Ha pasado casi un año y nueve meses desde que se hundiera el edificio de cinco plantas de la calle San Francisco. Y esta semana se ha presentado el primer informe elaborado por técnicos que asegura, sin lugar a dudas, que el derrumbe se produjo por un “agente externo”. Es decir, por las fugas que presentaban las redes municipales de agua y de alcantarillado. El estudio, de 500 páginas, ha sido encargado por los vecinos afectados y analiza los materiales derruidos, incorpora sondeos llevados a cabo en el solar así como prospecciones hechas en la zona con una cámara robotizada.
Me consta que el informe no ha sido fácil de elaborar. Sobre todo, porque los vecinos no encontraban profesionales locales que quisieran meterse a sacarle los colores al Ayuntamiento. Las últimas noticias que tengo es que se recurrió a expertos de fuera de Aragón para poder llevar a cabo este estudio que sustenta la tesis de los afectados y apunta, como responsable, directamente al consistorio.
Este documento abre las puertas a la reclamación patrimonial que interpusieron los vecinos y que asciende a 3,8 millones de euros, una cifra más que elevada para una ciudad como la nuestra. Sin embargo, ahora falta que el Consorcio de Seguros y la aseguradora del Ayuntamiento hagan sus propios informes para saber cuál fue, según ellos, la causa de un hundimiento que, milagrosamente, no costó la vida a nadie. Para ello, la propiedad permitirá a los peritos acceder al solar esta primera semana de marzo. Empezará entonces, con mucha probabilidad, la guerra de versiones por los diferentes informes presentados.
Más allá de lo que digan las aseguradoras es necesario recordar al Ayuntamiento que los afectados por el derrumbe no son “enemigos” o “adversarios políticos”. Son vecinos, que de la noche a la mañana -literalmente- perdieron absolutamente todo lo que tenían. No sería lógico ver a los responsables municipales enconarse en posiciones que sólo respondan a salvaguardar su imagen pública o su balance de resultados a final de año.
Desde el hundimiento del bloque de pisos de San Francisco 21 hay cierta psicosis en toda la ciudad. No ayuda ver la herida aún abierta en mitad de la calle, ni el edificio apuntalado justo delante, ni el desprendimiento en el lateral de la Glorieta de hace unas semanas. Parece evidente que Teruel tiene un problema de mantenimiento con su red de aguas y alcantarillas; y lo valiente sería encargar un estudio a expertos independientes que permitan adelantarnos a futuros sustos. Las excusas del tipo “nunca antes había llovido tanto” pueden saldarse con un milagro, como en el caso de San Francisco, o con una tragedia, como lo ocurrido con la dana en Valencia. En Teruel hubo suerte, pero podría haberse producido una carnicería.
Está en manos de nuestros gobernantes gastar nuestro dinero (insisto, nuestro dinero) en detectar el nivel de riesgo que corremos los turolenses. Mirar hacia otro lado para evitar las críticas es una actitud cobarde y propia de una clase política que sólo se mueve por intereses electorales. Pero si de aquí a unos años se vuelve a hundir un edificio y hay víctimas habrá que buscar responsabilidades penales para los que antes, ahora y en un futuro no hayan actuado como debieran.
Nos vamos a gastar 800.000 euros en cambiar (otra vez) el alumbrado de la plaza de San Juan con leds multicolor. Yo prefiero destinar este dinero a garantizar que no se nos caerá la casa encima mientras estemos durmiendo en una semana de lluvias. Es cuestión de prioridades.
Me consta que el informe no ha sido fácil de elaborar. Sobre todo, porque los vecinos no encontraban profesionales locales que quisieran meterse a sacarle los colores al Ayuntamiento. Las últimas noticias que tengo es que se recurrió a expertos de fuera de Aragón para poder llevar a cabo este estudio que sustenta la tesis de los afectados y apunta, como responsable, directamente al consistorio.
Este documento abre las puertas a la reclamación patrimonial que interpusieron los vecinos y que asciende a 3,8 millones de euros, una cifra más que elevada para una ciudad como la nuestra. Sin embargo, ahora falta que el Consorcio de Seguros y la aseguradora del Ayuntamiento hagan sus propios informes para saber cuál fue, según ellos, la causa de un hundimiento que, milagrosamente, no costó la vida a nadie. Para ello, la propiedad permitirá a los peritos acceder al solar esta primera semana de marzo. Empezará entonces, con mucha probabilidad, la guerra de versiones por los diferentes informes presentados.
Más allá de lo que digan las aseguradoras es necesario recordar al Ayuntamiento que los afectados por el derrumbe no son “enemigos” o “adversarios políticos”. Son vecinos, que de la noche a la mañana -literalmente- perdieron absolutamente todo lo que tenían. No sería lógico ver a los responsables municipales enconarse en posiciones que sólo respondan a salvaguardar su imagen pública o su balance de resultados a final de año.
Desde el hundimiento del bloque de pisos de San Francisco 21 hay cierta psicosis en toda la ciudad. No ayuda ver la herida aún abierta en mitad de la calle, ni el edificio apuntalado justo delante, ni el desprendimiento en el lateral de la Glorieta de hace unas semanas. Parece evidente que Teruel tiene un problema de mantenimiento con su red de aguas y alcantarillas; y lo valiente sería encargar un estudio a expertos independientes que permitan adelantarnos a futuros sustos. Las excusas del tipo “nunca antes había llovido tanto” pueden saldarse con un milagro, como en el caso de San Francisco, o con una tragedia, como lo ocurrido con la dana en Valencia. En Teruel hubo suerte, pero podría haberse producido una carnicería.
Está en manos de nuestros gobernantes gastar nuestro dinero (insisto, nuestro dinero) en detectar el nivel de riesgo que corremos los turolenses. Mirar hacia otro lado para evitar las críticas es una actitud cobarde y propia de una clase política que sólo se mueve por intereses electorales. Pero si de aquí a unos años se vuelve a hundir un edificio y hay víctimas habrá que buscar responsabilidades penales para los que antes, ahora y en un futuro no hayan actuado como debieran.
Nos vamos a gastar 800.000 euros en cambiar (otra vez) el alumbrado de la plaza de San Juan con leds multicolor. Yo prefiero destinar este dinero a garantizar que no se nos caerá la casa encima mientras estemos durmiendo en una semana de lluvias. Es cuestión de prioridades.