Los expertos para la Ley de Cambio Climático no definen el mix energético

Garantizar la seguridad energética del país pasa por “evitar que las centrales, sean las que sean”, cierren, y si es necesario hay que pagar a las propietarias para que su capacidad de generación esté disponible en cualquier momento. Así se pronunció el presidente del Comité de Expertos sobre Transición Ecológica, Jorge Sanz, durante su intervención en  el Congreso de los Diputados para presentar las conclusiones de un informe de 500 páginas donde un equipo de 14 personas –cuatro designados por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, siete en representación de los grupos parlamentarios y tres a propuesta de CCOO, UGT y la CEOE– ha analizado distintos escenarios energéticos a medio y largo plazo que servirán de referencia para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Aunque el escenario base del informe –titulado Análisis y propuestas para la descarboniza-ción–, que lleva algunos meses redactado pero no fue presentado hasta ayer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso, no prevé la presencia energética del carbón en el horizonte 2030, Sanz aclaró que el grupo de expertos no trabajó desde julio del año pasado para “adivinar el futuro” ni “resolver el mix energético”, pues “eso le corresponde al Gobierno”.

Con respecto al carbón, dijo que lo que han hecho los expertos es, “bajo determinadas hipótesis de precios (de materia prima), con más o menos potencia de carbón instalada”, ver “qué pasa con las emisiones, qué pasa con los precios (de la electricidad) para que alguien tome la decisión”. Pero “no opinamos sobre si hay que cerrar o no el carbón, eso es una decisión política”.

Por tanto, no será hasta la presentación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de que finalice el año, cuando se conocerá qué tecnologías están abocadas a desaparecer a corto plazo en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos ambientales comprometidos por España en el marco del Acuerdo del Clima de París.

“Nunca habría una posición consensuada sobre si tenemos o no que prescindir de una tecnología”, sino que lo que hace el informe es “simular un escenario con y sin ella, calcular los impactos y ya decidirá el Gobierno con argumentos políticos lo que hay que hacer”, matizó Sanz.

Pagos por capacidad

El informe no toma posición, aunque asesora sobre todas las aristas del cambio de modelo energético y la supresión paulatina de las fuentes de energía convencionales como el carbón o las nucleares.

Si no se garantiza a las eléctricas la recuperación de las inversiones en sus centrales –dijo Sanz de forma genérica aunque se podría concretar en las que tiene que hacer Endesa en la térmica de Andorra para que esta siga funcionando más allá de junio de 2020–, “puede haber consecuencias” a medio plazo. “Ahora no porque tenemos exceso de capacidad, pero” si las eléctricas “no recuperan sus costes fijos de operación y mantenimiento en algún momento se plantearán cerrar, y ahí pues habrá debate sobre si hay que prohibirles cerrar, algo que es un poco extraño, o si habrá que pagar para que estén disponibles”. Y los expertos proponen “pagar para que estén disponibles y, si no queremos que cierren del todo, pagar para hibernar”.

Respecto a la energía nuclear, Sanz recordó su capacidad para garantizar la seguridad del suministro. También puso en duda que sea buena idea dejar de abonar pagos por capacidad a ciclos combinados en España al tiempo que se consigue esa seguridad de suministro pagando por lo mismo a Francia. “Puestos a garantizar la seguridad, hay que conseguir que nuestras centrales, las que sean necesarias, no cierren. Si tiramos de los ciclos combinados de Francia, algo estaremos haciendo mal”, ahondó.

En todo caso, recordó que "hay que hacer cambios" pero es preciso conocer las consecuencias de elegir un escenario u otro porque "las decisiones no son gratuitas" y la sociedad ha de saberlo. "Todo hay que hacerlo progresivo, intentando amortiguar los efectos sobre los perdedores. Aquí va a haber impactos, hay que minimizarlos y la sociedad tiene que asumirlos", resumió.

Electrificar para descarbonizar

Pese a que hizo un guiño a que las energías tradicionales no desaparezcan de la noche a la mañana, Sanz consideró que promover la electrificación desde el Gobierno es la forma más barata de descarbonizar la economía frente a otras, como los biocombustibles, que según él son mucho más caras y son “a costa” de la deforestación en otros países.

Entre los escenarios analizados por el grupo, el presidente de la Comisión de Expertos advirtió de que será "difícil" alcanzar los objetivos de renovables en la demanda final de energía si no se obtiene un nivel "suficiente" de electrificación de la economía ya que en la actualidad la electricidad supone el 23% de la demanda final de energía en España.

En cuanto a la fiscalidad ambiental, plantea una "nueva definición" de los impuestos ambientales, que se dirija al pago por los costes ambientales y no a la mera recaudación. Esto pasaría por eliminar algunos impuestos actuales, como a los hidrocarburos y crear un impuesto a las emisiones de CO2 y otro para las emisiones de otros gases contaminantes como el NOx o el SOx para que "todo el mundo" pague en función de lo que emita y contribuir así al principio de que "quien contamina paga".

Otra de las propuestas para descarbonizar la economía y que la industria internalice los daños ambientales sería proponer el establecimiento en la UE de aranceles al CO2 de los productos que se importen.

Sanz admitió la incertidumbre pero señaló que el futuro en el sector del transporte pasa por los vehículos eléctricos y que, por ejemplo, el gas será "importante" en el transporte marítimo.

"Va a haber cambios y al final ganará el que sea el más barato (...). Hágase con prudencia. No apostemos cantidades ingentes a un solo caballo no vaya a ser que el que acabe perdiendo sea el consumidor", advirtió.

Durante la Comisión para la Transición Ecológica celebrada en el Congreso, el diputado del PP Guillermo Mariscal valoró el informe para abandonar las dicotomías políticas en un asunto que "va más allá de una legislatura" e incluso de una generación. A este respecto, destacó que el informe advierte de que la supresión "inmediata" de la energía nuclear tendrá como consecuencia un aumento del precio, de las emisiones contaminantes, que se suman al coste y a la capacidad de desmantelar las centrales nucleares cuando cumplan 40 años de vida útil.

Pilar Lucio (PSOE) subrayó que la transición energética es el gran reto y el objetivo prioritario es reducir las emisiones de CO2 para evitar el incremento de la temperatura global, pero hay que hacerlo en condiciones de seguridad de la red y coste eficiente.

Juan López de Uralde (Unidos Podemos) dijo que el carbón "no tiene un papel en el sistema sostenible y vaticinó que desaparecerá en un periodo "bastante corto". Si bien, discrepó en la postura de los expertos en cuanto al respaldo a la energía nuclear durante la transición porque, según aseguró, es posible, según estudios, prescindir del carbón y de la nuclear de forma simultánea, al tiempo que consideró que las interconexiones dificultan el logro de los objetivos ambientales.