Las siete personas fusiladas localizadas en la fosa común de Alcañiz podrían ser vecinos de Valdealgorfa, Valjunquera, Calanda y la capital del Bajo Aragón

Localizar a las familias e identificar a las siete personas que están en la fosa común localizada el jueves en el cementerio de Alcañiz. Ese es el trabajo a realizar por Pozos de Caudé y el equipo antropológico de ahora en adelante. La primera hipótesis con la que trabajará el equipo de trabajo es que los restos encontrados podrían ser los de siete hombres que fueron fusilados en la tapia del cementerio el 17 de mayo de 1940. 

Parten de la investigación publicada por el historiador José María Maldonado, que documentó hasta 72 fusilados en Alcañiz a partir de 1938. En el registro elaborado por el historiador alcañizano sólo consta un único fusilamiento de un grupo de siete personas. El resto son ejecuciones individuales o de grupos de dos, tres, cuatro o cinco personas...

El único grupo de siete fusilados a la vez que consta en el listado elaborado por Maldonado es el formado por cuatro vecinos de Calanda (José Caldú Palos, Manuel Hueso Cases, Benito Piquer Franco y Miguel Timoneda Gazulla), un vecino de Alcañiz (Ángel Andreu Aznar), otro de Valdealgorfa (Benito Antolí Saura) y uno de Valjunquera (Joaquín Bel Gazulla). 

Este grupo fue ejecutado el 17 de mayo de 1940 en la tapia del cementerio. Según el director de la excavación, “con todas las precauciones del mundo partiremos de la hipótesis de que puede tratarse de este grupo, aunque no tendremos la seguridad absoluta hasta que haya un estudio antropológico y de ADN que coincida con el de sus familiares”. No en vano, “la documentación que tenemos es la investigación de José María Maldonado, pero no sabemos si pudo haber alguna otra saca de siete que no haya quedado registrada, por eso hay que ir con precaución”, añadió.

Para elaborar su listado, el historiador alcañizano realizó una exhaustiva investigación en la documentación obrante en el juzgado de Alcañiz con comprobaciones en las actas del Ayuntamiento, según manifestó a preguntas de este periódico. En este sentido, consideró que la hipótesis de que se trate de este grupo de siete es factible. 

Según comentó, al tratarse de personas ejecutadas en mayo de 1940, terminada la guerra civil, “probablemente tuvieron un juicio militar, porque todos los fusilados del Franquismo lo tuvieron, aunque lo cierto es que con acusaciones irrisorias y con abogados franquistas”. A la mayoría, continuó el historiador, “se les acusaba de haber estado presentes en algún lugar determinado, porque normalmente no se les podía acusar de delitos de sangre al no tenerlos. Los que los tenían habían huido a Francia, mientras que los que acabaron fusilados eran personas que, acabada la guerra, volvieron a su pueblo porque estaban convencidos de que no tenían nada que temer”.

En cualquier caso, localizada la primera fosa, queda por delante un trabajo de investigación largo y “lo será más o menos, en función de la financiación que consigamos. Si la hay será largo, y si no, se puede eternizar”, advirtió el director del proyecto de prospección.

A partir de este momento, “tenemos que estudiar los restos en laboratorio con tranquilidad, localizar a las familias, si todavía no han aparecido, intentar hacer pruebas de ADN e identificar algunos de los restos, y así estaríamos seguros, pero todo eso son meses y meses de trabajo”, añadió Javier Ruiz.

En cuanto la fosa esté completamente documentada, se procederá a la exhumación de los restos, puesto que “tenemos solicitudes de familiares de distintas sacas. Hay que identificarlos para tener seguridad de quiénes son”, añadió el arqueólogo. 

La exhumación de los siete cuerpos se realizará individualmente. Cada cuerpo recibirá un número de identificación. El primero que se levantará es el último que se echó a la fosa y así hasta el primero. “Los restos individualizados se meterán en cajas numeradas que se llevarán al laboratorio antropológico de Zaragoza, y veremos a ver si el año que viene se puede realizar el análisis de ADN”.

Una tercera fase

Los trabajos actuales están financiados por el ministerio de Justicia, pero para el estudio antropológico y de ADN se requerirán fondos adicionales. Francisco Sánchez, presidente de Pozos de Caudé, asociación que ha promovido este trabajo de investigación en Alcañiz, indicó que “esperamos que el Gobierno de Aragón saque ayudas, que consigamos algo del Ayuntamiento de Alcañiz, de la Comarca del Bajo Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel para poder continuar con una tercera fase y conseguir devolver los restos a las familias”.