FCC denuncia en el Juzgado que la huelga del Jiloca es ilegal y despide a otro trabajador

La empresa concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos en la Comarca del Jiloca, FCCMA, ha notificado el segundo despido   a uno de los trabajadores subrogados de la anterior concesionaria del servicio, Aragonesa de Servicios. Se trata del segundo despido de un trabajador durante la huelga que la plantilla está llevando a cabo desde el pasado 14 de agosto y que, desde hoy, estrena un nuevo rango de servicios mínimos, que la Comarca estableció en el 50 por ciento en lugar del 70 que se estaba aplicando hasta ahora por la presión de los veraneantes. Una decisión, por cierto, que el representante legal de la plantilla asegura que desde la entidad comarcal todavía no se ha comunicado fehacientemente a los trabajadores y que, en cualquier caso, se ha denunciado por suponer de facto una prestación de más del 100 por cien.

Mientras tanto, la compañía ha denunciado la huelga por entender que se trata de una movilización ilegal y ambas partes se habrían citado este viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (Sama) para acercar posturas en la que sería la primera reunión que mantendrían empresa y trabajadores desde la convocatoria del paro, comunicada el pasado 2 de agosto. Hasta la fecha, las partes únicamente se han encontrado en la vista celebrada en el Juzgado de lo Social por la demanda presentada por la parte laboral para que se declarasen abusivos los servicios mínimos marcados y que se declarase su nulidad.

Segundo despido

El trabajador Jorge Borrás recibió el pasado viernes la comunicación de su despido. El lunes se presentó la demanda por despido improcedente, según confirmó el abogado de la parte laboral, Sergio Méndez, que también está preparando la demanda correspondiente por el despido de Antonio Muñoz, efectuado por la empresa hace dos semanas, y después de que la empresa no hubiera acudido al acto de conciliación.

Según el letrado, este trabajador habría “sufrido ataques por parte del encargado” aunque la versión de la empresa refiere que habría sido el trabajador el que habría menospreciado al responsable y a los compañeros. “La empresa busca la mínima excusa a la que agarrarse para despedir a todo el mundo para acabar con la huelga”, analizó el letrado.

Sin embargo, desde la compañía se asegura que el despido obedece a motivos distintos de la propia movilización, aunque sí se asumió que es “fruto de la propia conflictividad”. “Es un trabajador que está de baja pero que participa en eventos de las fiestas de su pueblo”, aseguraron fuentes de la compañía, que consideran que es una “contravención de la buena fe de que durante un periodo de baja el trabajador no se esté recuperando”.

Así, las fuentes de la empresa aseguraron que éste no es un despido disciplinario como sí lo fue el de Antonio Muñoz. “Consideramos que hay un fraude a la Seguridad Social porque en situación de baja está participando en actividades de las fiestas patronales de su pueblo” y anunciaron que, además de proceder al despido, se dará “traslado a la Seguridad Social  por si considerase que se deben devolver las prestaciones que este trabajador habría recibido durante el periodo de incapacidad”.

Demanda por huelga ilegal

La compañía ya habría presentado la demanda de vulneración de Derechos Fundamentales por  huelga ilegal, cuyo acto de conciliación se ha agendado para este viernes en el Sama.

Mientras tanto, las mismas fuentes de la empresa expresaron que desde la Comarca se está intentando mediar entre las dos partes y se quiere celebrar una reunión, que FCC querría que fuese antes de la cita del viernes en el Servicio de Mediación y Arbitraje.

Las fuentes de la empresa insistieron en la conveniencia de que se produzca la reunión que estaría promoviendo la Comarca porque “la demanda por huelga ilegal va contra cada uno de los trabajadores y las indemnizaciones a las que se puede llegar si se declara ilegal la huelga pueden ser cuantiosas porque se les haría responsable de los daños que se hubieran podido ocasionar y también de los perjuicios económicos  que hubiera sufrido la empresa como consecuencia de la huelga”.

Por su parte, el  abogado Méndez aseguró no tener constancia de ninguna reunión, después de que el pleno extraordinario de la Comarca del Jiloca celebrado el pasado 29 de agosto hubiera puesto a disposición de las partes las instalaciones de la institución para que las partes se sentase a negociar esta semana aseguran que no se les ha “notificado absolutamente nada. De hecho, Comarca aún no ha notificado los servicios mínimos”.

Este viernes la empresa ha citado a los trabajadores en huelga este viernes en el Sama a un acto de conciliación tras haber presentado una demanda por considerar la movilización ilegal.

Servicios mínimos

Tras la convocatoria de huelga de los trabajadores, el 11 de agosto la Comarca del Jiloca decretó que la recogida de basuras es un servicio esencial y acordó unos servicios mínimos del 70 por ciento hasta el 3 de septiembre y del 50 a partir de esa fecha. No obstante, el representante de la plantilla seguró que, de nuevo, no se les ha “dado traslado de nada”.

Mientras, ya se ha dado traslado a la parte de la empresa de las conclusiones a las que llegó tras la presentación de los cuadrantes de los trabajadores durante la primera semana de movilización y las dos anteriores en la que “se desprende acreditado” que los trabajadores de FCC habrían superado el porcentaje del 70 por ciento de los servicios mínimos a “más del 100 por cien de las horas”, considerándolo abusivo y solicitando, por tanto, la nulidad de los servicios mínimos.

Mientras, desde FCC se asegura que “la empresa se las ve y se las desea para poder cumplir los servicios mínimos” y afirmó que éstos “se están boicoteando porque no hay trabajadores para poder desarrollarlos ya que casi toda la plantilla está en situación de baja”. Además, estas mismas fuentes recordaron que el Juzgado de lo Social descartó las medidas cautelares reclamadas por los trabajadores sobre la posibilidad de que lo servicios mínimos marcados por la Comarca y la empresa resultasen abusivos y recodaron que el porcentaje del 70 por ciento establecido hasta el domingo y del 50 decretados desde ayer se refieren al propio servicio de recogida y no a la plantilla, justificando así los excesos de horas.