Salen a subasta los dos bajos del centro asistencial de Capim SL en Alcañiz

El juzgado de Instrucción número dos de Alcañiz ha sacado a subasta por vía de apremio los locales de los números 21 y 22 de la calle Belmonte de San José de Alcañiz, propiedad de Centro Asistencial de Prevención Intermutual, Capim SL (que ahora opera como Centro Asistencial Bajo Aragón). Sobre estos dos inmuebles pesan varias cargas hipotecarias. La subasta termina este jueves y hasta el martes no se había presentado ninguna puja.

El remate de estas dos fincas urbanas, con Ibercaja Banco como acreedor, es el epílogo de una novela de intrigas que tiene sus orígenes en el año 2009, con la presentación de una querella criminal por parte de Capim SLcontra su colaboradora durante 10 años, Mutua de Accidentes de Zaragoza (Maz), con la que había roto relaciones comerciales  el 6 de enero de 2008 (un año antes) tras una década de relación comercial que llevó a que las dos empresas compartieran incluso clientes e instalaciones.

La demandante, que había prestado servicio asistencial de accidentes en los locales que ahora salen a subasta - allí continúa actualmente dispensando servicios como centro médico-, denunció en 2009 ante el cuartel de la Guardia Civil de Alcañiz el robo de un disco duro de 160 gigabites de capacidad que contenía una copia de seguridad del servidor central donde se encontraba el programa de gestión, los clientes, contratos y otro tipo de información confidencial. A esto se añadió el traspaso, al poco tiempo, de empleados de la querellante a la Maz. 

En poco menos de seis meses, Capim SL había perdido alrededor de medio millar de clientes y a buena parte de sus trabajadores, en concreto a los de su departamento comercial, lo que dio pie al inicio de un procedimiento judicial, que arrancó en los juzgados de Alcañiz. El juzgado número dos fijó en un primer momento funa fianza a los directivos de la entidad demandada de 1,3 millones de euros por las responsabilidades que pudieran derivarse del procedimiento, pero  terminó sobreseyendo el caso. 

El asunto fue recurrido y continuó en la Audiencia Provincial de Teruel, que acabó ratificando el auto del juzgado número dos de primera instancia e instrucción y archivó la causa por falta de pruebas. 

La Audiencia Provincial argumentó que la prolongada relación comercial entre las dos empresas implicó que compartieran espacio físico y clientes, pues éstos lo eran de las dos empresas, ya que una se hacía cargo del servicio de prevención y otra de la cobertura de accidentes laborales. Además, Maz había despedido a algunos de los directivos que pudieron estar detrás de algunas irregularidades comerciales que derivaron después en la situación denunciada.

Finalmente, Capim optó por recurrir al Juzgado de lo Mercantil para reclamar responsabilidades civiles por los perjuicios ocasionados a la empresa. Esta vez, el juzgado número 2 de Zaragoza estimó en parte la demanda presentada por la mercantil de Alcañiz y condenó en septiembre de 2015 a Maz por competencia desleal. La indemnización fijada en el fallo, no obstante, fue de 55.187 euros, una cantidad testimonial si se compara con la fianza que llegó a imponer el juzgado de Alcañiz en 2009 por las responsabilidades que pudieran ser objeto de reclamación.

Capim terminó vendiendo su cartera de clientes a Aspy y redujo su negocio a los servicios médico sanitarios.

La subasta que termina este jueves incluye dos lotes, los bajos de los números 21 y 22 de la calle Belmonte de San José, que salen a remate por 79.934 euros y por 112.965 euros, respectivamente. En ninguno de los dos consta puja mínima. Las dos fincas están gravadas con distintas cargas hipotecarias y embargos a favor de la Hacienda Pública, el Instituto de Crédito oficial, la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Parcela y nave de Alhosa

Otra finca que sale a subasta por vía de apremio en el juzgado de Alcañiz es una parcela de 5.000 metros cuadrados del polígono La Estación de Andorra que consta de una nave industiral de 2.268 metros cuadrados. En este caso, es una ejecución hipotecaria contra la empresa Alcañizana del Hormigón SA (Alhosa) y Paneles prefabricados de Hormigón SA, que tiene como acreedor a Ibercaja Banco, entidad que reclama 1.098.178 euros (848.178 euros más 250.000 euros en intereses y costas de la ejecución).

Como en el caso de la finca urbana de Alcañiz del centro asistencial Capim, en este caso también hay cargas hipotecarias pendientes. 

La subasta también concluye este jueves, 18 de enero.

Ambas son empresas del Grupo Gil de Alcañiz  que dejaron de tener actividad como consecuencia de la crisis económica de los últimos años. Paneles Prefabricados de Hormigón SA., empresa ya extinguida tras entrar en concurso de acreedores, se constituyó en 2002. En cuanto a Alcañizana del Hormigón SA.,  fue el buque insignia de la constructora alcañizana desde su constitución en 1982 y también inició su liquidación en un procedimiento concursal en 2011.