PSOE Alcañiz cree que el pliego del agua “favorece descaradamente” a Aquara

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz considera que el borrador del pliego para el nuevo contrato que regirá la gestión externa del servicio de aguas de la ciudad “favorece descaradamente” a Aquara, empresa que lo presta en la actualidad y que todavía no ha solicitado al consistorio la devolución de los 2,3 millones de euros que anticipó en virtud de la prórroga a 29 años firmada en 2012 que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) decretó nula.

El PSOE entiende que el pliego, a cuyo borrador han presentado alegaciones los grupos políticos municipales y entidades como la Mancomunidad de Abastecimiento de Agua del Guadalope-Mezquín, “está organizado” para que sea esta empresa la que repita en la gestión.

El indicio más claro que ha encontrado el grupo socialista es que el texto conmina a pagar 2,3 millones de euros en los primeros diez días a partir de la firma del contrato a la empresa adjudicataria del abastecimiento y alcantarillado para los próximos 25 años, un hecho que también denunció la semana pasada Ganar Alcañiz.

En rueda de prensa, el concejal socialista Manuel Ponz calificó como “extrañísimo” que Aquara aún no haya pedido la devolución de ese canon, lo que le hace sospechar que está todo atado para resolver la deuda con esta empresa, a coste cero para el consistorio, nada más firmar el contrato.

En las alegaciones que ha presentado el PSOE figura que quede claro “a qué se va a destinar ese dinero”, entendiendo que debe ser para “obras e inversiones para mejorar las instalaciones” y “el servicio”, es decir, para reparar cañerías que en casco antiguo se encuentran “en muy mal estado”, dijo Ponz.

El PSOE dejó claro que no va en contra de la empresa, pero reiteró que el pliego está “pensado para que repita en la concesión” porque “favorece descaradamente” a quien está llevando el servicio en la actualidad.

En este sentido, Ponz dijo que, según la propuesta de pliego, se puntúa más a las empresas que más “medios materiales y técnicos” pueden aportar, así como las que mejor conocimiento tienen de las “infraestructuras” y del “funcionamiento hidráulico” de la ciudad.

“Quien lo lleva ahora sabe dónde están los problemas y los puntos críticos”, evidenció Ponz, para quien sería mejor que cada empresa presentara su “plan de explotación”, verbalizándolo ante la mesa de contratación.

No obstante, para el PSOE, igual que para Ganar, lo ideal sería que fuera el consistorio el que llevara la gestión directa de las aguas para no “hipotecar” el servicio durante 25 años.

Que vayan al juzgado

Preguntado por este asunto en otra rueda de prensa, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, instó este lunes a la oposición, “para no hacernos perder el tiempo ni al equipo de gobierno (PP-PAR) ni a los periodistas”, a acudir a los juzgados “si creen que se está haciendo algo incorrecto”, y la acusó de “contar mentiras y bulos”.

Para Gracia Suso, las alegaciones son una estrategia para “dilatar” en el tiempo la firma del contrato, algo que el PP considera que “no nos favorece en nada”.

“Las alegaciones las tienen que presentar en las comisiones y no cuando el pliego sale a información pública”, dijo Gracia Suso, para quien no cabe “ninguna duda de que la adjudicación va a ser una vez pasadas las elecciones”, por lo que la decisión final recaerá en el equipo de gobierno que salga de las urnas.

El PSOE aseguró que al periodo de alegaciones han concurrido entidades como la Mancomunidad del Guadalope-Mezquín, algo que el alcalde negó.

Preguntado por qué el Ayuntamiento no ha devuelto aún el anticipo más de dos años después del fallo del TSJA, el regidor aseguró que en el Ayuntamiento “no figura ninguna deuda ni ninguna reclamación de Aquara por ese dinero”, por lo que “a día de hoy no está reconocida”.

“Probablemente no lo ha pedido aún porque va a salir un concurso y en el pliego que se está haciendo hay un aporte económico –el del anticipo de 2,3 millones–. Si sale esta u otra empresa no nos va a hacer ningún roto al Ayuntamiento”, apostilló la concejal delegada de Hacienda, Anabel Fernández.