Un investigado por maltratar perros en Maella traslada la cría a Foz Calanda

Los dos investigados por tener en “condiciones higiénico-sanitarias deplorables” –según el Seprona– a un total de 544 perros localizados en una finca de Maella (Zaragoza) no autorizada como núcleo zoológico tienen otras instalaciones legalizadas en Foz Calanda en las que el principal sospechoso cría a los animales que no le fueron requisados por tener sus papeles en regla y estar en mejor estado. 

Así lo explicó el abogado de la Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertad (Anadel), Jorge Piedrafita, que representa a la primera entidad en personarse en la causa y que ejerce la acusación popular. 

Esta acusación fue la única presente en el interrogatorio, celebrado esta semana en el Juzgado único de Caspe (Zaragoza), que el juez practicó a los acusados, un hombre británico de 69 años y una mujer rumana de 50 años, por un presunto delito de maltrato animal. Él requirió traductor de inglés e “intentó evasivas”, mientras que la mujer intentó exculparse diciendo que estaba de paso en la granja en el momento de la inspección si bien para Piedrafita es “colaboradora necesaria”. 

El Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil de Zaragoza y Caspe encontró el pasado 28 de mayo en una finca de Maella un total de 544 perros encerrados en jaulas que se empleaban para la guarda de conejos, según explicó la Guardia Civil el 3 de junio en un comunicado de prensa.

Aunque quedan pruebas por practicar, la acusación piensa que logró “acreditar que los animales estaban en malas condiciones higiénico sanitarias pese a las legítimas excusas de defensa del principal investigado, estaban bajo su pleno dominio y de su venta hubiera obtenido un importante lucro”, dijo el abogado de Anadel, que avanzó que la asociación seguirá “persiguiendo todas estas conductas que se entienden más graves aún si hay negocio al poner en riesgo la salud de animales indefensos”. 

En jaulas de conejos

La finca zaragozana, destinada a la cría de perros, había funcionado anteriormente como explotación cunícola y actualmente estaba alquilada a una persona de nacionalidad británica.

Tras iniciar en marzo las investigaciones, el 28 de mayo el Seprona inspeccionaba la finca junto con técnicos del Servicio Veterinario Oficial de la Oficina Comarcal Agroalimentaria (OCA) de Caspe.

Los agentes observaron cuatro ubicaciones distintas, donde se hallaban numerosos perros de ambos sexos, así como cánidos sueltos, hallando después, dentro de las instalaciones, ejemplares encerrados en pequeñas jaulas, de las utilizadas para conejos, acumulándose heces y orines en gran cantidad en las propias jaulas y por el suelo de la nave. Según la nota de prensa de la Guardia Civil, también les faltaba agua y sufrían un evidente abandono de atención veterinaria.

Desde el interior de esta nave se accedía a otro habitáculo contiguo que albergaba jaulas similares en cuyo interior se hallaban numerosas hembras de perro junto a sus cachorros, siendo las condiciones higiénico-sanitarias igual de lamentables que en el anterior y el hedor más intenso, indica la Benemérita.

Durante la inspección también se hallaron medicamentos veterinarios, para cuyo uso es necesaria receta facultativa y alguno de ellos caducados, no pudiendo aportarlas el responsable de los animales por carecer de ellas.

En total suman 294 ejemplares adultos y 250 cachorros de las razas Bichón Maltés, Caniche, Yorkshire, Pomerania, Chihuahua, Shih Tzu y Ratonero Valenciano.

Fuera de la nave, en el terreno de la finca, la Guardia Civil localizó un bidón metálico lleno de cenizas y en cuyo interior se hallaron huesos de animal e incluso un cachorro que había sido quemado recientemente.

161 sin identificación

De los ejemplares adultos, 161 no estaban identificados con microchip. Tras solicitar al propietario la documentación de los animales éste hizo entrega de 138 pasaportes y cartillas sanitarias para animales de compañía. Además esta persona carecía de autorización de núcleo zoológico y otros documentos necesarios para llevar a cabo la actividad de cría de perros.

Pese a todo, el miércoles, en el interrogatorio a los investigados, estos se declararon “inocentes mientras no se demuestre lo contrario”, dijo la abogada defensora, Teresa Artal, quien calificó de “vergonzoso que sin tener todos los datos pretendan lincharles” a través de redes sociales. 

Las razas estaban apartadas para que las mayores dejaran comer a las pequeñas, dijo la abogada, quien no detectó perros “con daños, ni privados de libertad”, del visionado de las fotografías que realizó el Seprona. 

“Lo único que ha hecho esta persona –el británico– es recoger animales y llevarlos de un sitio a otro para que estuvieran en mejores condiciones”, dijo Artal. 

Según el Código Penal, el maltrato animal puede conllevar penas de prisión, inhabilitación y sanciones económicas.

Peticiones de adopción

El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) de Zaragoza recibió en las dos primeras semanas de junio más de mil peticiones para acoger a los perros hallados por la Guardia Civil en pésimas condiciones en la finca de Maella.

Hasta las instalaciones municipales, ubicadas en La Cartuja Baja, se trasladaron 190 perros, la mayoría cachorros, de los liberados el pasado 3 de junio por el Seprona de la Guardia Civil.

El CMPA preparó el espacio para acoger el mayor número posible, al ser el centro público de estas características más grande de la Comunidad autónoma, y, tras el aviso de la Guardia Civil, inició el traslado de los animales el 5 de junio. El resto de los perros fueron derivados a una protectora de Madrid por decisión judicial.

Desde entonces los canes han recibido atención veterinaria en el CMPA, donde permanecerán hasta su adopción.

Desde la Oficina de Protección Animal insistieron en que la mayoría de los perros eran cachorros en el momento de la liberación, por lo que su adopción no se ha podido formalizar hasta esta semana, una vez que se han destetado completamente y han recibido los tratamientos de antiparasitación y las vacunas necesarias para ser entregados a las familias en las mejores condiciones sanitarias, con la colaboración de la empresa Zoertis.