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La viuda de uno de los guardias civiles asesinados por Feher pide la citación del Estado como responsable civil subsidiario La viuda de uno de los guardias civiles asesinados por Feher pide la citación del Estado como responsable civil subsidiario
Gustavo Alcalde era delegado del Gobierno en Aragón cuando se produjo el triple crimen de Andorra

La viuda de uno de los guardias civiles asesinados por Feher pide la citación del Estado como responsable civil subsidiario

La acusación solicita la declaración del delegado del Gobierno, el subdelegado y el teniente coronel
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La acusación particular que ejerce la viuda de Víctor Jesús Caballero, uno de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por Norbert Feher, solicita al Juzgado de Instrucción número 2 de Alcañiz que instruye la causa la citación el Estado como responsable civil subsidiario por “omisión” del triple asesinato de Andorra del pasado 14 de diciembre. 

En concreto, el abogado que representa a esta parte, Mariano Tafalla, requiere la personación del exdelegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; el subdelegado en funciones del Gobierno en Teruel, José María Valero y el teniente coronel de la Comandancia de Teruel, José Rafael Soler, para que expliquen las comunicaciones y actuaciones solicitadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a sus mandos para la averiguación, búsqueda y detención del autor de los asesinatos frustrados en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre.

También pide las comunicaciones entre Delegación, Ministerio del Interior y Subdelegación del Gobierno, y un informe de los medios dispuestos por cada una de estas tres partes para la detención de Feher tras el doble intento de homicidio, así como para la localización de los autores de los robos en multitud de masicos de Albalate y Andorra desde mediados de noviembre. 

Delegación y Subdelegación son “las instituciones que ostentan el mando directo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en la provincia de Teruel, asevera esta acusación en su escrito de petición de nuevas diligencias de instrucción. 

Tras la primera fase de la instrucción, que ha comprendido las declaraciones de testigos presenciales en las escenas del crimen, esta parte entiende que no se efectuó un “trabajo eficaz” tras los disparos de Albalate para la localización, detención y puesta a disposición judicial del autor.

Si bien reconoce que hasta la detención de Igor el Ruso no se supo de su identidad, el letrado apunta que Feher “permanece en la misma zona durante más de 15 días, con todo un equipo y arsenal de enseres”, por lo que cree que hubo “falta de actuación de la Guardia Civil, posiblemente por falta de medios en su busca”, que a la postre desencadena que éste “pudiera matar de forma sorpresiva” tanto a los dos miembros de la patrulla ROCA como al ganadero José Luis Iranzo.

Cree que hubo “omisiones”

Tafalla considera que hubo “omisiones” por parte de la Guardia Civil “como centro y persona jurídica dependiente del Estado” y le recrimina “el no haber realizado actuación concreta sobre Norbert Feher y hacer inseguro el trabajo” de Caballero. 

La acusación quiere saber por qué no se localizó y detuvo a Feher tras los asesinatos frustrados, los robos y las órdenes internacionales que pesaban sobre él por dos asesinatos en Italia. 

Recuerda que el 5 de diciembre se produjeron “varios disparos con arma corta” en Albalate y que la munición utilizada “no es habitual en España”, pero sí en Italia. 

Antes de este suceso, Italia cursó “ODE y Comisión Rogatoria a las autoridades españolas”, advirtiendo de la posible presencia de Feher en territorio español y poniendo en conocimiento que había huido de Italia tras cometer dos homicidios, al igual que robos en zonas rurales.

Tafalla recuerda que la jueza se ha negado a acumular los procedimientos, por lo que desconoce qué unidades y medios se utilizaron para la detención de Feher tras los disparos de Albalate. 

Por otra parte, enumera el arsenal de logística que portaba el asesino, “más de 15 bultos” que, para este abogado, “es imposible” que lo pueda trasladar de uno a otro lado “si no ha sido ayudado”.

Tampoco se explica esta acusación particular cómo es posible “no localizar a una persona con tales efectos”, cuando en realidad “monta un auténtico campamento”. 

Echa en falta dotación especializada para la detención de una persona que ha cometido un doble asesinato frustrado con arma de fuego, pone en cuestión la suficiencia de la batida que el capitán de la Guardia Civil en Alcañiz lidera el mismo día 14 (seis agentes y la presencia del propio Iranzo) y califica de improvisada la orden dada a los miembros del equipo ROCA para identificar el vehículo en el que escapaba Feher, “sin reparar en la emboscada a la que se enfrentaban”, cuando “por todos los hechos previos era previsible”. 

Por último, el letrado asegura que la única medida de seguridad de los guardias es el chaleco antibalas, que “no impide su fallecimiento”.

“El riesgo padecido por todos” los agentes “lo notan todos cuando afirman” en sus testificales “que pudieran haber fallecido todos, al ser todos ellos blanco fácil, dada la forma de actuación llevada a cabo”, expone. 

Todo ello, prosigue el escrito de petición de diligencias, evidencia la “falta de actuación previa, al día de los asesinatos, la falta de prevención y de previsión”, así como denota “cierta actuación que más bien parece improvisada, al no conocer los mandos ni el lugar que buscan”. 

Todo ello contrasta, concluye Tafalla, con la rapidez con que las Fuerzas y Cuerpos localizan, identifican, detienen y ponen a disposición judicial a Feher tras el triple asesinato. 

Chaleco antibalas

La viuda de Caballero intentará que en el proceso penal contra Feher se determine también la responsabilidad civil subsidiaria del Estado en cuanto a la falta de medidas de prevención en el trabajo que, considera, se dieron el 14 de diciembre. 

Por tanto, si comprueba que se incumplieron las medidas de seguridad a las que se refiere el decreto de prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, dirigirá la causa contra aquellas personas legalmente obligadas a prestar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. 

Las diligencias se centrarían en averiguar por qué Caballero llevaba un chaleco dos tallas inferior a la suya (L en lugar de XL) y las órdenes dictadas para la detención del autor del doble intento de asesinato de Albalate.