Serafín Aldecoa firma una Cartilla Turolense sobre los batallones de trabajadores

Desde antes de que terminara la Guerra Civil Española quedó bien claro que incluso el vencedor debería pagar un alto precio. Cuando a mediados de 1938 el frente se alejaba en Teruel en dirección a Cataluña, la capital presentaba un tercio de sus edificios destruido y otro tercio con daños graves. En Celadas, Valdecebro, El Campillo, Torrevelilla o Santa Cruz de Noguera fueron más de la mitad los edificios destruidos, y en núcleos como Rudilla, pedanía de Huesa del Común, de los 216 edificios apenas quedaron una veintena en pie. Eso significaba que no podían emplearse militarmente las infraestructuras, las minas ni los edificios productivos, y además que había miles de civiles sin casa, expuestos a la muerte por hambre y frío y como posibles vectores epidémicos.

En 1938 comenzó a funcionar Regiones Devastadas, el organismo encargado de reconstruir las infraestructuras al que podían acogerse aquellas poblaciones que presentaban un grado de destrucción del 75%. Con la guerra todavía por terminar, la economía española era incapaz, e iba a serlo durante más de una década, de salir a flote, así que esos trabajos de desescombrado de las ciudades y reconstrucción de edificios se llevó a cabo a través de batallones de trabajadores, reclutados entre los presos políticos menos peligrosos, en condiciones leoninas y de semi esclavitud, pero a cambio de una conmutación de pena, normalmente de un día de cárcel por día trabajado.

A la actividad de esos batallones de trabajadoras en la provincia de Teruel, un fenómeno no demasiado estudiado, se dedica la Cartilla Turolense que acaba de publicar el historiador Serafín Aldecoa, y que se presentará el 30 de enero, a las 19 horas, en la sede de la Comarca de las Cuencas Mineras.

Los batallones de trabajo compuestos por prisioneros no fueron exclusivos del gobierno franquista. Francia o Alemania los utilizaron tras la primera y la segunda guerra mundial, “y aunque se habían eliminado de la legislación, al comenzar la guerra también los utilizó el gobierno de la República en 1936, con presos políticos de derechas, en Valmuel, por ejemplo”, apunta Serafín Aldecoa. Los sublevados también utilizaron mano de obra forzosa desde el comienzo de la guerra, aunque la burocracia franquista lo sistematizó en octubre de 1938 con el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo.

Aunque es complicado calcular el número exacto de presos que formaron parte de estos batallones en Teruel, pues su número varió constantemente, Serafín Aldecoa documenta en la Cartilla Turolense al menos 1.127. El Batallón 171 y el 51 se encargaron del desescombro y reconstrucción de la capital, siendo el primero de ellos el más numeroso, con 222 presos. Formado por hombres de diferentes lugares de España, “una de sus primeras tareas fue reconstruir el edificio de Capuchinos, donde vivían en condiciones muy penosas de hacinamiento”, explica el historiador.

Otro importante contingente, el más numeroso de la provincia, fue el Destacamento Penal de Utrillas, que estuvo formado por 450 personas dedicadas a trabajar en las explotaciones mineras. “Llegaron en noviembre de 1938 en condiciones de frío extremo, y con un problema grave de falta de alimentos”, afirma Aldecoa. “La propia MFU (Minas y Ferrocarriles de Utrillas) se quejó a la administración de la escasez de alimentos básicos como garbanzos o aceite”, y reconoció en un informe de 1940 el descenso de la producción debido a la alimentación deficiente de los mineros. Pese a ello no existe constatación documental de que en ninguno de ellos hubiera una excesiva mortandad. “Si hubo muertos, esas cifras no estaban documentadas”.

El historiador turolense documenta diferentes batallones y destacamentos, además, en Griegos, Montalbán, Híjar, Rudilla, Torrevelilla, Valmuel y Celadas. “Y en otros puntos de la provincia, como Sarrión, Alcañiz o Albarracín, hubo presos trabajadores pero no formaron parte de unidades establecidas y delimitadas”. De hecho, aunque muchos de estos trabajadores eran presos políticos con penas, “otros eran enviados a trabajar sin ser condenados ni haber pasado por un consejo de guerra”.

El historiador apunta que la Comunidad Foral de Navarra es una de la zonas españolas donde más se ha investigado el fenómenos de los batallones de trabajo durante la posguerra, que en algunos casos, como la propia capital turolense, se extendieron hasta los años 50. En Aragón sin embargo no existen demasiados trabajos sobre el tema, y de hecho Serafín Aldecoa indica que esta Cartilla Turolense, la número 30 de las que ha editado el Instituto de Estudios Turolenses y primera que lleva su firma, pretende ser una introducción con las líneas generales -siguiendo al filosofía de esta colección de publicaciones-, aunque el tema daría para una gran monografía de investigación. “Sin embargo es difícil documentar el tema de los batallones de trabajadores. Una fuente principal son los documentos de Regiones Devastadas, pero en ellos se habla de las obras y de las infraestructuras que se reparaban, pero no de los trabajadores que realizaron esos trabajos”.