Francia aprobó en agosto de 2019 una ley que veta el uso de dispositivos móviles en los centros de primaria y secundaria, una prohibición de la que han quedado exentos los alumnos con algún tipo de discapacidad o problema grave de salud, así como los docentes que utilizan esa tecnología con objetivos pedagógicos. Los centros educativos tienen en el país vecino libertad para adaptar la normativa a su reglamento de régimen interno, un documento que en Aragón es el que ha acabado ordenando el uso de dispositivos electrónicos, ante la falta de una legislación estatal o autonómica específica.
En España no se ha legislado como en Francia sobre esta cuestión. Las transferencias de Educación están en manos de las Comunidades Autónomas, en cuyas manos se deja el establecimiento de una normativa. Y en el caso de Aragón, son los institutos los que articulan las normas relativas al uso de móviles, tabletas y dispositivos electrónicos de todo tipo dentro de las instalaciones.
Esta misma semana, las Cortes de Aragón han rechazado una propuesta presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), que pretendía limitar el uso de los móviles y tabletas electrónicas en los recreos y cambios de clase . La iniciativa tuvo el apoyo del PP y de Vox, pero no de los partidos que sustentan al Ejecutivo (PSOE, PAR, Podemos, CHA) ni tampoco de Izquierda Unida (IU).
En la provincia de Teruel hay disparidad en el modo en que se regula el uso de dispositivos electrónicos en los centros de secundaria. Hay institutos, por ejemplo, que mantienen una prohibición absoluta. Su uso no está permitido en todo el recinto escolar -salvo que se utilice con objetivos pedagógicos.