El TSJ de Madrid obliga a Iberdrola a pagar el coste de demolición de la presa de los Toranes

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha admitido el recurso de Iberdrola por el que planteaba no hacerse cargo de la demolición de la presa de los Toranes y de las instalaciones vinculas a ella. La compañía pretendía revertir la instalación al Estado y así no asumir los trabajos de derribo que, según el TSJ, sí debe de costear. La sentencia explica que el tema objeto de debate es la demolición, puesto que Iberdrola no plantea continuar con la explotación y “asume la declaración de extinción del título concesional”, por lo que esos costes deben ser asumidos por la concesionaria.

La resolución judicial señala que la demanda de Iberdrola planteaba que “la obligación de la demolición es ilegal y carece de fundamentación”, pero no se oponía al resto de aspectos al no pretender seguir explotando la concesión.

La concesión de explotación comprendía 75 años a contar desde la fecha de aprobación del acta de reconocimiento, que se cumplía el 15 de mayo de 2018. Según la legislación vigente, “si en dicho momento la Administración hidráulica considerase posible y conveniente la continuidad del aprovechamiento, podrá exigir del concesionario la entrega de los bienes objeto de reversión”, pero “si lo considerase inviable o su mantenimiento resultase contrario al interés público, podrá exigir la demolición de lo construido en dominio público”.

Miteco ordenó la demolición

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), en noviembre de 2020, declaró  extinguido el derecho de aprovechamiento de aguas superficiales a derivar del río Mijares en la central hidroeléctrica de Albentosa-Los Toranes, cuyo titular es Iberdrola Generación, y ordenar la demolición a costa de la misma de todas las obras e instalaciones construidas al amparo del título concesional.

La compañía energética presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Madrid, solicitando no hacerse cargo de la demolición y la sentencia desestimatoria se conoció hacer unos días. El dictamen judicial no es firme, ya que puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. La recurrente, al ser rechazadas sus pretensiones, debe asumir además las costas del proceso.

La sentencia recoge que se han examinado todos los aspectos relacionados con la concesión y concluye que “no es viable su mantenimiento, luego la obligación de demolición está perfectamente contemplada en la normativa citada”, para añadir que “parece perfectamente razonable a luz de los datos expuestos”.

La decisión del Miteco de derribar la presa de los Toranes no gustó a buena parte de los pueblos afectados, que se posicionaron en contra. Aunque algunas asociaciones ecologistas plantean la necesidad de eliminar el dique para recuperar el caudal original del Mijares, hay otros sectores del ecologismo que alertan del grave daño que las toneladas de escombros pueden generar en la zona, además de que aseguran que se trata de una presa de reducidas dimensiones que garantiza el riego y presta un servicio en la extinción de incendios.

Oposición en la zona

Además, hay una asociación, Mijares Vivo, que ha preparado un proyecto para su reapertura y aseguran que la generación energética generaría hasta 700.000 euros de beneficios al año, además de servir para abastecer a toda la zona.

La Comarca de Gúdar-Javalambre y el Gobierno de Aragón se han posicionado en contra de la demolición de la presa de los Toranes porque la eliminación de la central hidroeléctrica de Albentosa tendría “importantes repercusiones” en el desarrollo de la zona, el paisaje, el patrimonio histórico e hidráulico, así como la prevención y extinción de incendios forestales.

Joaquín Olona, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, envió una carta en enero de 2021 al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que le sugiere que “considere la posibilidad de revisar el alcance de las decisiones adoptadas” con respecto a la demolición.