Medio rural de Teruel: inseguridad un año después de los crímenes de Igor el Ruso

Mucho territorio, poca gente y pocos guardias civiles para protegerlos. Así se resume la inseguridad en el medio rural que denunciaban hace un año en Andorra tras el triple crimen de Igor el Ruso que acabó con la vida de dos guardia civiles y un ganadero. Y así lo siguen denunciando ahora.

Apenas hay más efectivos ni ha habido explicaciones. Las respuestas a qué se pudo o no se pudo haber hecho por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para evitar las muertes siguen sin aparecer, indica Efe.

El 14 de diciembre de 2017 Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, mató a tiros al ganadero José Luis Iranzo en su masada, e instantes después, en mitad de la noche, a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero.

Los asesinó y comenzó una huida que tuvo en vilo a media provincia hasta su captura horas después, desorientado, durmiendo en una cuenta a decenas de kilómetros de allí, casi en la linde con Castellón.

Pero el miedo habitaba en la zona desde que el 5 de diciembre Feher disparara a otras dos personas en la vecina localidad de Albalate del Arzobispo, tras ser descubierto en el cobertizo de la casa en la que entró a robar.

Entre el primer tiroteo y el triple crimen pasaron nueve días durante los que, denuncian los vecinos, tuvieron miedo y se sintieron solos: no hubo despliegue de ningún operativo especial para buscar a un delincuente que ya se había mostrado peligroso y que no dudaba en disparar para matar, apuntan.

Nadie ha acudido a dar explicaciones a la familia, dice a Efe el padre de Iranzo en su masada "El Saso", donde continúa trabajando con los animales, con el dolor de ver a diario el lugar en el que murió su hijo.

Un año después, el portavoz de la Asociación de Amigos de Iranzo, Luis Manuel Alquézar, es crítico, según recalca a Efe: “Nos vendieron que era imposible encontrar a alguien escondido, como si fuera aquello una selva, pero cuando estás allí, ves que eso no tiene razón de ser porque es llano, se ve todo a simple vista”.

Denuncia que no se buscó a "Igor el Ruso", que no se desplegó el operativo adecuado porque se trata del medio rural y en aquellos días, recuerda, todos los efectivos estaban desplegados en Cataluña.

“Sabemos que el culpable de los asesinatos es Feher, pero lo que se discute es si se podía haber hecho más en el medio rural, y con todo lo conocido la respuesta es sí, se podía y no se hizo”, asevera.

Desde ese convencimiento, Alquézar, junto a otras personas que se han movilizado bajo la plataforma Amigos de Iranzo, llevan todo este tiempo intentando encontrar respuestas, especialmente a lo que pasó aquellos nueve días: “Si hubo una negligencia, alguien tiene que asumir la responsabilidad” sea política o policial, denuncian.

Han pedido explicaciones en esos niveles, en especial al subdelegado del Gobierno en Teruel de entonces, José María Valero, y al actual, del PSOE, José Ramón Morro, tras el cambio de Gobierno en Madrid.

Ni uno ni otro las han dado, critican, y por ello, hoy volverán a registrar por tercera vez más de una treintena de preguntas sobre lo que se hizo y no se hizo aquellos días.

“El asesino estuvo durante diez días por la zona tan tranquilo haciéndose fotos” mientras vecinos como Iranzo, que ayudó a los agentes a reconocer el terreno, vivían sin saber el peligro al que se exponían.

“Las víctimas no son solo las que asesinaron, sino también los que quedaron, las familias”, recuerda a Efe Cristóbal Soria, portavoz del la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Lamenta que, a pesar de todo lo ocurrido y todo el clamor social, en cuestión de dotación de personal y seguridad en el medio rural “el incremento ha sido tan mínimo que ni se nota".

Dice que hace un año, después de los sucesos de Albalate, “no se llegó a activar lo más básico que es el Servicio de Intervención Rápida” y vuelve a denunciar que la dotación básica en los pueblos es insuficiente.

“En Teruel hay 300 agentes de seguridad ciudadana”, cifra que desciende considerablemente en periodos de vacaciones, y apunta que para que la seguridad ciudadana no se viera afectada harían falta, por lo menos, “un 50 por ciento más de agentes”, así como realizar una reestructuración del despliegue: “No da seguridad un cuartel con tres guardias civiles”.

Sí cree, no obstante, que algo ha cambiado desde entonces, como demostraron los casos posteriores de Diana Quer o del niño Gabriel, cuando participaron más de 400 agentes en el rastreo de búsqueda, explica.

“Algo hemos aprendido”, pero para los agentes ha sido “muy doloroso” por las víctimas, tanto las que murieron hace un año como los que quedaron.

De hecho, una de las viudas de los dos agentes fallecidos no tiene la pensión de viudedad por un “mero trámite”, lo que genera una “situación de desamparo muy grande”.

El alcalde de Albalate del Arzobispo, Antonio del Río, confía en que se noten las plazas de guardias aprobadas para las zonas rurales, aunque “siempre será insuficiente”. De los dos heridos en este municipio, uno de ellos todavía tiene secuelas graves, explica, y en el pueblo la vida continúa aunque “el recuerdo de lo que pasó durará toda la vida”.