Los alcaldes de Cuencas Mineras exigen estar en el Plan de acción que se elabora para afrontar la descarbonización

Los alcaldes de la comarca Cuencas Mineras, a los que se han sumado los de otros municipios que también tuvieron explotaciones, como Albalate del Arzobispo, Castellote o Mequinenza (en la provincia de Zaragoza), han enviado un escrito al vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, para que medie con el Gobierno de España de cara a que los pueblos que ellos denominan “muy mineros”, que son los que han vivido durante décadas directamente de la explotación del carbón, sean incluidos en el denominado Convenio de Transición Justa para Aragón y se aplique en ellos el Plan de Acción Urgente para comarcas de carbón y centrales en cierre 2019-2021.

Ayer se reunieron en Utrillas y Escucha seis alcaldes de municipios que han quedado excluidos del listado y no han sido llamados a la reunión que se mantendrá hoy en Andorra.  Allí estuvieron los de Cañizar del Olivar, Óscar Pérez (PAR); Castellote, Ramón Millán (PAR); Escucha, Luis Fernando Marín (Cs); Utrillas, Joaquín Moreno (Cs); Palomar de Arroyos, Ramiro Beltrán (Cs), y Montalbán, Carlos Sánchez Boix (PAR). Aunque no acudieron al encuentro, también suscribirán el documento tanto la alcaldesa de Albalate del Arzobispo, Isabel Arnas (PP), como la de Mequinenza, Magda Godia (PSOE).  Todos ellos consideran que sus pueblos deben ser incorporados a ese plan de acción, al igual que, cuando el cierre de las minas les afectó principalmente a ellos, se contó con otras localidades para incluirlas en las ayudas Miner.

Mayte Pérez, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, indicó ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que  se está trabajando “para que se incorpore toda la zona afectada por cualquier cierre en su día" de la minería, igual que Andorra ha sido incluida en las convocatorias de los planes Miner”. La consejera sostuvo que "es amplio" el territorio donde ha habido cierres y procesos de desindustrialización por el cese de la actividad minera y por eso si bien "tenemos que hacer un espacial hincapié en las convocatorias en la zona afectada en este momento, creo que es posible incorporar a una más amplia".

Joaquín Moreno comentó que todos estos pueblos se han visto totalmente afectados por el cerrojazo al carbón y señaló que tienen “mucho que aportar en la búsqueda de soluciones”. Luis Fernando Marín recordó que el Plan Miner se gestó en la comarca de las Cuencas Mineras y repercutió en todos los pueblos que en ese momento todavía vivían de la minería. Esa “solidaridad” que ellos tuvieron antaño ahora esperan que se mantenga. 

En este sentido incidió el alcalde de Castellote, quien señaló que de los Planes Miner se beneficiaron la quincena de pueblos que tenían explotaciones mineras activas “y otros 50”, incluidos los que aún tenían minas abiertas y que, dijo Millán, “hasta ahora no habían perdido el empleo”. 

Para Carlos Sánchez Boix es fundamental incluir a “todos los pueblos muy mineros” en ese Convenio de Transición Justa con el fin de seguir recibiendo fondos para mejorar los servicios y citó algunos como la banda ancha, una autovía entre Madrid y Tarragona que atravesara las Cuencas Mineras o la posibilidad de que se implanten nuevas empresas.

En la comarca de Cuencas Mineras se han perdido dos tercios de la población desde que las minas estaban operativas hasta ahora. El alcalde de Montalbán especificó que los 4.000 empleos vinculados a la minería que había en los años 90 se han convertido en 400, un 10%, que son los que ha creado Casting Ros, la empresa que ha llegado con la reindustrialización. 

Lamentaron a su vez la poca iniciativa empresarial que ha llegado a la zona con intención de quedarse y los numerosos negocios “caza subvenciones”. 

Los criterios seguidos para  elaborar la lista de pueblos

Los criterios, recogidos en el borrador del Convenio de Transición Justa para Aragón que se han tenido en cuenta para la inclusión de los municipios es, por un lado, aquellos en los que se ubican las instalaciones que se cierran, que son Andorra, Ariño, Estercuel y Foz Calanda. A ellos se suman los pueblos del entorno sobre los que se produce más impacto en términos de empleo por los cierres. En total afecta a 504 trabajadores, 204 en plantilla y 300 por as contratas. En la elaboración de este diagnóstico se ha observado que las pérdidas de empleo se centran principalmente en la comarca de Andorra Sierra de Arcos y, en menor medida, en Bajo Aragón y Bajo Martín. 

Por último, para la delimitación del ámbito geográfico del Convenio hay que atender también a criterios de coherencia territorial. Se ha considerado el conjunto de la estructura comarcal, la continuidad geográfica entre municipios o la pertenencia de estos a grupos de desarrollo rural (como los Grupos Leader) para dotar de  cohesión territorial al ámbito de aplicación del Convenio. Cuando los municipios incluidos representen más del 75% de la población total comarcal, se incluirá a la totalidad de la comarca, que es lo que ocurre con todos los de Andorra Sierra de Arcos. Se considera la pertenencia de los municipios seleccionados a grupos de desarrollo rural y, si representan una proporción significativa del grupo, se incluyen todos los del grupo. Esto ha llevado a integrar a todos los pueblos que forman parte de Adibama, la Asociación Desarrollo Integral Bajo Martín Andorra-Sierra de Arcos. 

Los pueblos incluidos son Alacón, Alloza, Andorra, Ariño, Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo, Oliete, Albalate del Arzobispo, Azaila, Castelnou, Híjar, Jatiel, La puebla de Híjar, Samper de Calanda, Urrea de Gaén, Vinaceite, Alcorisa, Berge, Calanda y Foz Calanda.