Alcaldes y vecinos plantean sus dudas sobre contratos, pagos o distancias de los molinos en los proyectos eólicos de la Sierra de Albarracín

Tipos de contratos, repercusiones si no se llega a acuerdos, pagos o distancia desde los municipios hasta los aerogeneradores fueron algunas de las dudas que se plantearon el pasado jueves en la Casa de la Comunidad de Albarracín, durante una reunión organizada por la propia institución y a la que se invitó a dos empresas especializadas en la gestión de proyectos energéticos, Munigest y A&C Energy.

La charla se anunció como informativa “para todos los interesados sobre las instalaciones eólicas de la Sierra de Albarracín” y a la misma acudieron unos pocos vecinos y diversos alcaldes, entre ellos dos de los cuatro en cuyos pueblos se han proyectado parques eólicos.

Los asistentes mostraron inquietud por qué ocurrirá si los Ayuntamientos o particulares se niegan a firmar, algo en lo que la empresa que acudió a informar fue rotunda: “La posición del Ayuntamiento no vincula el proyecto”, dijo  Roberto Buckner, de Munigest, para detallar que si hay impedimentos legales no se hará, pero si se cumplen todos los principios legales, jurídicos y ambientales, la posición municipal no es vinculante.

Por eso, les plantearon que si tienen cuestiones que alegar deben hacerlo en el informe que tienen que presentar antes del día 6 de octubre. En cuanto a la posición de los particulares, indicaron que, en el caso de no autorizar la instalación, la empresa siempre puede solicitar el interés general del proyecto y, en ese caso, se procedería a las expropiaciones de los terrenos, aunque aseguraron que no es la vía que interesa a las compañías energética porque ralentiza el proceso.

Sin embargo, a esa misma hora se estaba desarrollando una reunión informativa en Orihuela, impulsada desde el Ayuntamiento, en la que cinco técnicos y responsables de Forestalia aseguraron que su empresa no promoverá proyectos en contra de lo que dicten
los ayuntamientos.

Los proyectos están ahora en el procedimiento administrativo por el que Forestalia quiere obtener la Autorización Administrativa Previa. Se trata de una fase que suele resolverse, según indicó Roberto Buckner, de Munigest, en un plazo de un año y ocho meses.

Durante la reunión en Tramacastilla se produjeron diversos momentos de enfrentamiento puesto que algunos de los asistentes se enzarzaron en discusiones sobre la conveniencia o no de los proyectos para la Sierra de Albarracín y también acerca de los intereses que había detrás de la explotación eólica de los montes. A la misma acudieron representantes de Teruel Existe y de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, quienes cuestionaron algunos de los planteamientos realizados por la empresa Munigest. Una de ellas fue referente al periodo de alegaciones, que concluyó el pasado 20 de septiembre para los particulares y, por tanto, consideran que la reunión informativa debería haberse celebrado antes. Además, preguntaron sobre los riesgos de incendio que entrañan los aerogeneradores y criticaron que Munigest no contestara la pregunta.

Andrea Lacueva, de A&C Energy, alertó a los alcaldes de algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de firmar los contratos. “El suelo pasa de rústico a industrial, hay que dejar claro en el documento quién paga el Impuesto de Bienes Inmuebles”, dijo. Por otro lado, les insistió en la importancia que tiene leer la letra pequeña y hacerlo despacio, por “muchas prisas” que tenga la empresa promotora en firmar.

Una de las dudas suscitadas fue sobre la validez de los contratos si se firman con una empresa que acaba vendiendo el proyecto y desde Munigest aclararon que la nueva compañía debe subrogar los derechos y las obligaciones de la anterior, “otra cosa es que una de las dos incumpla”, matizaron.

Los participantes preguntaron por el precio que se paga de alquiler por aerogenerador, que Munigest cifró entre 7.500 y 11.000 euros. También aclararon que si un molino tiene el vuelo sobre terrenos de un propietario distinto al del suelo donde se asienta, la base del pago es la estipulada, pero distribuida de forma proporcional entre ambos.

Hay a su vez interrogantes sobre qué ocurre cuando los molinos dejan de funcionar: “¿Quién se hace cargo de esa chatarra?”, planteó una de las alcaldesas presentes.  En cuanto a la distancia de los molinos a los casos urbanos, durante la reunión se habló de varias puesto que  desde la Plataforma en Defensa del Paisaje comentaron que la ley marca que la distancia sea de 500 metros, pero Roberto Buckner indicó que existen parques a solo 100 metros de las poblaciones.

Bronca en Orihuela

A la misma hora que se realizaba la reunión en Tramacastilla convocada por la Comunidad de Albarracín tuvo lugar otra en Orihuela del Tremedal en la que Forestalia informó sobre el proyecto. Este encuentro también se desarrolló en medio de una gran tensión dada la confrontación que hay entre la población sobre el tema eólico.