La DGA denunciará por vía penal el brote masivo en la residencia de Burbáguena

El Gobierno de Aragón anunció este jueves su intención de interponer una denuncia ante la jurisdicción penal en el juzgado de guardia tras “constatar” la existencia de “indicios de delito” en los hechos acontecidos en la residencia Casa Familiar La Inmaculada de Burbáguena, según informaron fuentes del Ejecutivo. 

De los 94 residentes, 62 han dado positivo, de los que dos han fallecido, 14 están ingresados en el hospital Obispo Polanco de Teruel y uno en el centro Covid de Casetas. De los 25 negativos, 13 fueron trasladados ayer por la tarde al centro Covid de Gea de Albarracín. Además, hay seis pendientes de conocer el resultado de la prueba y otro ingresado en el hospital San Juan de Dios de Zaragoza por otras patologías. Y de los 40 trabajadores, también 9 están contagiados, 2 han dado negativo y el resto están a la espera de conocer los resultados de los test a los que fueron sometidos ayer por la mañana.

El Gobierno de Aragón comunicó que tanto Salud Pública como Ciudadanía han realizado inspecciones y levantado actas de los hechos acaecidos. 

Aún cuando dichas actas darán lugar, en su caso, al inicio de los procedimientos sancionadores que correspondan, “dada la gravedad de lo ocurrido y los indicios de delito detectados”, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, apoyando a Salud Pública y Ciudadanía, presentarán una denuncia ante el juzgado de guardia para la exigencia de las responsabilidades que pudieran proceder, explicaron sin precisar los cargos.

Fuentes de la Fundación Cruz Blanca, a la que pertenece la residencia de Burbáguena, indicaron que en las citadas actas, cuyas copias obran en su poder, no se hace referencia a ninguna irregularidad en las actuaciones en el centro asistencial. 

También explicaron que la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales, María Victoria Broto, se había puesto en contacto con Juan Vela, que se ha hecho cargo de la dirección de la residencia y del centro Covid de Gea de Albarracín, para comunicarle que ella no tenía nada que ver con la denuncia.

Según las mismas fuentes, la denuncia podría derivarse de las declaraciones realizadas este martes por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, en la Diputación Permanente del Congreso, en las que denunciaba la inacción en este caso del Ministerio de Sanidad y del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, con los que se habían puesto en contacto tanto ella como la diputada socialista por Zaragoza Susana Sumelzo, según dijo.

Oramas comentó también que los trabajadores de la residencia fueron derivados a su mutua de trabajo sita en Teruel para hacerse las pruebas PCR.

Estas fuentes confían en que la denuncia “no tenga recorrido” y lamentaron que esta situación haya propiciado “el desaliento de muchos trabajadores, que ahora se quieren ir”. 

Añadieron que también ha generado mucho “malestar” entre los responsables de la entidad, “una fundación del tercer sector sin ánimo de lucro, en la que muchos realizan un trabajo vocacional y de ayuda a los demás”, destacaron.

Demanda de trabajadores

El vicepresidente de Cruz Blanca y presidente de Fundación Lares, Juan Vela, que se ha hecho cargo de la dirección del centro Covid de Gea de Albarracín y de la residencia La Inmaculada de Burbáguena, mostró ayer su “preocupación” por los trabajadores de esta última y reconoció que están buscando más para labores asistenciales y limpieza. Por eso, pidió la incorporación de antiguos empleados y de gente de la zona dispuesta a trabajar “en una acción tan solidaria”.

Vela explicó que el centro Covid de Gea, que ya dirigió durante la pandemia, cerró sus puertas a mediados de junio pero quedó como retén con 10 personas en plantilla a las que ya se han sumado 5. Allí recibieron ayer a 14 ancianos válidos de la residencia La Inmaculada que habían dado negativo en las pruebas PCR. Los mayores permanecerán en aislamiento y se les repetirán los test en unos días para corroborar el primer diagnóstico.

Añadió que de esta forma también “se reduce” la presión asistencial en Burbáguena, donde se está actuando según marca el protocolo, “para cuya aplicación ya contamos con experiencia”. De esta manera, se ha procedido a aislar en sus habitaciones a los residentes y a clausurar los espacios comunes.

El departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales estimó que esta era la decisión “más adecuada” para sectorizar el centro de Burbáguena y llevar a cabo los aislamientos necesarios para atajar la situación.

En paralelo y en coordinación con Servicios Sociales y Salud Pública, se está definiendo un plan de actuación para ver qué otras medidas se pueden implementar para minimizar las consecuencias del brote de coronavirus. “Hay una buena coordinación entre todos los que estamos interviniendo porque es clave y fundamental para garantizar la máxima atención a las personas mayores”, comentó Vela. 

Además, un trabajador social se encarga de informar a los familiares de los residentes “de forma continua y con total transparencia”, dijo.

Según Juan Vela, la mayoría de los positivos son asintomáticos pero existe la posibilidad de que se compliquen los síntomas. “Por eso, hay que extremar la vigilancia y los cuidados y, ante cualquier síntoma, trasladarlos al hospital aunque su situación no sea grave”. De hecho, precisó que esa había sido la fatídica evolución de las dos residentes que fallecieron en el hospital Obispo Polanco de Teruel, una el martes y otra el miércoles. 

Añadió la dificultad que supone para muchos de los asintomáticos comprender la situación porque hasta ahora no había habido ningún caso y “porque no se sienten enfermos, aunque sí notan que todo a su alrededor ha cambiado”, apuntó.

Precaución y responsabilidad

El dispositivo de Gea de Albarracín se suma al de Casetas, que fue el último en cerrar sus puertas el 29 de junio y que volvió a abrirlas el 15 de julio. En este momento, este dispositivo intermedio acoge a 29 personas. Por su parte, el de Yéqueda, en Huesca, se encuentra disponible y operativo, si bien no se ha estimado aún necesaria su utilización y no se ha derivado a él a ningún paciente.

Los departamentos de Ciudadanía y de Sanidad del Gobierno de Aragón volvieron a reiterar ayer el mensaje de precaución y responsabilidad a toda la ciudadanía para estar atentos a cualquier síntoma compatible con la Covid-19 para aislarse de forma inmediata y no acudir a trabajar o relacionarse con otras personas ante cualquier sospecha.

En una nota de prensa, recordaron que en el momento en el que se detecta un positivo en un centro residencial se realizan pruebas PCR de forma sistemática al personal y a los residentes, y que los centros cuentan con protocolos muy estrictos para alertar de cualquier sospecha a su centro de salud para poner en marcha el mecanismo de detección. 

Del mismo modo, todas residencias de la Comunidad Autónoma están obligadas a contar con un Plan de Contingencia de los centros donde se recojan las actuaciones a llevar a cabo en cualquier tipo de brote infeccioso; suministrar equipos de protección individual (EPI); formar a los profesionales gerocultores en medidas de seguridad, higiene y correcto manejo de los EPI por parte de sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales; formar adecuadamente a estos profesionales para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas en el entorno residencial; actuar en caso de detección de casos de enfermedades transmisibles y, en especial, de la infección Covid19 y sus contactos; y contar con la posibilidad de sectorizar a los pacientes en función de la estructura del centro residencial.

Además de todo ello, y tal como se especificó durante la presentación del Protocolo de actuación conjunta de los departamentos de Sanidad y Ciudadanía y Derechos Sociales, los profesionales gerocultores, y en cada uno de los turnos de trabajo, deberán rellenar el cuestionario de autodetección de síntomas de sospecha de infección por Covid 19 con el objetivo de extremar todas la medidas de protección.

Del mismo modo, tanto en las visitas que periódicamente realizan los técnicos del departamento de Ciudadanía a los centros residenciales como con el control que los profesionales de Salud Pública –que velarán por el cumplimiento de estas normas, en coordinación con el responsable del Programa de atención a la salud de personas en centros residenciales– se persigue blindar a estos centros ante la entrada del virus.

En este sentido, los responsables del departamento de Ciudadanía mantuvieron ayer contactos con todo el sector para recordar todas estas obligaciones y seguir trabajando en la línea de apoyo y colaboración establecida en todo momento para lograr el objetivo común de proteger a la población más vulnerable ante el coronavirus y poner para ello todas las medidas necesarias.