El TSJA asigna el 80 % de la responsabilidad del derrumbe de Pui Pinos al Ayuntamiento de Alcañiz

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha  dictaminado un nuevo reparto de responsabilidades en el desprendimiento del cerro de Pui Pinos del 18 de abril de 2017, adjudicando al Ayuntamiento de Alcañiz el 80% de la carga y el 20% restante a la empresa Servicios Integrales de Fincas Aragón SL (Sifa), siendo la misma proporción para las aseguradoras de ambas partes, Mapfre y Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros, respectivamente.

Así queda estipulado en el fallo que se dio a conocer este lunes  y que supone que la sala estima parcialmente el recurso interpuesto por la empresa Sifa, adjudicataria en el momento de los hechos del mantenimiento de los jardines del cerro en los que se habría producido la fuga de agua que precipitó los acontecimientos (un derrumbe que se llevó por delante varias viviendas y desalojó durante meses a los vecinos del barrio).

El fallo mantiene la solidaridad, con la correlativa responsabilidad de sus aseguradoras, de la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Teruel, que había repartido responsabilidades inicialmente en un 50% para cada parte por el desprendimiento, teniendo que abonar entre los dos 1,3 millones de euros a los vecinos por los daños.

Sin embargo, el TSJA rectifica aquel reparto y adjudica al Ayuntamiento de Alcañiz las principales, al considerar que sus “causas de imputación son muchas más y más contundentes”. En este sentido, la sala entiende que algunas de ellas cobran especial relevancia, a saber: “la inestabilidad conocida de la ladera, con una pendiente de 45º e incluso 60º en algún punto, que ya había obligado a actuaciones previas, incluso colocando barreras para evitar daños por los desprendimientos”. Es decir, “había un peligro latente, advertido en un informe del arquitecto de 1981, que propuso un sistema de escalonamiento de la ladera con terrazas y paseos e incluso el cubrimiento de la carretera”. También “la existencia de una grieta de varios metros constatada el 12 de diciembre de 2016 en la parte alta, que, según la mayoría de los peritos era un inicio de un colapsamiento”. Esto, añade el fallo, “advertía de que algo serio ocurría”. Asimismo, “una falta de control de los consumos por parte de la técnico de Medio Ambiente” del Ayuntamiento y “una falta de coordinación entre la técnico de Medio Ambiente y la arquitecto municipal por cuestión de delimitación de competencias”.

En cuanto a Sifa, el fallo apunta que esta empresa “llevaba apenas dos meses con un contrato sobre el riego, que ascendía a menos de 90.000 euros anuales durante dos años, con lo cual difícilmente podía haberse hecho una idea clara de lo que podía pasar y, si bien se le debe exigir a una empresa mercantil, con la diligencia del buen comerciante, que tome todas las medidas que impone la prudencia en el manejo de su actividad, le era muy difícil conocer y prever los efectos tan catastróficos que esa falta de diligencia y pericia podía causar”, añade la sala.

Reacciones

Consultados algunos de los afectados por el derrumbe por el nuevo fallo judicial, rehusaron hacer declaraciones, aunque reconocieron que el sentido del fallo entraba dentro de lo esperado por sus respectivos abogados.
Con todo, el Ayuntamiento de Alcañiz tendrá que asumir un mayor coste económico por las indemnizaciones. La responsabilidad patrimonial que se le asigna queda en 1.040.000 euros, mientras que Sifa reduce la suya hasta los 260.000 euros.

El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia, según confirmó el alcalde, Ignacio Urquizu, quien anunció que se va a realizar una modificación presupuestaria este mes de noviembre para asumir el coste adicional que supone el fallo.
“Como dijimos en su día, acataremos la sentencia y no la recurriremos”, afirmó Urquizu, quien indicó que “los presupuestos de 2022 ya preven un fondo de contingencia de 350.000 euros”, a los que habrá que sumar ahora otros 80.000 euros por el incremento que supone el nuevo reparto de responsabilidades. “Sacaremos ese montante de otras partidas mediante una modificación presupuestaria que llevaremos a pleno en noviembre, y en diciembre realizaremos el depósito en el TSJA”, apuntó.

Según Urquizu, “cumpliremos lo dicho, que no recurriremos el fallo y que pondremos a disposición las indemnizaciones lo más rápido posible para aminorar la situación por la que los vecinos han pasado”.

El alcalde reconoció que la sentencia ha sido un golpe inesperado para el Ayuntamiento: “no nos esperábamos que aumentara el porcentaje de responsabilidad, aunque es cierto que el fallo señala que la empresa Sifa solamente llevaba dos meses al frente de la gestión de los jardines”. Con todo, añadió, “debemos acatar el fallo y ponernos a reflexionar sobre cómo funcionaba el Ayuntamiento en aquel momento, con todo lo que aconteció, y debemos reparar de manera moral y económica a los vecinos”, añadió el primer edil.

Desde 2017

El desprendimiento del cerro de Pui Pinos fue un deslizamiento de tierras y rocas ocurrido el 18 de abril de 2017 en la Ronda de Teruel que provocó la destrucción de varias viviendas y obligó a desalojar a los vecinos durante meses y a realizar obras de emergencia en la zona.

Según el informe de distintos peritos, la formación de una bolsa de agua en el interior del cabezo como consecuencia de un escape de agua del sistema de riego sería una de las causas principales del derrumbe. El Ayuntamiento de Alcañiz asignó toda responsabilidad por los hechos a la empresa Sifa, encargada del mantenimiento de los jardines, pero una sentencia provincial en junio de 2021 repartió a partes iguales esta responsabilidad entre el Ayuntamiento y la compañía, que recurrió el fallo. EL TSJA acaba de considerar mayor la responsabilidad del consistorio.