Los jubilados de Endesa se encierran en el Ayuntamiento de Andorra por la actitud de la empresa

Miembros de la Agrupación Minero-Eléctrica de Pasivos y Prejubilados de Endesa Aragón (Amepea) se encierran hoy en el Ayuntamiento de Andorra durante cuatro días para protestar porque la compañía dejó de bonificar a fecha 1 de octubre la tarifa eléctrica a más de 24.000 jubilados y viudas.

El encierro temporal de los pasivos, que se prolongará hasta el martes, se suma al indefinido que protagonizan desde el martes los miembros del comité de empresa en las oficinas de la central térmica de Andorra por el “bloqueo” del V Convenio Colectivo por parte de la dirección  tras más de 70 reuniones infructuosas en los últimos dos años. 

De esta forma, “el conflicto tiene dos ramificaciones”, explicó el representante de la Amepea, Antonio Herrero, que ayer visitó junto a otros compañeros a los miembros encerrados del comité eléctrico de Endesa. 

Como tercer acto de la batería de protestas, los pasivos se concentrarán el miércoles 29 ante las oficinas de Endesa en un lugar aún por determinar, pero que podría ser Alcañiz o Zaragoza.

Salario en especie retirado

El colectivo de jubilados considera que tanto ellos como los trabajadores de Endesa están sufriendo una “situación de agresión”, por lo que las protestas van dirigidas a “mostrar el malestar” del personal retirado “por la actitud prepotente y avasalladora de la empresa al tratar de eliminar derechos históricos conquistados por los trabajadores a lo largo de las décadas, algunos de los cuales se remontan a un siglo de historia”, explica Amepea en una nota de prensa. 

Según defienden, la bonificación en la tarifa eléctrica –de 19.000 kilovatios al año para los mineros y 30.000 para el personal de la central térmica– tiene “carácter de salario en especie”, por lo que en su día se concedieron a cambio de “masa salarial en la negociación de los sucesivos convenios firmados entre la empresa y los trabajadores”. De esta forma, la indisponibilidad actual se realiza “de forma unilateral por una de las partes firmantes”. 

Los jubilados denuncian que el “único objetivo de Enel-Endesa es sustraer el importe de este salario que pertenece de forma vitalicia a los jubilados de Endesa para repartirlo en forma de beneficios entre sus accionistas, que en un 80% irán a parar a las arcas del gobierno italiano, propietario de Enel, a pesar de que ello suponga condenar a la pobreza energética a miles de jubilados y viudas que, no teniendo una pensión suficiente, no podrán afrontar el pago de la factura eléctrica o acometer una modificación de la instalación de calefacción a otro sistema distinto del eléctrico”, concluye el severo comunicado. 

Un asunto judicializado

En la negociación, Endesa ofreció a pasivos y activos un límite de consumo de 3.500 kilovatios al año, que según la eléctrica coincide con el consumo de electricidad medio anual por hogar en España según los estudios del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Para los excesos de los activos, propuso un Acuerdo Previo de Valoración inferior al precio de mercado y pactado con la Agencia Tributaria. A sus trabajadores les compensaría con 400 euros anuales de complemento salarial, “la diferencia entre el consumo medio de un empleado de Endesa, alrededor de 9.000 kilovatios, y el límite propuesto de 3.500 kilovatios”. A los pasivos les bonificaría un 50% sobre ese precio pactado hasta los 2.000 kilovatios de exceso. 

Sin embargo, los jubilados lo rechazaron frontalmente y agotarán la vía judicial, que por el momento no les es favorable porque la Audiencia Nacional dio la razón a Endesa. Los pasivos elevaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que se espera sea resuelto a finales del primer semestre de 2020.

Entretanto, los pasivos pretenden que el Supremo aplique medidas cautelares –las pidieron el 27 de septiembre– y paralice la sentencia de la Audiencia “para que no haya un perjuicio mayor”, esto es, que nadie deje de poner la calefacción en caso de no poder pagarla.