Las Cortes de Aragón rechazan el cierre de la térmica de Andorra en 2020 y exigen a Endesa un plan "suficiente"

El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado este martes el anuncio de cierre de la Central Térmica de Andorra y ha exigido a la empresa propietaria, Enel-Endesa, que se implique en el territorio con un plan "suficiente, cuantificado y negociado".

La cámara ha aprobado una proposición no de ley resultado de la transacción de las iniciativas de impulso al Gobierno presentadas por PAR, CHA e IU junto con las enmiendas de Cs y PP, que ha apoyado el PSOE y ante la que se ha abstenido Podemos, mientras que ha rechazado una iniciativa del mismo asunto registrada por la formación morada.

Con esta iniciativa aprobada, el Parlamento regional ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que no autorice el cierre en 2020 y que ambas partes trabajen "sin dilación", con el consentimiento de la UE, para alargar la actividad productiva de forma que se pueda llevar a cabo una "transición justa" con las medidas "necesarias" de inversión y creación de empleo.

Han insistido en que el Ejecutivo central no debe caer en el "error histórico" de autorizar el cierre a cambio de un plan de inversiones, "dada la experiencia de estas tres últimas décadas" y han reclamado que se acometa una planificación "viable, coordinada y coherente que no deje a nadie atrás", articulando un plan social de transición.

Otras medidas son que se acompase la prolongación de la actividad de la central a la implantación de medidas extraordinarias que "mitiguen el impacto" del posterior cierre y que se elabore un plan estratégico de desarrollo económico para atraer nuevos proyectos junto con los ayuntamientos y los agentes sociales y económicos.

Las Cortes han apostado por conformar "un frente común" para "trabajar de forma colectiva, generosa y respetuosa" y también han pedido que la ministra, Teresa Ribera, visite la zona "a la mayor brevedad" para exponer su plan de medidas. También, que se priorice el desarrollo de Andorra y su comarcas, y que se constituya una unidad de trabajo para promover la diversificación económica y la reindustrialización. El pleno ha reiterado su "plena solidaridad" con los trabajadores afectados.

Recolocación

Por su parte, el diputado de Podemos Román Sierra ha defendido su iniciativa, en parte igual que la anterior, aunque también ha abogado por exigir a Enel-Endesa que recoloque a los trabajadores y que elabore un plan social incluyendo a las subcontratas de la Térmica.

Ha pedido que se aprueben las medidas concretas con urgencia y se elaboren "contratos de transición justa", que se cree un fondo especial "suficientemente dotado" y que se inviertan los fondos del anterior Plan de la Minería del Carbón que no se invirtieron.

Podemos ha recomendado que el Gobierno de Aragón ejecute las partidas de los Presupuestos de este año destinadas al desarrollo alternativo de las comarcas mineras y su reindustrialización. Román Sierra ha defendido "una transición lo más justa posible" y ha dicho que su iniciativa es "honesta, constructiva".

En representación del PP, Dolores Serrat ha considerado que "es fundamental trabajar por el bien del territorio" y ha subrayado la voluntad del PP de "trabajar en las soluciones de futuro".

Desde el PSOE, Leticia Soria ha dicho que "algo no funciona" porque "no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo", como sí lo consiguieron los Grupos Municipales del Ayuntamiento de Andorra, aunque "parece que hemos avanzado más que hace unos días".

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha comentado que "en la Europa de los ciudadanos se obliga a hacer inversiones para contaminar menos" en beneficio de las políticas de desnitrificación, apuntando que en Polonia se están construyendo cuatro centrales.

Para el diputado del Cs Ramiro Domínguez, "tenemos que poner a las empresas que vengan una mopa" y ha avisado de que "el problema es que se nos cae una zona, la provincia de Teruel y Aragón".

Por el Grupo Mixto han intervenido Gregorio Briz y Patricia Luquin, indicando el diputado de CHA que "ha habido un semi-consenso", mientras que la parlamentaria de IU ha afirmado que la empresa "tiene responsabilidad" y que "es obligatorio" que elabore un plan de acompañamiento.