Sergi Saladié, profesor de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona: “La actividad eólica no fija población, sino lo contrario; a más densidad, más despoblación”

Sergi Saladié es profesor del departamento de Geografía de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Autor de una tesis doctoral titulada Paisaje y conflictos territoriales en las comarcas meridionales de Cataluña, ha analizado en profundidad el impacto económico generado en los presupuestos municipal por las centrales eólicas implantadas en Cataluña. Su investigación concluye que el beneficio económico que los parques eólicos dejan en España en los territorios donde se ponen en marcha ronda el 3,4% -frente al 33% de algunos países europeos como Francia- mientras que el impacto laboral es “prácticamente nulo”. 

-Como experto fue invitado a una charla organizada en Fuentespalda por Omezyma sobre los proyectos eólicos que se proyectan en la provincia de Teruel. ¿Qué visión aportó?

-En Fuentespalda hablé de las conclusiones generales a las que llegó en el estudio realizado en la tesis doctoral y en otro previo en el que analicé la repercusión económica y laboral que tienen las centrales eólicas en los municipios donde están instaladas. En esas conclusiones explico cómo ha sido el proceso de implantación llevado a cabo en Cataluña, pero muy especialmente en la provincia de Tarragona. Aunque, en general, el procedimiento ha sido similar en todo el Estado, porque la legislación apenas varía entre unas comunidades autónomas y otras.

-Usted ha estudiado dos casos de la provincia de Tarragona como son los proyectos eólicos de las comarcas del Priorat y de la Terra Alta. ¿Tan distintos son?

- En la comarca del Priorat la primera central eólica se puso en marcha en 1998. Fue la segunda o la tercera que se puso en marcha en Cataluña. En aquellos años incluso se vio a los parques eólicos como proyectos singulares, aunque enseguida se puso en evidencia que era un modelo que no convenía al territorio. Así fue como en el año 2000, en un momento en el que se estaba proyectando la generación de otros 400 MW de energía eólica en la zona, la gente de la comarca del Priorat se empezó a organizar . En ese momento se dieron cuenta de que les iban a llenar las montañas de molinos. 

-¿Qué proceso siguieron desde el año 2000?

- En primer lugar, tomaron conciencia de que querían una agricultura de calidad, un turismo y un paisaje de calidad y que ese modelo de masificación eólica no encajaba con lo que querían. En 2001 hubo un acuerdo comarcal que limitaba la implantación de parques eólicos en una zona concreta. Impulsaron su propia Carta del paisaje dejando claro dónde no querían que hubiera centrales, hubo un reconocimiento de patrimonio de la humanidad de su paisaje, etc . Y hubo también concienciación en todo el territorio para que todos fueran unidos defendiendo un modelo de paisaje en el que no entran los molinos. A pesar de todo eso, no ha habido un reconocimiento normativo, pero ni así  siquiera se ha acabado instalado ninguna central eólica más. 

-¿Por qué?

- Eso refuerza el hecho de que, aunque en el Priorat se pueda realizar un parque eólico, cualquier empresa promotora ve que hay demasiado enredo y demasiada organización social. Y es en esos momentos en los que las empresas se retiran del territorio.

-Todo lo contrario que en la Terra Alta.

-En la Terra Alta no hubo esta organización, sino que la oposición fue fragmentada y aislada, el Consejo comarcal y las denominaciones de origen no se posicionaron y las empresas tuvieron un campo abonado para desarrollar sus proyectos. Así que, como conclusión podemos decir que, más allá de las tramitaciones administrativas, los movimientos políticos, sociales e institucionales son los que ayudan a que se implanten o no proyectos de generación eólica.

-¿Qué diferencias ve con los proyectos de energía solar?

-Los procedimientos son parecidos, pero el impacto es menor, porque las placas van en la tierra y los agentes que intervienen en estos proyectos no son grandes compañías eléctricas. En la eólica, el 66% de esta energía está en manos de la patronal eléctrica, es decir, de las seis compañías eléctricas más grandes, las de siempre. En la solar está todo más atomizado, hay más iniciativas, muchísimo más pequeñas, de particulares y alguna empresa que ha ido invirtiendo.

-¿Qué características comunes tienen los proyectos eólicos que se han implantado en Cataluña y que ha estudiado en su tesis?

-En el caso de Cataluña, podemos decir que el 80% de los pueblos que han recibido proyectos eólicos son municipios con menos de 1.000 habitantes, donde no hay  impulso económico, con una tasa envejecimiento elevada, pueblos de base agraria, con rentas bajas... Es un patrón que se repite. Y este es uno de los argumentos que no dicen las empresas promotoras pero que les sirve para justificar porqué proyectan implantarse en determinados lugares: son zonas poco pobladas, envejecidas, con rentas bajas, que discutirán poco, que debatirán y lucharán poco, porque entienden que cualquier cosa que venga de fuera será aceptada sin conflicto. Este mismo patrón se repite en el Matarraña y en el Maestrazgo.

-¿Los proyectos eólicos generan empleo?

-De todos los estudios hechos, se ve que las repercusiones en generación de empleo en Cataluña son escasas. Esas empresas aportaron en torno al 3,4% de su facturación. Si eso lo comparamos con otros países de Europa,  vemos que el porcentaje es bajo. Por ejemplo, en Dinamarca, la ley obliga a que en cada proyecto eólico haya una participación del 25% de los municipios o territorios donde se instalan los parques, mientras que en Francia las empresas están obligadas a repercutir el 33% de su facturación de forma directa en las zonas receptoras de parques eólicos.

-Nada que ver con lo que ocurre en España.

-Estamos a años luz de este desarrollo avanzado, aparte de que en los países europeos se promueve una energía eólica descentralizada en la que cada territorio es dueño de sus parques eólicos. Las tasas de reversión económica allí son más altas que aquí. En los casos que he estudiado en Cataluña, el impacto que tiene la energía eólica sobre los presupuestos municipales cubre el 15% de los ingresos, y eso no es una aportación excesivamente alta. Más bien es testimonial. Y los ayuntamientos que han registrado crecimientos presupuestarios que representaban el 50% de sus ingresos son aquellos en los que más instalaciones se han puesto en marcha 

-¿Cuánto empleo se puede esperar de los proyectos eólicos?

-El impacto en empleo es cero. Desde el momento en el que se ponen en marcha las centrales eólicas, la gente que trabaja en ellas representa el 0,3% de la población ocupada y haciendo una estimación de los proyectos presentados en la Comarca del Matarraña, en el mejor de los casos saldrían 10 empleos. No son suficientes empleos para compensar el impacto que puedan provocar en el paisaje. Por tanto, tienen una repercusión en generación de puestos de trabajo  muy  baja, con un impacto testimonial. 

-¿No ayuda entonces a terminar con el problema de la despoblación?

-En esta cuestión de la despoblación insisten mucho tanto los promotores como las administraciones públicas, que dicen que la energía eólica contribuirá al reequilibrio territorial. Bien, pues a raiz de los casos estudiados en Cataluña y en la provincia de Tarragona podemos decir que la actividad eólica no fija población, sino más bien al contrario, puesto que incluso hay una relación entre más densidad eólica y más despoblación. Los pueblos que tienen más molinos pierden más población, por tanto los proyectos eólicos no contribuyen a fijar los mínimos poblaciones por ponerse en marcha.

-¿Tiene datos concretos que demuestren esa correlación?

-Sí. La comarca de la Terra Alta, al lado del Matarraña, es la que tiene más potencia eólica instalada de toda Cataluña, en torno al 25% del total. Esa comarca es la que desde 2008, cuando se pusieron en marcha los parques, a 2018 ha perdido más población. Actualmente, tiene un 10,7% menos de habitantes que hace una década. Su pérdida de habitantes es incluso superior a comarcas del Pirineo o del Prepirineo que solían ser las que más población perdían y que están en niveles del 8-10%. Si esa actividad fuera tan buena para el territorio, la gente no se marcharía. Igualmente, podemos decir que el municipio que más densidad de aerogeneradores tiene, Caseres, es el que más habitantes ha perdido desde 2008: un 20%. De esta manera, si el municipio con más aerogeneradores y con más potencia eólica instalada de todos pierde más población que otros, se puede decir que las grandes centrales eólicas no contribuyen al equilibrio territorial.

-Los aerogeneradores que se proyectan instalar en la Comarca del Matarraña son de 6 MW de potencia y de unos 115 metros de altura. ¿Cómo pueden repercutir en el paisaje?

-Los que se proyectan para el Matarraña son más potentes que los instalados en la Terra Alta, que tienen de 2,5 MW, y más altos, el doble. En cualquier caso, habrá que ver si los acaban colocando, porque lo que se ha presentado es una previsión de futuro. La empresa promotora está previendo la puesta en marcha del proyecto eólico para un plazo de cuatro a seis años, un tiempo suficiente para que esos aerogeneradores estén  en el mercado. Si fueran estos, con menos molinos, la empresa tendría la misma potencia instalada. Lo que pasa es que son más altos, así que el campo de afección visual es mucho mayor.

-¿Ha analizado los beneficios a particulares?

-No me he centrado en esa cuestión. Las empresas, aparte del IBI y del IAE a los Ayuntamientos, así como los eventuales convenios que puedan firmar, hacen también contratos con los propietarios particulares de las fincas en los que van colocados. No he estudiado esta parte, pero sé que suele ser la mitad de lo que ingresan los ayuntamientos. En mi estudio, si un ayuntamiento solía ingresar unos 5.000 euros por megavatio, un particular podía estar en torno a los 2.500 o 3.000 euros por megavatio. 

-Beneficios brutos, en todo caso.

-Sí, son beneficios en bruto  a los que hay que restar los impuestos correspondientes, el IVA, el cambio de tributación en la declaración de la renta debido a esos ingresos extraordinarios, etc. Sería interesante que se hiciera ese estudio para ver cuál es el beneficio real que estas centrales eólicas generan sobre la población. De hecho, normalmente los propietarios son gente mayor que se tiene que acabar buscando un gestor que le haga las declaraciones trimestrales, así que a todo lo anterior hay que añadirle también ese gasto.

-¿Y si un propietario no está interesado en alquilar?

-Si el proyecto va hacia adelante y un propietario se niega a alquilar puede acabar expropiado y el trozo de terreno pasar a manos de la empresa. 

-Entonces, ¿ante qué contexto se encuentran los ayuntamientos y particulares?

-En los últimos días no se han discutido los beneficios de la energía eólica. Nadie está en contra de las renovables y de la eólica, sino que el debate está en el modelo de energía renovable que conviene a cada territorio. Determinados modelos económicos como la actividad eólica industrial entran en contradicción con aquellos que apuestan por una agricultura y por un paisaje de calidad.

-¿Qué modelo de energía renovable eólica sería compatible con la provincia?

- Hay modelos muy interesantes como la generación distribuida a partir de diferentes aerogeneradores que pueden poner en marcha agrupaciones de ciudadanos o de ayuntamientos. Ejemplos tenemos. En el caso de Cataluña, el Ayuntamiento de La Llacuna, que, con 900 habitantes, tiene un aerogenerador que con lo que factura paga la luz de todos los edificios municipales. Eso permite a ese ayuntamiento destinar el dinero que pagaría en electricidad a otras necesidades.

-¿Y en Europa?

-En Europa hay casos muy interesantes como el de una isla de Dinamarca que en 2007 instaló 11 aerogeneradores de 1 MW, una sexta parte de los que se quieren colocar en el Matarraña. Con esas 11 torres cubren el 100% de su consumo energético anual y con lo que les sobra, con la luz que generan como excedente, hacen negocio, porque la venden al mercado. También tienen cubierta la calefacción con plantas de biomasa y  disponen de placas solares térmicas. Son autosuficientes y hacen negocio con la venta de electricidad. En 2007 pusieron 10 aerogeneradores más que están en el mar y cuya electricidad destinan a la venta a través de un cable submarino. Hacen negocio con un recurso que es del territorio. Eso no es imposible, lo ha hecho una isla de 11.000 habitantes, más o menos el mismo número de habitantes que tiene la comarca del Matarraña. Los aerogeneradores se integran en el paisaje y la gente puede pagarlos. Esa inversión cuesta unos 100 millones de euros, lo que son 12.000 euros por persona en el caso de la comarca del Matarraña.

-Un modelo más sostenibles que el español. 

- Estos modelos más descentralizados son los que se tienen que enfrentar al modelo de España, un modelo basado en grandes centrales eólicas promovidas por pocas empresas y con beneficios que van a las grandes compañías en lugar de a los territorios. El modelo europeo determina qué molinos se quieren y dónde se pueden poner. Además de que los beneficios no van a empresas que no tributan en el territorio. En Alemania, por ejemplo el 50% de toda la energía eólica está en manos de la ciudadanía con modelos descentralizados y que estimulan la creación de más proyectos. Si se aplicara ese modelo, seguramente saldrían más iniciativas desde los territorios.

-¿Cree que los proyectos eólicos de grandes centrales eólicas en Teruel y más concretamente en el Matarraña o en el Maestrazgo van a prosperar?

- Cualquier tramitación, la haga el Estado (proyectos de más de 50 MW de potencia) o la comunidad autónoma (los de menos de 50 MW) ha de cumplir, en primer lugar, con todo lo que establece la normativa, incluidas las Directrices de la comarca del Matarraña en el caso de este territorio. Otra cosa es que esa normativa sea suficiente para prohibir o condicionar la colocación de estos artefactos. Lo que está claro es que si una empresa quiere poner en marcha un proyecto y la oposición no es muy grande, a veces, muchos de estos trámites se pueden pasar por alto. 

-¿Y desde un punto de vista social?

-  Todo el proceso de tramitación administrativa de cualquier proyecto tiene algún fallo, en la tramitación industrial, en la ambiental o en la urbanística. Pero quien puede condicionar o paralizar un proyecto es la organización política y social del territorio, que debe exponer su modelo de comarca. Si es así, las empresas dejan de tramitar. Cuando encuentran un territorio que debate, que tiene claro su modelo de desarrollo, al final lo dejan estar porque saben que en cualquier momento se les encontrará el fallo que siempre hay en cualquier proyecto. Ahora, las empresas lo que hacen es testar, hablar con alcaldes por separado y sopesar cómo respira el territorio. Y en función de como lo vean se acabarán posicionando y avanzando o no. Puede condicionar más un proyecto esa organización social y política que la mera tramitación administrativa.