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Los 26 proyectos de infraestructuras Miner dependen de 190 millones improbables
Transcurridos 5 de los 6 años del Plan del Carbón, Madrid sólo ha librado el 24 por 100 de los fondosEl Gobierno de España debería presupuestar 190 millones de euros este año en el capítulo de Infraestructuras si pretende cumplir este apartado del Plan del Carbón 2013-2018 del que Aragón todavía no se ha beneficiado. El Ejecutivo autonómico espera firmar pronto con el Ministerio de Energía un convenio para impulsar los 26 proyectos priorizados en la región el año pasado, cuya financiación dependerá del cumplimiento del Miner.
En 2016, el gabinete que preside el ministro Álvaro Nadal liberó 30,6 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el desarrollo de proyectos de infraestructuras y de restauración de minas que fueron a parar “fundamentalmente al cierre de expedientes de convenio anteriores” al plan vigente “con el Principal de Asturias y Galicia”, indica el Ministerio en la documentación aportada a los sindicatos en la reunión de esta semana para hacer seguimiento de la ejecución del Miner.
“En 2017 se mantuvieron los 30 millones de euros en el crédito presupuestario”, si bien se destinaron al “cierre de convenios específicos”, también de “planes anteriores con Castilla y León”. Asimismo, se procedió a la firma de un nuevo convenio marco de colaboración con el Principado de Asturias, esta vez, ya sí, dentro del Marco actual.
Por tanto, de los 250 millones de euros para el capítulo de infraestructuras del Miner que el Gobierno, los sindicatos mineros y la patronal Carbunión firmaron para el periodo 2013-2018, sólo se han liberado 60,6 millones de euros que apenas han servido para financiar nuevos proyectos.
“Quedan 190 millones en el limbo”, aclaró el director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez, que ha propuesto al Ministerio “que los ejecute de golpe”, si bien reconoce que al ritmo presupuestario actual es una quimera.
31,7 millones priorizados
El Gobierno de Aragón espera que Energía le cite en breve para firmar el convenio marco, que recoge “una declaración de intenciones y una relación de 26 proyectos que ya están relacionados y cuantificados”, explicó Gómez.
El preferente, por inversión y empleo a generar, es la residencia de Mequinenza (Zaragoza), presupuestada en 5,3 millones de euros. Le sigue la ampliación del balneario de Ariño, que requiere una inversión de más de 3 millones de euros para ampliar las habitaciones y la zona termal, lo que garantizaría la creación de 27 nuevos empleos que se sumarían a los 55 actuales. El tercer proyecto en prelación es el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa, con 480.000 euros de inversión.
En total, los 26 proyectos priorizados prevén una inversión de 31,7 millones de euros (6,8 para infraestructuras, 7 para restauraciones mineras y 17,9 para otros proyectos).
Por tanto, solamente si el Gobierno cumpliera con este capítulo del Plan del Carbón podría albergarse la posibilidad de que se ejecutaran todos. Según explicó Gómez, por porcentaje de población minera a Aragón le corresponderán entre un 10 y un 15por 100 de los fondos totales. “Sobre 30, nos podrían llegar unos 5 millones y, sobre 250, unos 40”, elucubró el director general, quien explicó que, en virtud del convenio, “por cada 5 euros que pone el Ministerio, el Gobierno de Aragón debe poner uno”. El Presupuesto de Aragón de este año tiene un millón de euros en previsión, lo que muestra el escepticismo con el que la Administración regional aborda esta cuestión.
Sin financiación clara
Tras firmar ese convenio marco, una comisión mixta compuesta por tres miembros del Ministerio y dos de la Comunidad Autónoma realizará un estudio de estos 26 proyectos y elegirá los que se vayan a ejecutar, profundizó Gómez. Acto seguido, se firmarán los denominados “convenios específicos”, que han de estar suscritos antes de que acabe 2018.
No obstante, hasta que no se aprueben los PGE de este 2018 no se sabrá “qué fondos vendrán ni cuándo”, manifestó el director. Aragón y Asturias piden un periodo de ejecución hasta 2023, mientras a Castilla y León le sirve 2022 como referencia.