La Cámara de Cuentas de Aragón hizo este lunes público el informe de fiscalización de las medidas adoptadas por las entidades locales en materia de ahorro y eficiencia energética. El informe ha analizado los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), de Acción Local de la Agenda Urbana Española (AUE), de la Agenda 2030, y de movilidad urbana sostenible (PMUS) de una muestra de municipios de población superior a 15.000 habitantes, que en el caso de la provincia de Teruel sería la capital y Alcañiz, y de las tres diputaciones aragonesas. En el caso de la ciudad de Teruel, se pone de manifiesto que el PMUS se encuentra ejecutado al 31% y la AUE se aprobará en el pleno del mes de febrero.
Esta fiscalización ha detectado que la mayoría de las entidades locales han cumplido, en todos sus aspectos significativos, con la normativa en materia de ahorro y eficiencia energética, con alguna excepción como la falta aprobación por órgano competente de los planes, la celebración de convenios en lugar de contratos en la externalización de algunas acciones, deficiencias en transparencia o la falta de participación pública en su elaboración, entre otras cuestiones.
Por otro lado, del análisis de la auditoría operativa se desprende que, de los sistemas y procedimientos adoptados por las entidades para la aprobación, implantación y seguimiento de los planes en materia de ahorro y eficiencia energética, no todas las medidas establecidas detallan el impacto medioambiental esperado o la estimación del gasto. En la mayoría de los casos no se han designado responsables de las medidas que se encarguen de su correcta implementación, lo que unido a la falta de monitorización y de indicadores de evaluación dificultan el seguimiento de la ejecución de las medidas medioambientales incluidas en los planes. Durante el trabajo de auditoría se ha comprobado que todos los municipios han reducido las emisiones de CO2.
El informe concluye con diez recomendaciones, entre las que se subraya la necesidad de una mayor atención y compromiso por parte de las entidades locales en la implementación y seguimiento de sus planes de ahorro y eficiencia energética, así como en la transparencia de sus acciones.
Este trabajo ya ha sido remitido al Gobierno de Aragón, a las Cortes y a las entidades fiscalizadas, y puede descargarse de la web de la Cámara de Cuentas.
En el caso del PMUS, el Ayuntamiento de Teruel aporta un dato especificando que se encuentra ejecutado al 31%. Este plan está disponible en la web de la Sociedad Urban Teruel.
Este informe analiza también los planes de acción local de la Agenda Urbana Española. En el caso de Teruel estaba previsto que se dictaminara este lunes en comisión extraordinaria para su aprobación en el pleno de febrero, que se celebrará la semana próxima. Para el desarrollo de esta Agenda se han llevado a cabo dos procesos participativos para consultar a la ciudadanía sobre sus opiniones de la ciudad y sobre acciones para mejorar e incorporarlas a un documento que pretende ser una hoja de ruta para fomentar un desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las directrices de la Unión Europea.
En cuanto a los valores contaminantes la Cámara de Cuentas pone de manifiesto que el Ayuntamiento no de Teruel no ha realizado las mediciones de los valores límite de los contaminantes por lo que la Cámara no se puede pronunciar sobre su cumplimiento. El Ayuntamiento alega que no lo ha hecho porque la ciudad no tiene más de 50.000 habitantes como establece la ley, aunque la Cámara recuerda que sí que lo tienen que hacer las poblaciones de más de 20.000 cuando se supere los valores límite.
Reacciones
El presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús Royo, en su segunda intervención ante la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas, afirmó que “el principal objetivo del informe de fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética adoptadas por las entidades locales es abordar los retos de eficiencia energética, abordando especialmente la reducción del consumo de energía primaria o los gases de efecto invernadero”. Y, en este sentido, adelantó Royo que “hemos observado que la mayoría de entidades locales cumplen”.
De igual forma, detalló que “la relevancia del informe viene determinado por las políticas europeas en relación con el medio ambiente” y que “su marco normativo está situado dentro del Pacto de las Alcaldías”, que trata de “llegar al 2050 con el objetivo de la neutralidad climática”. En cuanto a la evaluación y el seguimiento, Royo explicó que “ninguno de los ayuntamientos analizados ha realizado informes de seguimiento en 2023”, y recomendó “dotar a las entidades locales de personal especializado”.
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