Sarrión da el paso definitivo para regar por fin 618 hectáreas de carrascas truferas

Los truficultores de Sarrión han dado el paso definitivo para desarrollar el proyecto del regadío social e irrigar un total de 618 hectáreas con carrascas. La junta general de la Comunidad de Regantes decidió por unanimidad y mediante votación secreta el sábado aprobar la firma del convenio con el Gobierno de Aragón, que se rubricará en fechas próximas y que plantea una inversión de 15,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 40 meses.

Las 618 hectáreas están distribuidas en 765 parcelas, con una superficie media de 8.078 metros cuadrados y el 95% de ellas ubicadas en el término municipal de Sarrión. Sin embargo, el riego también llegará a algunos campos de las localidades de Albentosa y La Puebla de Valverde. La diferencia entre las cotas más altas y las más bajas es de más de 400 metros, algo que sin duda incrementará las complejidades técnicas de los trabajos. 

El presidente de la Comunidad de Regantes, Manuel Doñate, se mostró “contento y satisfecho” porque, como él mismo dijo, “es la primera ve que se ve un poco el sol” en un proyecto que lleva sobre la mesa 15 años, puesto que en 2003 ya se hicieron los primeros sondeos de investigación. Reconoció que el proceso “ha sido un calvario”, pero ahora por primera vez es optimista y además recalcó que tras la unanimidad que hubo en la votación del sábado “todo Sarrión está eufórico”.

También Héctor Palatsí, director provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, mostró su alegría porque, por fin, el proyecto va a salir adelante. El responsable destacó el espíritu “pionero” de los truficultores y el “mérito” por empezar a micorrizar y cultivar la Tuber melanosporum “en los años 80, cuando nadie sabía nada de trufas en este país y ellos fueron autodidactas”.

 Antes de la asamblea general, el director provincial acudió a Sarrión acompañado por varios responsables de diferentes áreas del departamento con el fin de solucionar todas las dudas que pudieran tener los regantes, aunque apenas hubo intervenciones por parte de los truficultores. Junto a Héctor Palatsí se desplazaron a Gúdar-Javalambre el subdirector de Agricultura y gran conocedor del proyecto del regadío social de Sarrión, Ricardo Ibáñez; el subdirector del área de Medio Ambiente, Sergio Aguarta; el responsable del Inaga, Eduardo Saura, y el jefe de los Servicios Jurídicos del departamento, José Luis Méndez. 

Vigente hasta 2022

Los regantes ya conocen el borrador del acuerdo que se firmará en fechas próximas y será vigente desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2022. En este sentido Doñate comentó que esta semana la junta de la Comunidad de Regantes mantendrá una reunión y a partir de ella se pondrán en contacto con los responsables del Gobierno de Aragón “para avanzar en todo lo que se pueda”. El presidente de los regantes recordó además que una pequeña parte del proyecto –90.000 euros de los 15,3 millones totales– que debía ejecutarse en este año.

En el acuerdo que suscribirán se recogen tanto los derechos como las obligaciones de cada una de las partes. Además, también se especifica el dinero que deberá aportar el Gobierno de Aragón por un lado y la Comunidad de Regantes, por el otro. De ese total de 15,3 millones los truficultores deberán poner 8,65 millones y el Gobierno de Aragón 6,67. Los truficultores ya tienen aprobado un préstamo de la Caja Rural para poder hacer frente a su parte.

Esto supondrá un coste por hectárea irrigada de en torno a 25.000 euros, aunque ambas partes confían en que esa cuantía se reduzca mediante la ampliación del proyecto, que permitirá regar muchas más fincas.

Así, en la reunión, mantenida el sábado por la mañana en Sarrión, se acordó llevar a cabo una ampliación del riego para incluir nuevas hectáreas. Esta tramitación se hará mientras se ejecutan las obras del proyecto inicial puesto que requiere una nueva evaluación de impacto ambiental, pero la idea es que todas las fincas, tanto las ya incluidas como las que se sumen, irriguen a la vez, según indicó Doñate. 

De momento ya hay varios propietarios que han mostrado su interés por regar y en conjunto suman 200 hectáreas. Sin embargo, el presidente de los regantes comentó que hay muchos más terrenos susceptibles de ser incluidos y calculó que incluso podrían llegar a otras 600 hectáreas. El truficultor  precisó que el riego es la forma de obtener rentabilidad a una finca trufera y matizó que el regadío social es la única alternativa viable para los agricultores que tienen campos de pequeño tamaño.

A la reunión acudieron en torno a 170 personas, alrededor de 150 tenían derecho a voto y el resto eran agricultores que desean que sus hectáreas se incluyan en la ampliación del proyecto. Además, una quincena de socios mandaron una carta con su voto delegado y una veintena de propietarios no acudió a la junta.  

Tragsa lo hará

Tras analizar varias opciones, finalmente será Tragsa la que lo ejecute, una empresa que ofrece garantías a los truficultores. “Estamos muy tranquilos, sabemos que va a hacer una gran obra y que la terminará, no nos dejará en la estacada”, aseguró Manuel Doñate. También Héctor Palatsí destacó la idoneidad de que sea Tragsa la que desarrolle la obra porque “conoce el terreno y ha hecho todos los estudios para el proyecto”.

El plazo de ejecución del proyecto se prolonga hasta el año 2022. En 2018 se contempla –según los datos incluidos en el convenio– una inversión de 89.500 euros, de los que 39.000 los ponía el Gobierno de Aragón. Para 2019 se plantea ejecutar obras por valor de 3,4 millones, de los que 1,9 los aportarán los regantes. En los años 2020, 2021 y 2022 la inversión será de 3,9 millones de los que 1,7 los aportará el Gobierno de Aragón y 2,2 los regantes. 

Por otro lado, en el plazo de un mes tras la firma del convenio se creará una comisión de seguimiento que velará por que se cumplan los puntos recogidos en el acuerdo. Estará integrada por dos representantes del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad –uno de ellos ejercerá además como presidente de la comisión y el otro hará las funciones de secretario– y por dos representantes de la Comunidad de regantes. Este grupo de trabajo se reunirá siempre que las partes lo soliciten y, como mínimo, una vez al año. Las decisiones deberán adoptarse por mayoría simple y el presidente dispondrá de voto de calidad.

Vocación de ampliación

El proyecto de regadío social que el pasado sábado recibió luz verde por parte de los truficultores incluye un total de 618 hectáreas, una cifra alejada de las 850 contempladas en la Evaluación de Impacto Ambiental realizada en el año 2015. Sin embargo, hay un buen número de fincas que no están recogidas en ese proyecto y cuyos propietarios desean sumarse ahora que parece que por fin el agua va a llegar a las carrascas.

Hay unas 200 hectáreas cuyos dueños ya han mostrado interés por el tema, pero a esas podrían añadirse otras muchas más. Manuel Doñate, presidente de la Comunidad de Regantes de Sarrión, calcula que es factible llegar hasta las 600, lo que supondría un gran ahorro para todos los agricultores implicados.

Para dar cabida a esos propietarios, se va a llevar a cabo una ampliación del proyecto, que se hará a la vez que se ejecuta el primero, y que beneficiará a todos los implicados puesto que las red principal de riego será la misma, solo habrá que transportar el agua hasta cada una de las fincas. 

Los cálculos, al detalle

Así, los cálculos realizados por el departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad plantean que esa ampliación para 200 nuevas hectáreas requerirá un presupuesto estimado de 1,5 millones de euros, pero supondrá un ahorro en el coste por hectárea para el conjunto de los agricultores. 

Se estima que la inversión por hectárea con el primer proyecto de regadío es de 24.800 euros y de ellos los regantes tendrán que aportar casi 14.000. Sin embargo, al pasar de 618 a 818 la inversión por hectárea baja a los 20.500 euros de los que los propietarios tienen que pagar algo menos de 11.000. 

En este sentido, Héctor Palatsí, director provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, apuntó que al ampliar los terrenos “se abarata el precio por hectárea”. Eso sí, durante la reunión mantenida en Sarrión el pasado sábado dejaron claro desde el departamento que las parcelas sobre las que hay un expediente sancionador por llevar a cabo roturaciones sin contar con las autorizaciones necesarias –que suponen un 2% del total de Sarrión según precisó– no podrán incluirse en la ampliación del proyecto puesto que no son subvencionables.