Ganar Alcañiz alega el nuevo intento de externalización del servicio de aguas de la ciudad
La formación denuncia que el anteproyecto del contrato vuelve a incluir 2,3 millones de anticipo de canonGanar Alcañiz presentó este martes sus alegaciones al anteproyecto del nuevo contrato del agua, que según denuncia el grupo municipal vuelve a comprender el pago de un anticipo de 2,3 millones de euros para saldar el agujero que ha dejado en el Ayuntamiento la devolución del canon a Aquara después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) considerara nula la prórroga de 29 años firmada en 2012.
“Vamos a agotar todas las vías para defender, como hemos hecho siempre, un derecho humano como el agua”, aseguró la portavoz de Ganar, María Milián. Para Ganar, la única fórmula para abaratar el servicio y mejorar su calidad es la “remunicipalización”.
El primer paso es presentar sus alegaciones al “anteproyecto de explotación de los servicios de abastecimiento y saneamiento de la ciudad de Alcañiz”, una nueva concesión privada que consideran desautorizada después de que el estudio que acompaña a este borrador, en exposición pública hasta hoy, deje “claro que el modelo de gestión privada por el que optó en su día el Ayuntamiento ha sido perjudicial”.
En este informe, tal como detalló la concejala Pepa Griñón, “se señala que gran parte de la red de conducción de abastecimiento es de fibrocemento, que hay muchas acometidas defectuosas, que de los nueve depósitos existentes en la localidad sólo se encuentran en uso seis –aunque en otra parte del estudio se indica que solamente existen seis de los que funcionan tres– y que prácticamente la mitad de los contadores tienen más de diez años”. Además, “el rendimiento es bajo”, se producen averías y “hay que llevar a cabo una serie de mejoras en la red”.
Contratación “ilegal”
Según Ganar, la futura contratación que el equipo de gobierno PP-PAR quiere llevar a término “muestra irregularidades claras”, según el anteproyecto, y en esta línea van las alegaciones.
Tras asesorarse técnica y jurídicamente, Ganar ha detectado que no existe ningún “estudio comparativo” que justifique “la motivación y la opción privatizadora de la gestión del agua, lo que es una evidente infracción del ordenamiento jurídico”.
En segundo lugar, “el ciclo del agua se parte y disgrega, sin que la concesionaria tenga que soportar actuaciones de gran carga, tales como el abastecimiento, la depuración y saneamiento”, algo que según Ganar infringe normativa autonómica.
Además, para la formación no procede licitar una nueva contratación sin haber liquidado con carácter previo la contratación anterior, máxime cuando el nuevo licitador debe asumir un canon inicial de 2,3 millones de euros.
La inexistencia de un estudio de viabilidad; el establecimiento de “condiciones ilegales por suponer ventajas para el actual concesionario”; la “ilegalidad de redacción del anteproyecto en base a datos suministrados por la empresa contratista”; el “incorrecto estudio y análisis de los ingresos y gastos”; la “falta de justificación de fijación del canon variable” y el “incorrecto sistema de incremento tarifario” completan las razones que esgrime Ganar para remunicipalizar el servicio.
