La ampliación del balneario de Ariño o el polígono Cuencas Mineras se demoran por el atasco en el anterior Miner

La Asociación de Comarcas Mineras (Acom) de España ha solicitado una reunión al Ministerio para la Transición Ecológica para urgirle que firme con las Comunidades Autónomas los convenios específicos de infraestructuras del antiguo Plan del Carbón 2013-2018 para que las entidades locales puedan licitar proyectos que en Aragón generarán más de un centenar de empleos. No obstante, mientras los Gobiernos de España y de Aragón sigan estando en funciones los plazos se seguirán alargando.

La ejecutiva de Acom trasladó esta semana su preocupación “ante la demora en el cumplimiento de las actuaciones previstas” en el anterior Plan Miner, finalizado hace más seis meses aunque con el compromiso del actual Gobierno de prorrogar dos años los convenios de infraestructuras porque el Ejecutivo anterior no había ejecutado los 250 millones de euros consignados a este fin, recordó el presidente de la asociación, Alider Presa. Finalmente, los fondos quedaron en 133 millones. 

En Aragón, el bloqueo afecta a 27 proyectos para los que el Ejecutivo estatal y el autonómico aprobaron el pasado diciembre 16,8 millones de euros (el 25% corre a cargo de la DGA), algunos tan urgentes como la ampliación del balneario de Ariño –generará 25 empleos con una inversión de 3,8 millones de euros– o la urbanización del polígono de Cuencas Mineras –1,1 millones de euros– para la instalación de Politer Reciclaje SL, una nueva planta de reciclado de plásticos del grupo Genepol que lleva asociados 35 nuevos empleos.

Pese a que el convenio global está firmado, los acuerdos específicos para cada proyecto que han de suscribir sendos actores acumulan varios meses de retraso. Al bloqueo actual se suma el hecho de que “algunas Comunidades Autónomas han solicitado prórrogas” para que los ayuntamientos y comarcas pudieran presentar sus proyectos de ejecución más allá del plazo inicial, el 27 de febrero, explicaron fuentes ministeriales que aseguraron que se está haciendo “de la forma más ágil posible y por nuestra parte no hay retrasos”.

La DGA no puede firmar ahora

Las mismas fuentes de Transición Ecológica aseguraron que, a diferencia de lo que ocurre con la firma de los Contratos de Transición Justa con las Comunidades Autónomas, para la rúbrica de los convenios específicos que los gobiernos estén en funciones no es impedimento porque pertenecen al “Marco anterior y en principio no habría que esperar” a que se constituyan.

No obstante, fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron a este periódico que la Ley 2/2009 del Presidente y del Gobierno de Aragón impide que un gabinete en funciones apruebe convenios de colaboración que supongan “reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma”, como es el caso.

No obstante, indicaron, “se está trabajando para que esté todo listo” en el momento en que se puedan firmar. 

Financiación

Además de con la ministra, Teresa Ribera, Acom se quiere reunir este mismo mes con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC), al que pedirá que aclare la fecha de la firma de los convenios, el modelo de financiación y sus plazos.

“No se ha firmado ninguno de los convenios y la situación política no nos ayuda nada”, lamentó Presa, pues “tenemos un Gobierno en funciones y la mayoría de los de las Comunidades Autónomas –las afectadas son Aragón, Asturias y Castilla y León– están sin resolver”.

El presidente de Acom se hizo cargo de que al Ministerio se le ha pedido una prórroga para que las entidades locales presenten la documentación de algunos proyectos, pero pidió que se agilicen aquellos que tienen el expediente inmaculado y tan solo les falta licitar las obras. Pero para ello necesitan fondos, al menos el 25% de anticipo que hasta la fecha concedían estos convenios a fondo perdido. 

“Me consta que en el Ministerio entienden la urgencia y, como agosto es un mes más delicado porque es inhábil –continuó Presa– entendemos que la reunión debería ser en julio”.

Impotencia en Ariño

Los 27 proyectos aragoneses, que siguen sin ver financiación dos años después de que la Mesa de la Minería de Aragón los priorizara y seis después de la firma del anterior Plan Miner, llevan más de un centenar de empleos aparejados, aunque no son iniciativas empresariales.

Entre ellos, figuran algunos muy demandados como la ampliación del hotel balneario de Ariño, con la que el empleo pasaría de los 55 trabajadores actuales a 80 gracias a incrementar de 56 a 76 las habitaciones y mejorar el comedor y la zona termal.

“Esperamos con ansia a que se firme el convenio porque se va a incrementar el empleo en todos los departamentos”, dijo el alcalde minero, Joaquín Noé, quien lamentó que en la más de una década que el Ayuntamiento lleva con el proyecto “nos ha pasado de todo”. Una fase se vio paralizada porque el Ministerio de Hacienda decretó indisposición de fondos y hubo que tirar del FITE al cabo del tiempo, y en otra ocasión enfermó gravemente el gerente del IRMC. Ahora, las amenazas son la inestabilidad gubernamental y la parálisis de la administración en agosto.

Solo falta el dinero

No menos preocupado que el alcalde de Ariño está el presidente en funciones de la Comarca Cuencas Mineras, José María Merino, quien tiene encima de la mesa tres proyectos priorizados por valor de 1,2 millones de euros y recientemente estuvo en el Instituto Aragonés de Fomento para corroborar que cumplían “todos los requerimientos que nos han hecho desde el IRMC”.

Al margen de un proyecto para la renovación de la red de abastecimiento al Polígono Industrial Cuencas Mineras desde el embalse de Las Parras y otro de eficiencia energética, el proyecto estrella es la fusión en una de otras dos iniciativas presentadas para la ampliación del polígono y la construcción de una nave que después pueda utilizar la empresa Politer, que según Merino podría llegar a sumar 50 puestos de trabajo directos.

“Nosotros ponemos la nave, los terrenos y la ampliación del polígono, y la empresa se instala y monta con su propia maquinaria”, explicó. “Es un proyecto importante y sabemos que hay muy buena voluntad política, por eso nos duelen estos retrasos. Son 150 personas más viviendo en la comarca”, destacó.

“Incluso hemos confirmado que si nos dan el pistoletazo de salida, en octubre habrá máquinas trabajando”, concluyó.

Otros proyectos

También están pendientes el nuevo centro de trabajo y economía social de Atadi en Alcorisa, las mejoras en el polígono de Calanda, la creación de un centro de día en Montalbán y un cámpin complementario al proyecto de Estercuel para hacer una galería de tiro y un parque de aventura.

Se actuará en los polígonos de Albalate para facilitar el asentamiento de industrias transformadoras de alabastro, se agilizará la adecuación del centro de interpretación íbero de Andorra, se ampliará la residencia de Albalate y se implantarán infraestructuras para la promoción de explotaciones ganaderas.

La mayor parte de estas iniciativas se ubicarán en la provincia de Teruel, salvo la residencia de Mequinenza (Zaragoza) que absorbe prácticamente un tercio de los 16,8 millones de euros presupuestados. Este proyecto lleva aparejados más de 40 empleos.

Tras el acuerdo global firmado entre Ministerio y Gobierno de Aragón, ambas instituciones deben ahora suscribir los convenios específicos, en los que figurará el coste global del proyecto, el plazo de ejecución y los compromisos de financiación por cada una de las partes. 

El plazo para la ejecución de todos ellos tiene como fecha límite la anualidad de 2023.