La deuda del IBI de Motorland alcanza más de un millón de euros

La deuda que la Ciudad del Motor de Aragón mantiene con el Ayuntamiento de Alcañiz por el IBI de sus edificios no tiene, de momento, visos de solución. Tras algún conato de negociación para conseguir un aplazamiento a 10 años que no ha llegado a ninguna parte y una petición por escrito para que se bonifique el 95 por 100 de la cuota íntegra vía ordenanzas fiscales, el Gobierno de Aragón ha terminado poniéndose al día en el pago de los recibos ordinarios. Aún así, la sociedad pública confirma que mantiene un débito de 769.289 euros correspondientes a recibos de los años 2012 a 2015. Sumando recargos, intereses de demora y gastos de notificaciones, la cifra alcanza 1.060.000 euros, según informó el servicio de tributos de la Diputación de Teruel, encargado de recaudar el IBI de Alcañiz.

La deuda del IBI de Motorland tiene su origen en la regularización catastral que comenzó el Ayuntamiento de Alcañiz en los últimos años del gobierno IU-PSOE, cuando se actualizó la situación de inmuebles del casco urbano y polígonos industriales que, hasta entonces, estaban pagando como si fueran solares o zonas rústicas. Este procedimiento continuó con el gobierno del PP. En 2014, se había actualizado la situación tributaria de 3.000 inmuebles.

No fue hasta 2015 cuando se regularizó la situación catastral de los edificios de la Ciudad del Motor de Aragón que, hasta ese momento, pagaban el IBI de rústica. El Ayuntamiento de Alcañiz, a través del servicio de recaudación de tributos de la Diputación de Teruel, reclamó a la empresa pública una liquidación de 801.522 euros, correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015. Al igual que había hecho con el resto de inmuebles, se reclamó por lo máximo que permite la ley con carácter retroactivo, cuatro ejercicios.

El Consejo de Administración de la empresa pública solicitó un aplazamiento del pago de 10 años y con una dispensa de constitución de garantía, según informó el departamento de Economía del Ejecutivo. La empresa propuso hacer frente a esa deuda con cuotas 80.152 euros, alegando que su situación financiera de pérdidas le hacía imposible atender a todas sus obligaciones.

Según el Gobierno de Aragón, la primera petición de aplazamiento de la deuda se tramitó el 9 de julio de 2015, y el nueve de enero de 2017 volvió a reiterarse la misma solicitud de aplazamiento por los cuatro ejercicios reclamados, además de por la liquidación del IBI de 2016, que ascendía a 278.455 euros. 

Finalmente, según fuentes del departamento de Economía, se abonaron 32.224 euros de la deuda correspondiente al periodo 2012-2015, además de la liquidación de 2016. Igualmente, en diciembre del año pasado, la Ciudad del Motor abonó los recibos de 2017, que ascendían a 294.878 euros, con lo que se habría puesto al día del pago de sus recibos ordinarios, quedando pendientes 769.289 euros del IBI de la deuda 2012-2015.

Dos aplazamientos

El Gobierno de Aragón insistió en que ha buscado un aplazamiento desde el primer momento, requiriéndolo “en dos solicitudes, en 2015 y 2017” y que “hasta la consejera de Economía y presidenta del Consejo de Administración, Marta Gastón, se dirigió por escrito al Ayuntamiento de Alcañiz en diciembre de 2016” pidiendo que “se regule en las ordenanzas municipales del Ayuntamiento una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra de los inmuebles” del complejo del motor”. No ha obtenido respuesta, según fuentes de Economía.

Aunque un año atrás hubo una reunión entre representantes del Ejecutivo, del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para dar una salida al aplazamiento, no hubo ninguna concreción. A finales del  año pasado, la DPT reclamó al Gobierno de Aragón unas garantías de pago de la deuda, pero no hubo respuesta, según fuentes de la institución provincial, lo que ha sido interpretado con que este aplazamiento quedaría sin efecto. En este sentido, la DPT podría solicitar una providencia de apremio para el pago de los 769.289 euros que quedarían pendientes o incluso podría iniciar el embargo de bienes de la empresa pública, porque la deuda pasa a ser “ejecutiva”, según fuentes de la institución.

“Flexibilidad”

En relación a los avales requeridos, la empresa pública considera que está exenta de la obligación de aportar garantías, por ser una entidad participada por tres administraciones públicas, entre ellas la propia DPT. Es por ello que el departamento de Economía lamentó que no hayan sido aceptadas sus “reiteradas” peticiones de “flexibilidad”, al tiempo que recordó que los aplazamientos de deuda son figuras “previstas en la legislación tributaria”. Igualmente, el Gobierno entiende que “la solución debe alcanzarse en el seno de la Ciudad del Motor”, en cuyo Consejo de Administración están las tres instituciones públicas.

Intento fallido de acuerdo

La Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Alcañiz y el Gobierno de Aragón mantuvieron a finales de 2016 una reunión para ver cómo se efectuaba el aplazamiento del pago de la deuda correspondiente al IBI de 2012 a 2015. Aunque se planteó un pago a 10 años de los 801.520 euros adeudados, finalmente no hubo ningún acuerdo concreto. El Gobierno costeó sus recibos de 2016 y 2017 y tiene pendiente parte de la deuda anterior.