La Cuenta 2018 del Ayuntamiento de Alcañiz sitúa la deuda en 8,3 millones

El negociado por el que Aquara adelantó 2,3 millones de euros del canon al Ayuntamiento de Alcañiz a cambio de una prórroga del contrato del servicio de agua y alcantarillado de la ciudad fue una operación de crédito y por tanto debe computar como deuda municipal, que al cierre de 2018 se sitúa en los 8,3 millones de euros. Así lo refleja el informe de Intervención sobre la Cuenta General del año pasado que dio a conocer el equipo de gobierno (PSOE-Cs-IU) en una rueda de prensa en la que acusó al anterior ejecutivo local (PP-PAR) de “mentir” y “hacer propaganda” con la gestión económica al tiempo que amortizaba plazas de personal y devaluaba los servicios públicos de la localidad.

“Hay más deuda de la que el anterior equipo de gobierno anunció”, resumió el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quien subrayó que “el punto de partida” del nuevo equipo de gobierno es lidiar con una deuda de 8,3 millones de euros conformada por 5,1 millones de deuda reconocida –Fomenta incluida–, 1,1 millones  del crédito solicitado para pagar las obras de emergencia en el cerro de Pui Pinos y 2,1 millones de euros que faltan por amortizar del crédito de Aquara.

Según aseguró en bloque el nuevo gobierno de la ciudad, desde hace meses existe un informe del Ministerio de Hacienda    –remitido al consistorio previa consulta de Intervención– que confirma que el anticipo del canon “tenía importancia a efectos de cómputo de deuda”. El PP-PAR lo tenía ya sobre la mesa, pero no le prestó atención porque en sus últimos meses de mandato y durante la campaña electoral presumió de haber dejado la deuda en 1,5 millones de euros –Fomenta al margen–.

El informe de Intervención de la Cuenta 2018, que “no es una auditoría” aunque “en 2019 sí habrá auditoría externa”, demuestra que el equipo de gobierno anterior “ocultó el informe de Hacienda”, denunció Urquizu, por lo que las obligaciones de devolución del anticipo quedaron enmascaradas como ingreso extraordinario en 2012 (1,6 millones) y 2013 (0,7 millones).

Intervención señala ahora que “debe regularizarse la contabilidad municipal” y que la concertación de la operación debió seguir “la normativa de haciendas locales y estabilidad financiera”, más cuando había otros instrumentos de financiación en 2012 como “el Plan de pago a proveedores para ayuntamientos con dificultades económicas”.

Dada la anulación de la prórroga del contrato por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 2016, Intervención aconseja “analizar la viabilidad jurídica de incluir en pliegos” de licitación de un nuevo contrato “el cobro anticipado del canon por el nuevo concesionario”, que es lo que el anterior equipo de gobierno pretendía repetir. 

PP-Cs-IU se comprometió  –además de auditar la Cuenta General de 2019– a realizar “un estudio, en el marco de la comisión del agua, para establecer los requisitos básicos del servicio del agua”, que podría ser de “gestión municipal, empresa mixta o externalizado”.

También quiere ahorrar costes en la aportación a la Mancomunidad del Guadalope, pues “la reserva de Alcañiz duplica” el consumo real actaul. 

Urquizu acusó al PP-PAR de amortizar más deuda de la que el buen funcionamiento de la institución y los servicios públicos aconsejan. 

Según la Cuenta General 2018, la deuda se redujo de 2017 a 2018 en 2 millones de euros. “Con esa obsesión, paralizaron el Ayuntamiento de Alcañiz, amortizaron plazas y dejaron de invertir en servicios públicos”, dijo el alcalde actual. 

Por tanto, “ese motor” que constituye el consistorio para una ciudad sin grandes empresas de referencia “ha dejado de funcionar en los últimos ocho años”, dijo Urquizu.

Un millón menos de inversión

La Cuenta General registra un incremento de los gastos de 2,7 millones de euros (el 19,38%) motivado por incrementar el gasto de personal en 0,5 millones de euros, “principalmente por horas extras” de la Policía Local y la Brigada; en bienes y servicios y en inversiones; y en pasivos financieros por amortización anticipada de deuda (dos créditos de 409.000 y 633.000 euros en 2018).

Ello no ha generado incumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero sí la regla de gasto –gastar mucho más de lo que se gastó el año anterior–, por lo que, antes de las elecciones municipales, el pleno del Ayuntamiento se vio obligado a aprobar un plan económico que ha reducido un millón de euros el dinero presupuestado en 2019 para inversiones, entre ellas la nueva piscina cubierta, aseveró el alcalde de la ciudad.

En cuanto a ingresos, han crecido 1,3 millones (7,95%) “por la recaudación del ICIO de las obras del hospital”, indicó el concejal delegado de Hacienda, Javier Baigorri, que ofreció otros pormenores como que el remanente de tesorería ha mejorado (de 0,8 a 1,4 millones) y que, como la deuda ha descendido en 2 millones de euros, “en 2018 cada alcañizano debe 320,67 euros, frente a 450,15 en 2017”.

Además, según Intervención, el Ayuntamiento cumple con el objetivo del límite de deuda pública (33,09%) y el resultado de la actividad ordinaria de Fomenta va a ser, a corto plazo, insuficiente para hacer frente a la carga de la deuda, por lo que se recomienda su reestructuración.

Piden explicaciones

“Han mentido”, dijo la concejal de IU, María Milián, a quien le gustaría que “la exdelegada de Hacienda (Anabel Fernández) y el exalcalde (Juan Carlos Gracia Suso) salieran a decir la verdad” a la ciudadanía.

Milián acusó al PP de vender como único logro”tener las cuenta saneadas” e instó a mirar “cómo está la ciudad a costa de no invertir” en ella. 

El concejal de Cs, Francisco Lahoz, recordó que su grupo ya impugnó la Cuenta General de 2017 y el inventario municipal, y mostró su voluntad de “trabajar todos a una” los tres partidos. 

El anterior equipo de gobierno dejó escapar 380.000 euros en subvenciones

El alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, aseguró que el equipo de gobierno anterior dejó escapar 380.000 euros en subvenciones en 2018, e invitó a “reflexionar” acerca de la aparición de más de 140.000 euros en facturas sin firma de Intervención. 

En cuanto a las ayudas perdidas, destaca la de 200.000 euros para las nuevas infraestructuras de abastecimiento y depuración de aguas en el camping de Alcañiz, de titularidad municipal, además de otras dos por valor de 90.000 euros porque “no se correspondía lo que pedíamos con el objeto de la subvención”, dijo el regidor.

Además, Urquizu desveló que han aparecido varias facturas no autorizadas por Intervención. Una de ellas, de 60.000 euros, en concepto de una campa para guardar los restos del derrumbe de Pui Pinos con tal de facilitar a los vecinos la recuperación de sus enseres que “ni siquiera ha sido útil”, criticó el alcalde. A ello hay que añadir 30.000 euros del área para autocaravanas y 53.500 por la demolición de dos viviendas.

El informe de Intervención en materia de subvenciones cuestiona que el 66,73% del importe de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento en 2018 se realizaran de forma directa, algo que según Urquizu habla de una “gestión muy arbitraria” y sin “igualdad de oportunidades”, pues relega la concurrencia competitiva a la marginalidad.

Además, se constata la realización de horas extras por la Brigada municipal y “gratificaciones extraordinarias por festivos y excesos de jornada de la Policía Local”, que son “contrarias” al plan de ajuste en vigor y no cuentan con la “fiscalización previa” de Intervención.