OHL y Dragados del hospital de Alcañiz callan mientras la DGA les acusa de incumplimiento “grave”

Tres empleados y un capataz de una empresa subcontratista de la UTE OHL-Dragados es el personal, idéntico al de las últimas semanas, que dispuso ayer la adjudicataria del nuevo hospital de Alcañiz para levantar vigas después de que el Gobierno de Aragón le comunicara la apertura del expediente para resolver el contrato. Las obras, en situación de parálisis técnica desde primavera, sufrirán un parón total por vacaciones del 21 de diciembre al 7 de enero, fecha en que los trabajadores están llamados nuevamente a su puesto de trabajo en la partida de Cantagallos. 

Las oficinas de OHL y Dragados guardan silencio después de que al Ejecutivo autonómico se le acabara este lunes la paciencia y anunciara a las empresas, mediante burofax, que inicia de oficio el expediente de resolución del contrato de obra para la construcción del equipamiento sanitario que urge el Bajo Aragón. Las dos compañías que conforman la UTE desecharon hacer cualquier valoración al respecto a este diario y, tal como se esperaba, no reaccionaron en positivo ampliando medios y personal para reactivar unas obras que, en el ecuador del contrato, apenas llegan al 9,5% de ejecución, con 5,4 millones de euros certificados sobre los 57,4 millones firmados. 

La callada por respuesta es la forma de proceder de dos multinacionales españolas a las que la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, acusa de incumplimiento “grave” del contrato, por lo que el Ejecutivo, además de sancionarlas, les reclamará daños y perjuicios.

La UTE tiene hasta el 26 de diciembre para presentar sus alegaciones a la apertura de este expediente, motivado porque se han dejado de invertir prácticamente 18 millones de los 23 que el Gobierno de Aragón ha dispuesto en programas plurianuales hasta la fecha. A estas alturas, el Servicio Aragonés de Salud considera inviable que se pueda llegar a entregar el hospital en diciembre de 2021, tal como figura en el contrato que se firmó en julio de 2017 por un plazo de 52 meses. 

La consejera se refirió también al aval que, “forzosamente, la legislación exige, que es el 5% del importe de la obra” y que el Gobierno de Aragón reclamará a estas empresas.

La consejera dijo esta semana que la obra “está prácticamente paralizada” y “lleva un mes así”, ya que “hay tres trabajadores (más un capataz, según pudo comprobar ayer este periódico)” en ella. Levantan vigas a duras penas por falta de apoyo y el sábado se tomarán dos semanas de vacaciones. Esta semana trabajarán hasta el viernes y después guardarán vacaciones hasta el 7 de enero, cuando la subcontrata les ha citado para seguir. 

La consejera argumentó la rescisión del contrato en que, tras el último requerimiento el 4 de noviembre y la reunión del 2 de diciembre, la UTE contratista ha estado haciendo propuestas técnicas “que han resultado totalmente inadmisibles”, ya que “pretendían bien una modificación sustancial del objeto del contrato o propuestas de rebajar niveles de calidad de determinadas partes de la obra”.

Incidió en que, ante esta demora, “había que actuar ya” porque “no ha habido manera de que se pusiera en marcha” la obra, para constatar que el plazo de ejecución era “bastante extenso, de 52 meses” y “hemos tenido que estar mucho tiempo viendo que, aunque iba muy lento, había todavía posibilidades de finalizar en plazo”.

Por eso, no se ha actuado hasta que no ha llegado el momento en el que ha peligrado el plazo de diciembre de 2021 y tras entender que había “coacción” por parte de la UTE, por lo que “había que tomar decisiones”, dijo. 

Añadió que desde el Ejecutivo autonómico se ha pagado “lo escasísimo que han certificado de obra en todo momento” porque “hemos tenido el crédito presupuestario para hacerlo”, de forma que “no han consumido” todo el crédito presupuestario.

Acabará en los tribunales

“Lo normal es que sea un procedimiento con oposición”, dijo Ventura, quien advirtió de que la tramitación administrativa de este expediente será “compleja” ya que requiere de informes de la dirección general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, de la Intervención General y es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo.

Apostilló que hay un plazo “máximo” de seis meses para concluirlo “y nos gustaría resolverlo antes”, si bien también vaticinó que, una vez concluya el procedimiento administrativo, “lamentablemente, me temo que termine en los tribunales”.

En paralelo, Sanidad irá preparando el modificado del proyecto y la nueva licitación de las obras, que “no se podrá realizar hasta que no se resuelva el contrato actual”, advirtió. 

Reconoció que la situación es “tremendamente lamentable” y va a “dilatar” el proceso de finalización del hospital, pero la voluntad del Gobierno de Aragón de hacer esta infraestructura sanitaria es “firme”.

“Queremos terminarlo” y, a su entender, “todavía daría tiempo” para realizarlo en el plazo previsto, “pero poniendo recursos excepcionales para compensar todo este retraso”. El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, lo considera imposible y se conforma con que las obras acaben en la presente legislatura. 

Además de no cumplir con los plazos de tiempo, el expediente emitido por el Salud incluye el “incumplimiento de otras obligaciones contractuales por parte del contratista consideradas esenciales, como el pago a subcontratistas o la adscripción de los medios materiales y personales propuestos y valorados en su oferta”.

La Plataforma pro hospital público sale de su letargo

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bajo Aragón Histórico podría iniciar nuevas movilizaciones por el retraso en la apertura del nuevo hospital público de Alcañiz que supondrá la resolución del contrato de obras. 

La plataforma hace un “llamamiento a todos los partidos políticos” por una “rápida y nueva adjudicación de financiación pública 100%” para el hospital o, en su defecto, “la exigencia a la empresa del cumplimiento de ejecución”. 

Esta organización –formada por partidos políticos, sindicatos y mareas sociales venida a menos a partir de la llegada del PSOE al Gobierno de Aragón– pretende reunirse “con todos los partidos políticos” del Ayuntamiento de Alcañiz “para que se posicionen” y también con las comarcas –siete, para un total de 75.000 usuarios– y otros consistorios.

La plataforma se reunió a última hora del lunes para posicionarse “ante este gran contratiempo”.

En el comunicado, este movimiento criticó al Gobierno de Aragón por no vigilar suficientemente a la empresa de cara a evitar incumplimientos.