorar las condiciones de vida para que se pueda vivir en distintas áreas del territorio”, aunque aclaró que no era experta en política territorial.
En cualquier caso, sobre esta cuestión apuntó varias ideas a tener en cuenta a partir de experiencias en otros países. Puso como ejemplo el cuidado de las personas mayores en el medio rural, cuyos mecanismos no deben ser por ello iguales a los de las grandes ciudades.
Puga aseguró que en lugares como Suecia se está apostando con éxito por sistemas muy tecnológicos de asistencia. “Tenemos que pensar un poco mejor distintas soluciones para distintas realidades”, argumentó, a la vez que advirtió que habría que pensar en implementar áreas de especial protección social en las zonas de baja densidad demográfica.
A la pregunta de un senador sobre si el envejecimiento es un riesgo para el sistema de salud, contestó con un “sí y no”, y que aquello que se necesitan son geriatras, mientras que sobre las jubilaciones, estimó que habría que pensar en proyecciones de vida postergadas y más flexibles, y que el resto está en “crear un sistema que no solo sea sostenible sino suficiente y equitativo”.
José Antonio Herce fue más contundente en relación a las pensiones y dijo que hay que “derribar esa barrera tiránica de los 65 años”, para alargar la vida laboral de la misma manera que lo ha hecho la esperanza de vida.
Herce argumentó que los años de más que se viven equivalen a los hijos que no se tienen ahora, por lo que insistió en que habría que aumentar la edad de jubilación, y que la misma debería tomar como referencia la esperanza de vida. También advirtió de que no estamos preparados para afrontar la sociedad del “conocimiento profundo”, y que a lo mejor las instituciones actuales tampoco sirven.