Tensión entre la DGA y Endesa por los 1.000 MW que liberará el cierre térmico

Endesa estudiará las cesiones del ramal ferroviario por el que recibe carbón de importación para que el polígono de Andorra tenga un cargadero, del último tramo de la pista minera desde Ariño y de la concesión de agua de 18 hectómetros cúbicos para la térmica procedentes de la cuenca del Guadalope. La eléctrica descarta mantener abierta la central a un ritmo de 1.500 horas anuales y no considera rentable convertirla en una planta de biomasa o termosolar. Por el momento, la compañía tampoco ve claro participar en el hub de innovación y energía que plantea el Gobierno de Aragón en Andorra, y supedita planes de formación en energías renovables a que la Administración autorice su parque solar de 1.000 megavatios, la misma potencia instalada que quedará libre tras la desconexión y que el Gobierno de Aragón no quiere que sea patrimonio exclusivo de la filial de Enel.

Este es el resumen que hizo la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, tras reunirse ayer con el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, el director general de Relaciones Institucionales y Regulación, José Casas, y la directora general de Sostenibilidad, María Malaxechevarría.

La consejera puso de manifiesto las diferencias que existen entre las partes en cuanto al aprovechamiento de la línea de evacuación tras el 30 de junio de 2020, cuando Endesa apague la central. La eléctrica, dijo Gastón, quiere que el Ministerio para la Transición Energética “apruebe definitivamente la concesión de los 1.000 MW” que hoy ocupa la térmica “a la propia empresa para instalar sus plantas fotovoltaicas”, lo que choca frontalmente con las alegaciones presentadas por el Ejecutivo autonómico al anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En ellas, la DGA solicita que esa capacidad quede “abierta a cualquier promotor en igualdad de condiciones y de competencia”. La responsable aseguró que, en este aspecto, "el Gobierno de Aragón es firme".

Así las cosas, la formación no reglada que Endesa está dispuesta a ofrecer en materia de construcción y mantenimiento de parques renovables, según dijo Gastón, está “supeditada a su actividad posterior y a la concesión directa de esos 1.000 MW”.

Endesa sí tiene decidido formar a personal propio y de contratas para el desmantelamiento de la planta, que se demorará entre cuatro y seis años, con 130 puestos de trabajo estables y 200 en periodos punta.

En estos trabajos participará el personal de Endesa y también algunos de los cerca de 400 operarios de subcontratas que tiene en este momento la térmica. Gastón explicó que Endesa piensa en que los subcontratados “formen parte prioritariamente de todo ese proceso de formación para el desmontaje y para las futuribles plantas fotovoltaicas”, si bien “no todos los trabajos en desmontaje pueden ser subcontratados” porque hay tareas “muy especializadas”. 

Estas declaraciones coinciden con las de fuentes de Endesa con las que contactó ayer este diario y que aseguraron que los cursos de formación, tanto en materia de desmantelamiento como de construcción de las plantas fotovoltaicas, servirán para “adecuar los perfiles y cualificación de los trabajadores de las auxiliares”. 

Si la Administración agiliza el proyecto renovable presentado, apuntaron las mismas fuentes, se generarán 400 empleos anuales en la construcción de los parques durante cinco años (200 MW por ejercicio), que no obstante ofrecerán apenas 60 puestos de trabajo en su mantenimiento. 

La empresa recordó que la plantilla propia de Endesa será recolocada al cien por cien. Este año saldrán 12 personas y 46 en 2020, antes de cierre. Los que queden, el personal de mayor edad, participarán en las tareas de desmantelamiento, con las que un buen número alcanzará la edad de jubilación. 

Dispuesta a ceder vía y agua

En cuanto a las propuestas realizadas por el Gobierno de Aragón y sindicatos a la compañía, Endesa aseguró que sigue “abierta a colaborar con el desarrollo social y económico de la zona”, por lo que estudiará las cesiones del ramal ferroviario por el que la central recibe carbón de importación, de la pista minera y de la concesión de agua, que se plantea como alternativa a la Elevación de Aguas del Ebro. 

Sin embargo, descartó la propuesta de alargar la vida de la térmica más allá del 30 de junio de 2020, siempre y cuando se limitase la actividad a 1.500 horas anuales, por no ser viable. 

La empresa también descartó poner en marcha una instalación de biomasa o una termosolar "porque en el estudio rentabilidad-costes ven que sería inviable sin ayudas adicionales", señaló Gastón.