El Gobierno de Aragón inicia los trámites de las expropiaciones para el regadío de carrascas en Sarrión
La nueva DGA encargará las obras a Tragsa, que las comenzará este año
Los trámites para expropiar los terrenos por los que discurrirán las tuberías para llevar agua a las fincas truferas del proyecto del regadío social de Sarrión ya se han iniciado. El Gobierno de Aragón ha aprobado la ocupación de bienes y derechos afectados, que serán publicados en los próximos días tanto en el Boletín Oficial de Aragón y en los medios provinciales como marca la ley.
Este es el primer paso de unas obras que llevan gestándose durante 15 años y que han sufrido diversas modificaciones, tanto en la extensión afectada como en las empresas que lo iban a ejecutar. La previsión es que en unos meses arranquen los trabajos ya que las expropiaciones se realizan por carácter de urgencia y se pueden simultanear con las obras.
El pasado 24 de mayo el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Sarrión, Manuel Doñate, firmaron el acuerdo para las obras, que ejecutará la empresa pública Tragsa y tendrán un coste de 15,3 millones de euros, costeados por el Gobierno de Aragón a través de los Fondos Feader, y los regantes. Los trabajos aún no se han encargado puesto que deben ser los nuevos representantes, tras las elecciones del pasado 26 de mayo, los que realicen la solicitud formal puesto que el equipo en funciones no puede materializar contrataciones por un coste superior a los tres millones de euros, según explicaron técnicos del Ejecutivo autonómico.
Las expropiaciones no se prevén problemáticas ya que buena parte de las fincas afectadas son de los propios regantes, los más interesados en que el proyecto se ejecute cuanto antes.
La actuación es de cierta complejidad técnica, según explicó Ricardo Ibáñez, que ha sido el técnico del Servicio Provincial de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que se ha ocupado tanto de elaborarlo como de la realización de las sucesivas modificaciones. La dificultad radica en que engloba a varios sectores de riego y muchos equipos electromecánicos, además de abarcar una gran extensión de territorio, “lo que exige una programación muy cuidada”, dijo Ibáñez.
El técnico destacó la importancia que tiene la irrigación de las fincas truferas, que va “a marcar un antes y un después” en el sector porque “hasta ahora se ha crecido en superficie cultivada, pero no en productividad y calidad”, aseguró Ibáñez. El regadío va a “consolidar la comarca a nivel cualitativo y cuantitativo como la primera del mundo” en producción de Tuber melanosporum, vaticinó.
En este sentido también ha insistido siempre Manuel Doñate, de la Comunidad de Regantes de Sarrión, quien recalcó que contar con agua suficiente garantizará una producción estable, algo fundamental para posicionarse en el sector agroalimentario.
Uno de los aspectos en los que incidió Ibáñez es en que esta iniciativa “permite democratizar el riego”, además de explotar el recurso hídrico de forma ordenada, evitando la proliferación de pozos. Por otro lado, abre la puerta a que otras zonas desarrollen actuaciones similares, como Albentosa, donde hay interés por parte de los truficultores.
El proyecto contempla la irrigación de 618 hectáreas y supone una inversión por cada una de ellas de 24.800 euros, de los que los regantes tendrán que aportar casi 14.000 (a los que hay que sumar el coste de la financiación). La prolongación en el tiempo del proyecto ha hecho que algunos propietarios se hayan desentendido del mismo al perforar pozos por su cuenta. Eso ha provocado una reducción en las hectáreas y un incremento en el coste que ahora pretenden reducir con la ampliación de las hectáreas incluyendo otros nuevos regantes que están interesados en tener agua en sus fincas truferas.
Una actuación que nace con vistas a crecer muy pronto
El regadío social de Sarrión contempla en la actualidad un total de 618 hectáreas pero hay un gran interés en sumar unas 300 hectáreas más.
Este aumento, que no se ha podido incluir ya porque había que realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental y eso retrasaba las obras, supondrá una reducción considerable en el coste de la instalación por hectárea si se lleva a cabo.
Así, la ampliación aprovecha la mayor parte de las tuberías e instalaciones incluidas en la actuación inicial y reducirá el coste total por hectárea de 24.800 euros a 20.500, de los que los propietarios abonarán unos 11.000 euros.
