La Cuenca Minera reclama al ministerio agilidad para conseguir empresas y crear centenares de empleos

Pedía agilidad administrativa el Ayuntamiento de Andorra a comienzos de semana en una rueda de prensa en la que el alcalde, Antonio Amador, se ofrecía para que las comarcas mineras y la provincia en general fueran el emplazamiento idóneo para una industria sanitaria que tiene que crecer en España para no depender del exterior, conjugando así desarrollo, reconversión minera y lucha contra la despoblación. Esta es una más de las ideas que los ayuntamientos, empresarios, sindicatos y otras entidades del territorio han trasladado en las últimas semanas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que ha dado un ultimátum: el 7 de junio finaliza el plazo para remitir aportaciones al proceso de participación del Convenio de Transición Justa. El territorio está cumpliendo, ha enviado ya más de 80 propuestas y ahora, tras los días más duros del Covid-19, espera que el Gobierno también lo haga pisando a fondo el acelerador de la reindustrialización a un mes vista del cierre de la central térmica. De ello dependen centenares de empleos. 
Tal fue el grado de desborde en la Administración General del Estado por la pandemia que, como tantas otras tramitaciones, los plazos del Convenio de Transición Justa de Aragón, lanzado el pasado 24 de febrero, se vieron suspendidos por el estado de alarma. Un paréntesis que se levantará mañana, 1 de junio, por lo que los estamentos que aún no hayan presentado sus aportaciones tendrán toda la semana de plazo para hacerlo. 
A falta de saber qué empresa o empresas se quedarán con el nudo de evacuación de 1.050 megavatios (MW) que dejará libre la térmica, el Ayuntamiento de Andorra urge a los gobiernos de España y de Aragón que agilicen al máximo la tramitación administrativa de proyectos renovables que ya se pueden empezar a construir, como la central fotovoltaica Mudéjar, que comprende 678 MW en Andorra. 
Para el alcalde de Andorra, Antonio Amador, el proyecto será un revulsivo generador de empleo tras el cierre de la térmica, por lo que sujetará población. Se estima que podrían estar trabajando 700 personas durante dos años en su instalación. Enel (216 MW) y Forestalia (205 MW) capitanean un proyecto en el que están otras cinco empresas, entre ellas Samca (40 MW). 
En un momento en el que la hostelería se despereza del letargo del confinamiento, poder comenzar estos parques sería un balón de oxígeno mientras se instalan, a medio plazo, otros proyectos empresariales diversificados que, de cuajar, podrían generar centenares de empleos. Buena parte de ellos figuran entre las 82 propuestas recibidos hasta la fecha por el Miteco, que la semana pasada firmó con el Gobierno de Aragón el protocolo de actuación para la elaboración del Convenio de Transición Justa.
De estos proyectos, un número significativo está relacionado con la puesta en marcha de instalaciones de producción de energías renovables –fotovoltaica, eólica o biomasa– y con el refuerzo de la cadena de valor renovable a través de proyectos para la fabricación de componentes, la formación o la logística. Otro grupo de propuestas nace de la tradición minera de la zona, apostando por el patrimonio, la restauración ambiental e ideas para usos no energéticos del carbón.
La agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria representan también un grueso importante de las iniciativas recibidas, "algunas de ellas de especial interés por su perspectiva innovadora y sostenible", apuntó el ministerio en una nota de prensa. 
Otras propuestas tienen que ver con la industria manufacturera, incluyendo proyectos de alta innovación relacionados con la fabricación de nuevos materiales alternativos. Asimismo, hay proyectos para avanzar en la gestión de residuos y la economía circular, la economía de los cuidados y los servicios empresariales –financieros, exportación, digitalización, por ejemplo–.
Todos ellos serán evaluados como parte del proceso de elaboración del Convenio de Transición Justa para Aragón y, una vez seleccionados, su ejecución se acompañará a través de diferentes fuentes de financiación y otras formas de apoyo.

Centenares de empleos
Según ha podido saber DIARIO DE TERUEL, en concreto el Ayuntamiento de Andorra tiene sobre la mesa dos proyectos del grupo Térvalis, uno para una planta de fertilizantes a partir de purines y otra para la fabricación de amoniaco verde. Entre ambas generarían 140 empleos. 
Forestalia mantiene su intención de levantar una planta de pellets (80 empleos), que se acompañaría de un centro logístico (20 empleos), con opción a otra fábrica de biomasa.
El grupo Arcoiris plantea la instalación en Andorra de una granja que generaría 25 empleos, y el Grupo Jorge, uno de los mayores grupos cárnicos de España, proyecta una industria de proteína de hierro para cerdos que emplearía a otras 40 personas. 
Otro proyecto que ilusiona al consistorio es una centralita de llamadas (call center) desde la que las empresas venderían sus servicios energéticos, telefónicos y de cualquier índole, en la que se podría implicar Endesa en caso de que el ministerio le autorizara el concurso que aún tiene que hacer público para la adjudicación de los 1.050 MW. 
La Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín y los ayuntamientos de la zona reiteran al ministerio que es necesaria una rama del Instituto para la Transición Justa que sirva como ventanilla única para todos los empresarios y que agilice trámites. Dotada de un equipo humano multidisciplinar e independiente, saldría a la búsqueda de empresas y coordinaría subvenciones y esfuerzos. 

Agilizar el Miner
En la misma línea, el Ayuntamiento de Ariño pide un plan de captación de inversiones y empresas, algo que sería más viable con unas buenas comunicaciones, por lo que pide la mejora de la pista minera entre Ariño y Andorra, agilizar la conversión de la N-232 en autovía A-68, dotar de fibra óptica los polígonos y extender el ramal ferroviario hasta el polígono andorrano. 
El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, lleva años insistiendo en que urge la firma de los convenios específicos de infraestructuras que aún colean del antiguo Plan del Carbón 2013-2018 para que ayuntamientos y comarcas puedan licitar proyectos como la ampliación del balneario de la localidad minera, que asegura 25 puestos de trabajo. El convenio general otorga un plazo de ejecución hasta 2023, pero ACOM pedirá “prórroga para la finalización de las obras” porque se está demorando. “Estamos en 2020 rogando por unos fondos que se tenían que haber empezado a gastar en 2013, y solo nos ha faltado ya la pandemia de por medio”, apostilló el alcalde minero, quien puso en valor que Samca ha finalizado ya la planta de fertilizantes, que de no ser por el Covid-19 ya estaría en marcha. Aspira a generar 85 empleos directos a pleno funcionamiento. 
La crisis ha pospuesto también unos meses la apertura de la planta de Gres Aragón en Alcorisa, con una plantilla de 25 trabajadores que aumentará cuando esté a pleno rendimiento.