Los convenios de infraestructuras Miner pendientes se firmarán en noviembre

Los 25 convenios específicos de infraestructuras pendientes del plan Miner 2013-2018 a los que el Consejo de Gobierno autonómico dio el miércoles luz verde para su cofinanciación se firmarán, junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “antes de finales del mes de noviembre”, según especificó ayer en las Cortes de Aragón el director general de Energía y Minas del Ejecutivo regional, Sergio Breto. La oposición criticó la escasa ambición que, a su juicio, tienen algunos de los proyectos  de cara a la transición justa de las comarcas mineras y pide al Ejecutivo autonómico una “reindustrialización eficaz”.
Breto compareció este jueves en Comisión de Industria de las Cortes de Aragón, a petición del consejero del ramo, Arturo Aliaga, y del PP para exponer las líneas generales de su negociado en la presente legislatura, marcada por los procesos de descarbonización y de transición justa que ha de guiarse por el marco estratégico que dibuja el Plan Estratégico de Energía y Clima.
El director general aseguró que Aragón está “entre las Comunidades Autónomas más diligentes” en preparar los convenios Miner pendientes después del enésimo retraso que ha llevado su tramitación desde que el Tribunal de Cuentas detectara a principios de este año “deficiencias e irregularidades” en la justificación de parte de los 1.786 millones de euros concedidos en subvenciones durante la aplicación de los planes del carbón entre los años 2006 y 2017.
Los 25 convenios, que según Breto propiciarán la creación de “más de cien empleos”, “se firmarán antes de finales del mes de noviembre”, cerrando de esta forma el Miner 2013-2018.
El Instituto para la Transición Justa aportará el 75% de los 16.135.694 euros que supone la financiación de estos proyectos, mientras que el Gobierno de Aragón afrontará el 25% restante. 
Entre los proyectos figuran algunos muy demandados como la ampliación del hotel balneario de Ariño, que requiere una inversión de 3,8 millones de euros y que supondrá la creación de 27 puestos de trabajo.
Sin embargo, también hay iniciativas que han levantado controversia. En una nota de prensa, el diputado autonómico de Ciudadanos por Teruel, Ramiro Domínguez, consideró que los proyectos aprobados, en general, son “poco ambiciosos”, pues “el Miner no puede utilizarse para financiar calderas de biomasa, centros de interpretación, alumbrado público o depósitos de agua”, criticó. 
Ramírez recordó que el objetivo del Plan Miner es fomentar la instalación de empresas y actividades productivas que compensen el empleo perdido por el cierre del carbón y evitar así la despoblación de esos municipios. “El informe de la Cámara de Cuentas aragonesa ya arrojó luz sobre cómo los distintos gobiernos autonómicos habían despilfarrados millones de dinero público. Es necesario cambiar esta tendencia y, algunos de estos proyectos, nos indican que se están repitiendo los errores del pasado”, añadió.
Por su parte, el diputado de IU, Álvaro Sanz, subrayó ayer en la Comisión de Industria que hay seis proyectos “con cuestiones de corte municipal que poco tienen que ver con las alternativas industriales y económicas que se persiguen en la zona”. Además, pidió “garantizar criterios objetivos” en la gestión del Miner que sirvan para que “no se convierta en un reparto discrecional de fondos que acaban sirviendo para servicios ordinarios”.

Transición Justa
La Transición Justa, junto a los proyectos de centrales de energías renovables que proliferan en Aragón, protagonizó la comparecencia de Breto. El director general destacó la presencia del Gobierno de Aragón en la Plataforma europea de Regiones de Carbón en Transición, y dijo que forma parte del Equipo País que representa a España en la misma, pero nada comunicó acerca de sus avances.
Relató el conjunto de reuniones que lleva el proceso del Convenio de Transición Justa de Aragón, con visitas de la ministra al territorio y de su equipo –la última el pasado 27 de febrero–. Recordó que 67 agentes han presentado 114 propuestas y que se están valorando las más viables, maduras y que puedan ejercer de “tractores para tirar de la economía de la zona”. En cuanto al Miner 2019-2027, afirmó que pronto se resolverá la primera convocatoria de proyectos empresariales, gestiones que lleva el Instituto para la Transición Justa con la colaboración del IAF. 
Sobre el informe de la Cámara de Cuentas, “no sé lo que pudo pasar”, se limitó a decir el director general, que también recordó que el concurso para la adjudicación de la capacidad de conexión a la red eléctrica que deja libre la central térmica incorporará, además de criterios técnicos y económicos, otros “sociales y medioambientales”, pero “está por ver cómo se hace”.
Concluyó diciendo que hay que “estar preparados” para aprovechar los nuevos fondos europeos que lleguen, pues “bastante desgracia sería que nos vinieran dineros y no fuéramos capaces de gestionarlos”.

Críticas
Las explicaciones de perfil técnico de Breto no convencieron al diputado del PP, Sebastián Contín, que cargó las tintas contra la gestión política de Arturo Aliaga. “La realidad es que el PAR había prometido que antes del cierre de la térmica habría un plan alternativo y ni hay reindustrialización ni se la espera”, sino que “la única realidad es el cierre de la oficina de la Seguridad Social en Montalbán” como muestra, dijo, del “verdadero optimismo” del Ejecutivo autonómico.
“Sánchez, Lambán y Aliaga han incumplido con Teruel”, aseguró Contín, e insistió en que “no hay una reindustrialización eficaz, solo proyectos de placas solares” con los que “jamás se va a crear el volumen de empleo absoluto que creaba la térmica”. “Solo quedan los megavatios, a ver quién tiene la suerte” de adjudicárselos, dijo con sorna. Contín pidió explicaciones por el informe de fiscalización del Miner.
La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras, abogó por “identificar proyectos para trabajar en conjunto” por una “transición energética justa, abogando por el uso de las energías renovables” pero sin descuidar el paisaje.
En la misma línea se pronunció Marta Prades (Podemos), a quien le preocupa “que la instalación de proyectos renovables genere conflicto” con los intereses del turismo sostenible”. Prades habló de la “mal llamada transición justa” y exigió que se cuente con el territorio y se regule el autoconsumo.
Marta Fernández (Vox) puso de relieve la “gran dependencia energética española” y lo “injusta” que está siendo la transición energética por ser España la primera en descarbonizar mientras compra carbón fuera. 
Jesús Guerrero, en nombre del PAR, alabó “el rigor y exactitud” de Breto en un momento de “punto de inflexión” en el que destacó el incremento de megavatios llevado a cabo por la Administración “siempre con la ley en la mano”.
Por su parte, Sergio Ortiz (PSOE) defendió que la apuesta aragonesa por las renovables puede ser una oportunidad para la recuperación económica en tiempos de pandemia.