IU y el Partido Comunista de España (PCE) en el Bajo Aragón trasladan su “firme rechazo” a la sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel, que no anuló los despidos de los tres sindicalistas de Maessa al no considerar probada la vulneración del derecho fundamental de los trabajadores a la libertad sindical.
Por tanto, queda en manos de la contrata de Endesa en la central térmica de Andorra, que sí fue condenada por despido improcedente, elegir entre readmitir a los despedidos en sus puestos de trabajo en las mismas condiciones y abonarles los salarios dejados de percibir desde el 7 de mayo, o indemnizarles con una suma que en conjunto no llega a los 24.000 euros. La empresa, según confirmó ayer CC OO a este diario, se ha decantado por la segunda opción.
“Consideramos que la única vía de reparación real es, era y será la readmisión sin condiciones de los tres trabajadores y la declaración de los despidos como nulos, así como proteger y hacer cumplir el artículo 28 de la Constitución Española sobre la libertad sindical, el cual en este caso concreto consideramos que no se está cumpliendo”, indican IU y el PCE a través de una nota.
Ambas formaciones de izquierda consideran que los trabajadores fueron despedidos “por ejercer su libertad sindical en las filas de CC OO” y que “han sido víctimas de la última reforma laboral llevada a cabo por el PP y mantenida actualmente por el PSOE”. Una reforma que, según apuntan, “deja un gran número de decisiones –como readmitir o indemnizar en caso de despido improcedente– en manos de las empresas y supone una losa en los hombros de la clase trabajadora”.
Sector eléctrico público
IU y el PCE defienden “la nacionalización del sector eléctrico y una planificación democrática de la economía que nos permita avanzar hacia una transición energética justa, que no vaya a parar a las mismas manos que nos han traído a la situación actual”.
En este sentido, critican que las “oligarquías tradicionales sigan siendo las que dominan los sectores estratégicos del país como el energético, comunicaciones, sanidad, etc.”, lo que para ellos es una muestra de que “el poder sigue perpetuándose en las mismas manos a lo largo del tiempo” y mantiene “el expolio de los recursos de nuestra provincia y de sus trabajadores”.
En la sentencia, la jueza admite que las bajas fueron improcedentes porque en las cartas de despido “no se alega más que genéricamente la disminución de los trabajos” de su categoría, oficiales de primera.
No obstante, considera que la empresa “ha demostrado que los despidos no obedecen a represalia alguna”, conclusión a la que llega tras determinar que Maessa recibió formalmente la lista de precandidaturas de CC OO (encabezada por los despedidos) un día después de darles de baja.
