Los guardianes del patrimonio histórico y cultural en el medio rural

Montserrat Martínez González. Exdirectora del IET

Los años noventa del siglo pasado y la primera década del presente XXI fueron especialmente generosos en iniciativas culturales, nacidas en el medio rural. Entre ellas, tenemos la creación en nuestra provincia de Centros de Estudios Locales que venían a incrementar el número de los ya existentes, los veteranos Centro de Estudios del Bajo Aragón, el Grupo de Estudios Masinos o el Centro de Estudios del Jiloca. Todos estos, junto con los nuevos, fueron hijos de la iniciativa y buena voluntad de gente relacionada con la cultura, reflexiva ante la problemática del medio rural y esperanzada con las facilidades que introducían las nuevas tecnologías de comunicación social. Sus miembros podían vivir en el pueblo-comarca o en otros lugares, pues lo importante era mantener estrechos contactos con la realidad rural para conocerla, estudiarla, valorarla y divulgarla, así como para plantear acciones ante sus problemas, principalmente patrimoniales, ya sea en el ámbito natural, histórico, artístico, económico o cultural, en general.

Casi todos estos centros se convirtieron en grupos que trabajaban dinamizando, según sus posibilidades, el medio rural y haciendo frente a numerosos problemas para su normal funcionamiento, como son el éxodo poblacional, la emigración obligada de jóvenes cerebros - estudiantes que habían salido de su pueblo a universidades y otros centros y ya no volvían al medio -, la muerte de ancianos portadores de una cultura oral en vías de extinción, el recelo de algunos ayuntamientos sobre sus objetivos o utilidad y hasta la crítica de algunos aficionados a tildar de “culturetas” a quienes se decidían por aportar un tiempo al estudio de la historia y realidad de su pueblo, así como a valorar la situación en la que se encontraba su patrimonio natural y cultural.

No podemos olvidar, tampoco, que eran tiempos previos a las sucesivas crisis económicas posteriores y los presupuestos de las Instituciones a las que se podía llamar a la puerta no eran tan magros como lo fueron posteriormente. El Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial, por ejemplo, mantenía como fija en sus presupuestos una partida que llegó a tener hasta 58000 euros para las convocatorias de ayudas a la investigación sobre temas turolenses. Esto, además de otras ayudas, globalizadas en diferentes partidas, para las necesidades de funcionamiento de los centros. Así, el número de los mismos adscritos empezó a incrementarse, llegando al día de hoy a 14, de diferente capacidad y ámbito de actuación, que trabajan, bien a nivel comarcal, temático, o a nivel exclusivamente local.

Esta demanda de adscripción o de relación con el Instituto de Estudios Turolenses nos llevó, a los que estábamos entonces en el equipo directivo, a incluir en la renovación de los estatutos de la Institución, obligatoria por la nueva legislación de la Administración Local, la creación de una RED DE CENTROS de ESTUDIOS LOCALES. No se pretendía acaparar ni imponer objetivos ni maneras de actuar, simplemente se trataba de coordinar, ayudar, facilitar las interrelaciones ente los centros y colaborar en amortiguar las carencias que lastraran el funcionamiento de los mismos. Se estableció que los centros de ámbito comarcal, por su mayor capacidad para actuar, formaran parte del Consejo Científico del Instituto, lo que abría para todos ellos la participación en el órgano colegiado, como prueba de que no eran unos instrumentos marginales, sino elementos decisivos en la planificación del funcionamiento de la Institución.
 

Consideramos que el IET tiene que apoyar esta Red, por el papel que ejercen los Centros de Estudios en un territorio en trance de despoblación y desvertebración irreversible, con un patrimonio en peligro de desaparición. Todos ellos dan a conocer el mismo, tanto el material como el inmaterial, a través de estudios científicamente planteados, repertorios de bienes patrimoniales, divulgación para que los habitantes de las comarcas conozcan su historia, sus bienes paisajísticos naturales, geológicos, arqueológicos e histórico-artísticos, en general. También sus usos y costumbres, elementos etnográficos materiales, su habla, literatura popular, tanto de tradición oral como escrita, en definitiva, toda la herencia que sustancia la razón de ser de las comunidades rurales.

Muchas de las personas implicadas en los Centros de Estudios, que viven en los pueblos o se relacionan frecuentemente con ellos, saben de la situación, evolución y amenazas al patrimonio histórico y cultural por intervenciones que, en la actualidad, responden muchas veces a la mercantilización irracional de la Naturaleza. Trabajan para su salvaguarda con escasos recursos, en función de la magnanimidad y sensibilidad de las instituciones locales y comarcales; vigilan y avisan a la Administración ante intervenciones necesarias sobre el patrimonio y los problemas que puedan surgir. Son conscientes del riesgo de desaparición de lo que identifica a las poblaciones, sobre todo del patrimonio inmaterial, por la globalización y aculturación, sin más, y porque trabajan con las últimas generaciones de la cultura popular.

Es necesario defender y conservar la riqueza natural e histórico-cultural de los territorios. Es la memoria común de las generaciones futuras. Tal vez, algunos responsables políticos solamente vean en ella un medio para atraer turismo. Sin embargo, va más allá de la rentabilidad económica, pues es la sustancia identitaria, de cohesión social y de adscripción afectiva que envuelve a los habitantes de los territorios. No solamente el patrimonio es un bien económico a rentabilizar. No saben ustedes el impacto que sufrí cuando oír hablar a un responsable político de las torres mudéjares de Teruel como un “producto” (sic.) económico. Para mí, ese término, así utilizado, es como cuando oí por primera vez hablar, en un encuentro universitario, que los alumnos eran “clientes”, no estudiantes de la universidad. Este reduccionismo choca a cualquier humanista, aunque no tenga más remedio que contar con que los tiempos que vivimos nos conduzcan a ello.

Llamamos a las entidades locales y comarcales para que apoyen la Red. Somos conocedores de que la Ley de Dinamización Rural de Aragón se halla en un proceso de desarrollo, a través de las correspondientes normativas. Si es verdad que en la declaración de territorio emprendedor de la Ley anteriormente citada, el apoyo debe contemplar aspectos relacionados con la educación y la formación, con el turismo, cultura y deporte y los denominados laboratorios de innovación son concebidos en la normativa como “instrumentos para reflexionar y elaborar propuestas de intervención con respecto a los retos del territorio en el que se ubique el laboratorio”, debemos contar con los Centros de Estudios Locales como elementos importantes para la vertebración territorial. Así, remaremos todos juntos, en la misma dirección, desde el ámbito competencial de cada uno.