La Asociación de Comarcas Mineras pedirá un reparto justo del Fondo de Transición a los eurodiputados

La Asociación de Comarcas Mineras de España (Acom) trasladará a los eurodiputados españoles de los diferentes partidos políticos el 23 de febrero un documento que recoja la “voz unánime y conjunta” de los ayuntamientos carboneros, en desacuerdo con el reparto del Fondo de Transición Justa propuesto por la Comisión Europea (CE) para todos los países en proceso de descarbonización de su sistema energético. 

Tras la reunión de la comisión permanente celebrada este viernes en As Pontes (Coruña), el presidente de Acom, Mario Rivas, explicó que pidieron una reunión a la CE, pero sus dirigentes no les han recibido, por lo que recurren a los eurodiputados para que hagan extensible el “total desacuerdo” de las comarcas mineras respecto a “cómo se ha tratado a los municipios mineros de nuestro país”, a los que apenas llegarían 307 de los 7.500 millones de euros durante el periodo presupuestario 2021-2017. 

La decisión debe ser negociada aún entre la CE, la Eurocámara y el Consejo de Estado que agrupa a los países miembros, por lo que el lobby de los municipios mineros españoles, al que se une el Ministerio para la Transición Ecológica, ya se ha puesto en marcha. 

“No se han atendido los criterios lógicos y razonables”, dijo Rivas, quien subrayó la importancia de priorizar el peso relativo de la pérdida de empleo en cada municipio, en lugar de usar “criterios globales” en los que, en cuanto a número de empleos absolutos perdidos con la descarbonización, salen ganando países como Polonia. Pese a no haber hecho esfuerzos para la transición energética, la CE quiere premiar a este país ahora con 2.000 millones de euros del fondo. 

Rivas valoró como muy positivo que en la reunión en As Pontes estuviera presente la asesora de la ministra para la Transición Ecológica Laura Martín, porque antes “no se daba un contacto directo con el Ministerio”. 

Martín aseguró que “el reparto” propuesto por la CE “no ha sido bueno para España”, por lo que apeló a buscar “vías de financiación” para las comarcas afectadas. “Estamos negociando con la fuerza que ello requiere, ya que los fondos europeos para poder realizar una transición justa son muy importantes para el futuro de zonas que han tenido una contribución a nuestra historia económica muy importante”, apuntó. 

En este sentido, apeló a buscar “vías de financiación” tanto a nivel nacional como comunitario y a emplear “mejor” las “ya existentes” para “ponerlas a disposición” de las zonas afectadas por la transición energética.

Martín indicó que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha trasladado a las empresas que han solicitado el cierre de sus centrales térmicas que esta medida “tiene que llevar un plan de acompañamiento acorde”.

“Entendemos que son empresas que están dispuestas a quedarse en el mercado español y contribuir a realizar la propia transición ecológica”, incidió.

Comisión interna de centrales

Rivas trasladó que la situación de As Pontes es “parecida a la de otras localidades”, como Andorra, por lo que mostró su disposición a “reforzar esa situación dentro de una asociación que tiene una voz propia y que es el interlocutor válido de los ayuntamientos ante el Ministerio de Transición Ecológica”.

Así, anunció la creación, dentro de Acom, de una comisión específica sobre municipios asociados que tienen térmicas. Con este órgano, Acom busca analizar una “situación peculiar y particular que no se ha dado hasta ahora”, que ya deriva en órdenes ministeriales específicas como la de 7 millones de euros en ayudas para los 15 municipios españoles con centrales de carbón en cierre. 

Firma de Convenios

El presidente de Acom urgió a la asesora ministerial presente en la comisión permanente de la asociación firmar “de forma inmediata” los convenios específicos de infraestructuras que aún colean del anterior Plan del Carbón 2013-2018 para que ayuntamientos y comarcas puedan licitar proyectos generadores de empleo. “No podemos esperar ni un minuto más”, subrayó. 

En Aragón, el bloqueo afecta a 27 proyectos para los que el Ejecutivo estatal y el autonómico aprobaron en diciembre de 2018 un total de 16,8 millones de euros (el 25% corre a cargo de la DGA), algunos tan urgentes como la ampliación del balneario de Ariño (generará 25 empleos con una inversión de 3,8 millones) o la urbanización del polígono de Cuencas Mineras (1,1 millones de euros) para la instalación de Politer.