La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) considera agotado el recorrido de la orden ministerial de pagos por capacidad que presentó el Ministerio de Industria a la Comisión Europea (CE) para tratar de incentivar la compra y consumo de carbón en las centrales térmicas, además de sus inversiones medioambientales, y propone al Gobierno central una alternativa: la exención o bonificación del "céntimo verde" que penaliza la generación eléctrica a partir del mineral con 13 euros por tonelada, pero solo para la hulla, antracita y lignito autóctonos.
En esta línea, los más de 80 Ayuntamientos mineros que forman parte de la asociación enviarán "cartas masivas" para preguntar a la CE por dos cuestiones. En primer lugar, si la bonificación del céntimo verde sería interpretada como una ayuda de Estado, algo que la Comisaría de Competencia no acepta y por lo que ha echado para atrás el mecanismo de pagos por capacidad. En segundo lugar, y con toda la intención, los consistorios carboneros preguntarán si dicha exención es una decisión que se circunscribe a una decisión del Gobierno de un país.
"Creemos que el Gobierno, si tiene voluntad de legislar sobre el céntimo verde, podría dar una solución al problema del carbón", dijo ayer el presidente de Acom, Adrián Barbón, tras la reunión de la Comisión Permanente de la asociación celebrada en Ariño.
Barbón explicó que el carbón "no se está quemando en térmica porque no hay ningún tipo de refuerzo que incentive" que así sea. "Se lleva mareando durante muchísimos meses desde el Gobierno con una supuesta orden de pagos por capacidad", un mecanismo por el que Industria estaba dispuesto a pagar el 40% de la inversión de desnitrificación de las térmicas a cambio de que estas garantizaran la compra y consumo de mineral autóctono. Pero "de eso no hay nada, lo han dejado morir porque dicen que no tiene ningún tipo de viabilidad en Europa", indicó el presidente. "Desde luego, si no por la vía del derecho, por la vía del hecho lo han abandonado", puntualizó.
Industria no suelta prenda
"Tenemos un Gobierno que ni escucha, ni ve, ni habla", aseguró Barbón. "No saben nada las Comunidades Autónomas, ni los Ayuntamientos, ni los sindicatos, ni la patronal del carbón, ni nadie. Se niega a trasladar la información. Le pedimos que no vea en nosotros unos enemigos, somos defensores del carbón nacional y queremos que sea claro y transparente", prosiguió.
"Si el Gobierno no tiene medidas, nosotros las vamos a poner", se ofreció Barbón, que lleva tiempo proponiendo la bonificación del céntimo verde para el mineral nacional. Se trata de un impuesto que introdujo en 2012 el Ejecutivo para penalizar a los hidrocarburos. Las térmicas pagan unos 13 euros por tonelada de carbón quemado, una cantidad que los municipios mineros proponen eliminar, así como gobiernos como el de Castilla y León, que el pasado miércoles se reunió con Competencia para hacer preguntas similares a las que van a trasladar los alcaldes. "Sería una bonificación al impuesto de hidrocarburos de forma que el carbón nacional no pagaría o pagaría muchísimo menos, con lo cual equilibraría el precio respecto al carbón de importación y garantizaría que a las térmicas les saldría más barato el consumo de carbón nacional", explicó Barbón.
El Estado dejaría de recaudar unos 30 millones de euros. "Pero es que en estos momentos están habiendo miles de despidos que generan más pérdidas desde el punto de vista social y económico al Estado español", recalcó Barbón. En cualquier caso, el presidente de Acom instó al Gobierno a tomar decisiones urgentes, ya que cada día que pasa se acrecienta la inestabilidad de las empresas mineras, que siguen siendo claves para apuntalar los pueblos carboneros.
"Necesitamos un Gobierno que tenga clara una posición con respecto al carbón y que tenga una mínima sensibilidad", ya que del sector minero "dependen 4.000 empleos directos y 10.000 inducidos, sin contar las térmicas", aseveró.
Situación de alerta
El alcalde de Ariño y miembro de la Permanente, Joaquín Noé, puso de manifiesto que, años atrás, de las minas de Samca salían cada mes más de 100.000 toneladas hacia la térmica andorrana, pero que este año en enero se han vendido unas 41.000 toneladas y 10.000 en febrero, lo cual "es una nimiedad".
Por tanto, los trabajadores temen que pueda haber más despidos al margen de los 33 que se materializaron en Villajos, contrata de Samca en el cielo abierto. "La dirección de Samca me dijo que no quería tomar decisiones aún, pero si esto se alarga es posible que se complique la situación", dijo el alcalde, ya que "en el cielo abierto se saca estéril y únicamente estamos sacando carbón de la mina de interior, que se va a cerrar a finales de año, lo cual es un problema añadido".
Por tanto, "no nos vale la excusa de que el Gobierno está en funciones y por eso no puede hacer nada", dijo Barbón, que consideró que "el Gobierno puede, pero no quiere".
Denuncian el "incumplimiento sistemático" del Plan del Carbón
Acom acusó a Industria de "incumplir sistemáticamente" el Plan del Carbón 2013-2018, algo que "le están recalcando sindicatos, Comunidades Autónomas, empresarios mineros y ahora los Ayuntamientos mineros", que "nos hemos vuelto a reorganizar" para "poner rigor al debate sobre el carbón".
Uno de los puntos clave del acuerdo alcanzado en 2013 entre Gobierno, sindicatos y patronal fue reservar un 7,5% de la generación eléctrica del país al carbón nacional. "Yo soy un defensor de las energías renovables, pero por mucho que se avance siempre va a quedar un hueco para completarlas; cuando no hay aire, no llueve o no hace sol, de alguna forma hay que producir la energía", dijo Barbón. Por tanto, Acom pide recuperar el concepto de "reserva estratégica ligado a la garantía de suministro", ya que el carbón "permite dar estabilidad a la energía de este país".
Por otra parte, Acom defiende que sin carbón nacional que quemar "el precio del de importación subiría", por lo que se incrementaría también "el precio que pagamos los consumidores por la energía".
Barbón cargó también contra Industria porque "del plan 2013-2018 no se ha invertido ni un solo euro de los 250 millones previstos para infraestructuras". Además, "se adeuda dinero del plan anterior, incluso de proyectos finalizados", denunció el alcalde de Laviana (Asturias).
Los Ayuntamientos piden que se agilicen las convocatorias y que se modifiquen los criterios de reparto de fondos. "Convóquenos porque no estamos dispuestos a que el reparto se haga sin baremos objetivos como situación de desempleo, pérdida de población y envejecimiento o pérdida de empleo minero", instó Barbón a Soria.
"Y no me vale que se ponga a los Ayuntamientos como malos gestores porque solo hay una administración que tenga superávit: los Ayuntamientos de este país". Por tanto, "tan malos gestores no seremos".
Autor:Marcos Navarro / Ariño