La reunión entre la DGA y las empresas no desbloquea las obras del hospital de Alcañiz

La situación de parálisis de la obra del nuevo hospital de Alcañiz -de la que se ha ejecutado apenas un 10%- sigue sin desbloquearse, después de la reunión mantenida el lunes por la mañana entre representantes de la UTE adjudicataria del contrato -formada por OHL y Dragados- del Salud y del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. La compañía concesionaria presentó lo que fuentes del Salud calificaron como “una serie de propuestas técnicas” al proyecto que “a partir de ahora van a ser analizadas y valoradas”.

De poco más ha querido informar el departamento de Sanidad tras una reunión que se fijó en el último día del plazo dado por el Gobierno de Aragón a la UTE para que retomara los trabajos tras meses sin avanzar. Fuentes de la consejería informaron de que las modificaciones presentadas son de carácter “técnico”, no económicas, pero no dieron detalles sobre su contenido. 

Estos cambios serían en principio distintos al modificado del proyecto que la UTE presentó semanas atrás con el fin de ahorrarse costes en la obra. La dirección facultativa lo rechazó.

Los cambios técnicos introducidos ahora se “estudiarán de forma detallada”, según fuentes del Salud, que no precisaron si se ha dado algún tipo de plazo a la empresa para que reanude las obras, entre tanto se estudia su propuesta. 

Según la poca información que trascendió del encuentro, la resolución del contrato con la UTE adjudicataria de las obras no se puede dar por hecha, pero si se produce en algún momento, no será de un día para otro, es decir, que tendrá su procedimiento y no será inmediatamente. 

Desde el Gobierno de Aragón insistieron en que hay que esperar a que los técnicos del departamento estudien la propuesta técnica de OHL y Dragados y emitan un informe sobre su contenido, su viabilidad o legalidad. La documentación es “ardua”, añadieron.

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, deseó que la documentación presentada por la concesionaria “se estudie a partir del martes y nos cuenten cuanto antes en qué consiste”. El regidor hizo hincapié en que el plazo de la obra corre y que la terminación, según el contrato, ha de estar lista a finales de 2021. “Espero que esta cuestión se resuelva lo antes posible, sea cual sea la decisión, tanto si la empresa ha presentado algo que es viable, como si no lo es”. En este sentido, manifestó que “si no es una propuesta adecuada, lo que queremos es que el contrato se resuelva cuanto antes y que se inicie el camino para que las obras sigan y concluyan en esta legislatura, porque hay que tomar decisiones ya y con suficientes garantías”, añadió.

Las obras del centro sanitario del Bajo Aragón fueron adjudicadas a OHL y Dragados por un precio que rozó la baja temeraria, tras presentar la UTE una propuesta económica un 28,8% por debajo del precio de licitación. 

Esta circunstancia ha marcado el desarrollo de la obra, cuya evolución ha sido puesta en cuestión desde que se colocó la primera piedra en octubre de 2017. Primero, la empresa tuvo dificultades para que las empresas de la zona aceptaran trabajar para ella en las condiciones que ofrecía. A los tres meses de aquel acto protocolario, una empresa subcontratada en Zaragoza dedicó varias semanas a vallar la parcela y hasta marzo de 2018 no se vieron los primeros movimientos de tierra en los terrenos. La estructura tomó forma en los meses de abril y mayo de 2019, pero desde entonces la obra está prácticamente parada.

Actualmente, la estructura del edificio principal está completamente levantada. Junto a ella, hay tres grúas, pero no hay visos de movimientos ni de trabajos de operarios en los terrenos. Una imagen muy distinta a la que se vio el pasado mes de febrero durante la visita que realizó la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, a las obras, cuando había medio centenar de trabajadores.

La construcción del hospital de Alcañiz fue anunciada por el Gobierno de Aragón en el año 2005. En los 14 años que han transcurrido desde entonces, la obra ha estado marcada por la polémica, primero por la intención del Ejecutivo PP-PAR de realizar la obra mediante un sistema de colaboración público privada  y después por la rescisión de aquel contrato y la lentitud con la que el actual Ejecutivo ha gestionado el proyecto.