Sorpresa entre los sindicatos al no acudir la ministra ecologista a la primera reunión clave por el futuro de las comarcas mineras

Los sindicatos mineros CCOO y UGT rechazaron de plano el programa de prejubilaciones que incluye el Acuerdo de Medidas Excepcionales para una Transición Justa de la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras que ayer les presentó en Madrid el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), y pidieron concreción para el llamado Plan de Acción Urgente para la Transición Justa 2018-2021 al considerarlo una “declaración de intenciones” repleta de “vaguedades” que no resolverá a corto plazo la pérdida de puestos de trabajo en las minas y la central térmica que el Gobierno da por cerradas en 2018 y 2020, respectivamente.

Los representantes sindicales en la Mesa del carbón nacional constataron el jueves en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica el “nulo compromiso” y la “falta de voluntad política” del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la minería del carbón después de que el PSOE defendiera en la oposición la continuidad del sector minero-eléctrico autóctono.

“Ni la ministra, ni el secretario de Estado de Energía, ni la directora general de Minas han comparecido. Nos hemos quedado a cuadros al ver el desprecio que tiene el Ministerio hacia nosotros al no estar presente ningún cargo político con poder de decisión y negociación”, manifestó el responsable de minería de UGT en Aragón, Francisco Montull.

“La reunión no nos sirve para nada. Nos ha sentado muy mal que no estuvieran las figuras políticas, que son las que tienen que arreglar las cosas. Pero han pasado más de cien días de Gobierno y aún no sabemos quiénes son”, protestó el homólogo de Montull en CCOO, Antonio Montoyo.

Sí comparecieron los funcionarios del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y asesores ministeriales que trasladarán a Teresa Ribera que las centrales sindicales no van a aceptar las jugosas prejubilaciones que les ha ofrecido a cambio del desmantelamiento del sector del carbón autóctono.

La propuesta social amplía las prejubilaciones a todos aquellos trabajadores de más de 50 años de edad equivalente, con tres de antigüedad en la empresa y nueve en el régimen especial de la minería del carbón, así como bajas incentivadas voluntarias al resto a razón de 10.000 euros lineales más 35 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades (26.000 euros más para los silicóticos de primer grado). Además, comprende fondos para ayudar a las empresas –la mayoría en concurso o liquidación– a acometer las labores de restauración en los próximos años y, de esta forma, mantener un cierto nivel de empleo.

A cambio, la actividad extractiva debe finalizar antes del 31 de diciembre de este mismo año, tal y como dicta la decisión del Consejo Europeo de 2010 para las minas no rentables. Las que, ya sin ayudas, mantengan su actividad en 2019, lo harán bajo su cuenta y riesgo y los trabajadores no se pondrán acoger a las ayudas sociales. Además, tendrán que devolver las subvenciones recibidas desde 2011, algo que a Samca le supondría sobre los 7,5 millones de euros. Según los sindicatos, el Gobierno no está dispuesto a negociar esta normativa. 

En cuanto al Plan de Acción Urgente para la Transición Justa 2018-2021, otro de los ejes de la propuesta de Acuerdo de Medidas Excepcionales, los sindicatos lo consideran “una mera declaración de intenciones y vaguedades” porque no desarrolla ninguna de las acciones que plantea. Estas son un plan para la transición energética de Hunosa, un plan para la restauración de explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética para las cuencas, la elaboración de contratos de transición justa para las comarcas afectadas con el objetivo de crear y fijar empleo a medio y largo plazo –en consenso con las diferentes administraciones y actores sociales– y un grupo de trabajo sólido que represente a España en la Plataforma Europea de Regiones Mineras en Transición y que presente actividades conjuntas que faciliten un mejor acceso a fondos europeos de inversión y cohesión.

De modo que pidieron al Ministerio que redacte una nueva propuesta de Acuerdo a presentar el 21 de septiembre, fecha elegida para una nueva reunión.

Quieren carbón

“Si no hay un plan de reconversión clara no pueden desaparecer las minas ni las centrales térmicas de carbón nacional. No podemos dejar a las comarcas mineras en el aire”, dijo Montull.

“Hasta que no esté claro cómo va a hacerse esa reindustrialización y con qué fondos, el sector debe permanecer abierto, pero el Gobierno ya lo está dando por cerrado cuando estando en la oposición firmó, en la Cumbre del Carbón, a favor de la continuidad de la térmica y del carbón nacional”, protestó Montoyo

“Los datos son tozudos” e indican que en agosto el 16,7% de la generación eléctrica fue con carbón nacional, señaló CCOO en un comunicado de prensa tras  la reunión. “Por lo tanto, es imprescindible para garantizar el suministro a la industria y los consumidores particulares”.

Lo que esperan los sindicatos es que buena parte de ese porcentaje lo protagonice el carbón autóctono, que es el que hoy por hoy da puestos de trabajo en las comarcas mineras. “El carbón nacional es la única garantía de suministro autóctono y la que puede regular los precios” de la luz, dijo Montull, quien explicó que la tonelada de hulla de importación ronda los 100 euros y el estatal está a mitad de precio. “Imaginemos qué especulación puede haber en cuanto cierren las centrales que funcionan con carbón de aquí”, sugirió, dando a entender que subirá el precio de la materia prima y, por ende, el de la factura eléctrica. 

Por tanto, los sindicatos no firmarán ningún acuerdo que no refleje una continuidad mínima de las minas y las centrales. 

UGT insiste en la urgencia de dotar al sector de “un nuevo Marco para la Minería del Carbón Autóctono y las Comarcas Mineras que tenga vigencia hasta 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix” energético “por ser necesario tanto como energía de respaldo como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las fuentes de energías renovables”.

Todo ello bajo “la necesidad imperiosa de alcanzar un Pacto de Estado por la Energía en el que se defina el mix energético para los próximos años con presencia de carbón autóctono”.