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Bustinduy apela a fortalecer el Estado  de Bienestar para defender la democracia Bustinduy apela a fortalecer el Estado  de Bienestar para defender la democracia
El ministro Pablo Bustinduy clausura en Teruel el congreso de la Fundación Primero de Mayo sobre la crisis ecosocial. Bykofoto / Antonio García

Bustinduy apela a fortalecer el Estado de Bienestar para defender la democracia

El ministro de Derechos Sociales clausura en Teruel el congreso de la Fundación Primero de Mayo
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defendió este sábado en Teruel la importancia de consolidar el Estado de Bienestar como vía esencial para proteger la democracia y los derechos sociales en España y Europa.

Así lo puso de manifiesto en declaraciones a los medios en las que manifestó que “valores como la justicia social, la solidaridad y la paz están bajo amenaza” antes de participar en la clausura del congreso Crisis Ecosocial: Causas, Consecuencias y Desafíos que la Fundación Primero de Mayo, vinculada a CCOO, celebrado en el Centro Cultural de San Julián. Por ello, para Bustinduy, “la única respuesta posible frente a estas amenazas es profundizar en la construcción de un Estado del Bienestar para el siglo XXI”.

Al cierre del evento asistió también el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que pidió que se minimicen los impactos que provoca la instalación de energías renovables y que territorios como Teruel sean compensados con el despliegue de nuevos focos de desarrollo industrial.

El ministro especificó que este fortalecimiento implica medidas concretas, que incluyen ampliar los derechos sociales y profundizar en la redistribución de la riqueza. Entre las mismas, citó la intervención del mercado de la vivienda y la implementación de una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil pero también “democratizar el tiempo” promoviendo la reducción de la jornada laboral y la ampliación de permisos parentales, así como una fiscalidad justa que asegure que quienes tienen más recursos contribuyan a financiar los derechos de la ciudadanía.

Consideró que estas propuestas se deben reflejar en los próximos presupuestos generales, enfatizando que el bienestar social “debe estar por encima de las lógicas e intereses de los partidos”.

Como ejemplos, recordó la reciente aprobación unánime de la ley ELA y las reformas en el artículo 49 de la Constitución en favor de los derechos de las personas con discapacidad, que calificado de logros en pro del interés común.

“El Ministerio que tengo el honor de dirigir va a trabajar incesantemente para que estas cuestiones puedan abrirse paso y redunden en una mejora de las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras en España”, concluyó Bustinduy.

El ministro tomó la palabra también en la clausura del congreso, donde admitió que la acción política “no opera con los paradigmas que requiere la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos debido a la crisis ecosocial”. También dijo que “el impacto de la crisis climática sobre los sistemas económicos y sociales requiere de mecanismos de protección radicalmente diferentes de los que tenemos”. “Requieren de una mayor capacidad y flexibilidad”, apuntó, antes de defender la creación de una red de protección social universal.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó la oportunidad que puede suponer el cambio del modelo energético, “sustituyendo energías fósiles por renovables, lo que permite atraer inversión y generar empleos sostenibles”.

Pero advirtió que para ello es esencial “promover inversión pública y privada” y dialogar con las comunidades locales para minimizar el impacto ambiental y paisajístico de las infraestructuras renovables, algo que también afecta a sectores como el turismo. En su opinión, las renovables pueden ser una vía para “reindustrializar España”, especialmente en zonas menos desarrolladas que tradicionalmente han quedado fuera de los focos industriales, facilitando así un desarrollo equitativo y distribuyendo los beneficios de la energía barata y limpia a nivel nacional.

Aunque admitió que “no puede ser que solo una parte de los territorios de España soporte infraestructuras eólicas o solares sin obtener retornos como empleos o industrias” y por eso apeló a que este proceso se desarrolle con “protagonismo y beneficios” para las comunidades locales.

Precisamente el despliegue de las renovables y en concreto del proyecto del Clúster del Maestrazgo avalado por el Ministerio de Transición Energética ha generado un movimiento de rechazo en la provincia de Teruel, que este sábado aprovechó el movimiento ciudadano Teruel Existe para hacer entrega al ministro Bustinduy de un libro de fotografías de las comarcas del Matarraña, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Sierra de Albarracín afectadas por ese proyecto.

Son, como explicó el portavoz de TE, Manolo Gimeno, “imágenes preciosas de la provincia que van a quedar destruidas” y que quieren hacer llegar a la ministra Teresa Ribera a través de Bustinduy.

El Congreso Crisis Ecosocial: Causas, Consecuencias y Desafíos ha servido para visibilizar, conocer y debatir, desde una mirada amplia y sindical, todos los elementos que dan forma a esta crisis sistémica, según la organización. En cuanto a su celebración en Teruel, el secretario general de CCOO dijo que el sindicato con más capilaridad en el conjunto del país debe dar protagonismo “a esa España que algunos denominan vaciada que no aparece en los informativos”.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj; el subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez; y diputados provinciales y autonómicos de Teruel Existe estuvieron presentes en la clausura.
 

Pedro Arrojo, en la conferencia de clausura

El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, prepara un nuevo informe sobre la gobernanza democrática del agua en la que expondrá que “no es recomendable su privatización o mercantilización”.

Arrojo impartió este sábado la conferencia de clausura del Congreso Crisis Ecosocial, causas, consecuencias y desafíos, que versó sobre la crisis en los recursos hídricos. Recordó que 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. “Son personas brutalmente empobrecidas, que viven sobre ríos o acuíferos contaminados o que se destinan a actividades económicas”, dijo, y señaló la necesidad de construir un nuevo modelo de progreso en que la gestión del agua esté presidida por los derechos humanos.