Fuentespalda tendrá listo en octubre el nuevo pliego de concesión de la tirolina

El Ayuntamiento de Fuentespalda sacará un nuevo pliego para licitar la concesión de la explotación de la tirolina municipal el próximo mes de octubre. Así lo puso de manifiesto esta semana la alcaldesa, Nerea Caldú, quien confirmó esta semana que el equipo de gobierno trabaja en la redacción de un nuevo pliego de condiciones.

El consistorio priorizará ofertas de empresas que tengan experiencia o estén especializadas en el sector, pero también “que sea gente de la zona que pueda vivir en Fuentespalda y que den trabajo en la zona a gente con la preparación adecuada”. Asimismo, probablemente el pliego incluirá la posibilidad de que las empresas licitantes oferten “mejoras” a realizar en las instalaciones, que están cerradas desde el pasado verano, después de que la empresa concesionaria, que tenía contrato hasta 2024, se declarara en bancarrota y solicitara un procedimiento judicial de concurso de acreedores.

“Estamos trabajando en la reactivación de la tirolina”, afirmó la alcaldesa. El Ayuntamiento ha concertado, según dijo, una revisión de las instalaciones para que “efectúe una inspección”. No en vano, la tirolina “no opera desde junio o julio y lo que queremos es garantizar que, cuando licitemos el contrato de nuevo en octubre, la instalación esté en perfectas condiciones y con todas las medidas de seguridad al día”, añadió.

El Ayuntamiento, según matizó Caldú, no tiene dudas de las condiciones de seguridad de la tirolina, pero “hay que asegurarse de que la empresa que se haga cargo de su explotación a partir de ahora no tenga que realizar ninguna inversión adicional y que todo esté en perfectas condiciones”.

De hecho, el consistorio se propone realizar un vallado de las instalaciones que se ubican en la ermita de San Miguel, uno de los puntos donde se concentran los usuarios. “Nos hemos dado cuenta de que ese recinto en concreto no está vallado y, por tanto, puede acceder la gente, así que nuestra intención es vallarlo para que el acceso a esta ubicación solo pueda efectuarse por parte del personal de la empresa que finalmente se quede la concesión”, apuntó la alcaldesa.

Caldú se comprometió a licitar el contrato de la nueva concesión “lo antes posible”, aunque probablemente será el próximo mes de octubre. Según reconoció la regidora, “queríamos hacerlo en septiembre, pero al ser agosto casi un mes inhábil nos ha resultado imposible, así que esperamos que en octubre los pliegos estén listos”.

La atracción de aventura, que presumía de ser la tirolina doble más larga de Europa con casi dos kilómetros de longitud, ha acabado de la peor manera posible después de cuatro años de andadura: con reclamaciones y denuncias por estafa hacia la empresa gestora, que dio portazo en julio alegando que las  cuantiosas indemnizaciones que tiene que pagar por haber perdido dos juicios por el despido improcedente de sendos trabajadores le obligan a cerrar.

En los últimos meses, el consistorio ha recibido constantes quejas de decenas de clientes insatisfechos que pedían daños y perjuicios al Ayuntamiento por ser el titular de la instalación, porque habían contratado un viaje y no se les había devuelto el dinero. Algunos usuarios se personaron ante las instalaciones en Fuentespalda y se encontraron las puertas cerradas y a nadie contestando al teléfono o a los mensajes de Whatsapp.

La empresa gestora, Alquifuentespalda SL, justificó la decisión de cierre este verano en una nota en la que achacaba su situación económica a los costes laborales y a los de dos sentencias desfavorables por despido improcedente. Según la concesionaria,  la demanda de turismo de interior motivada por la pandemia de covid-19 “generó una excesiva expectativa de negocio que se tradujo en una elevada contratación de personal y en una inversión de material”. Sin embargo, en 2022 cayeron los ingresos “y nuestra sociedad se vio obligada a despedir” a dos trabajadores por razones “económicas”.

Los trabajadores llevaron el caso al Juzgado de lo Social nº1 de Teruel que falló a favor de los empleados demandantes, si bien en una sentencia posterior el Tribunal Superior de Justicia de Aragón revocó una de las sentencias dando la razón a la empresa.

Condenada a pagar indemnizaciones a los trabajadores, algunas resultaron “imposibles de asumir con los ingresos generados por la actividad de la sociedad”, según la concesionaria, que cerró y comunicó al Ayuntamiento que no continuaba con la actividad.

El contrato de la empresa concesionaria debería haber acabado en abril del año que viene, pero renunciaron por escrito el 20 de julio pasado.