El Seprona de la Guardia Civil desmantela en Calanda un criadero ilegal con 80 perros en un estado "deplorable"

El Seprona de la Guardia Civil investiga a una persona por un  presunto delito de maltrato animal en el término municipal de Calanda y por quebrantamiento de condena. Agentes del cuerpo iniciaron este lunes un operativo para el desmantelamiento de un presunto criadero ilegal de perros que se ubicaba en una antigua granja y del que sería responsable un individuo que ya fue condenado este pasado mes de abril a 18 meses de prisión y cuatro de inhabilitación para trabajar con animales por hechos similares ocurridos hace tres años en Maella (Zaragoza).

El investigado tenía 80 perros en una nave que se encontraban hacinados en “deplorables” condiciones, según informaron fuentes del Instituto Armado. Los animales pertenecerían a las razas Pointer, Braco y Setter, principalmente, aunque además también tenía mastines y perros mestizos, que han sido distribuidos en casas de acogida y en distintas protectoras de animales. Se han derivado algunos ejemplares a municipios del Bajo Cinca (Huesca) y a la provincia de Zaragoza

Según informaron fuentes de la Guardia Civil, el estado en el que se encontraban los animales y las instalaciones era de absoluta falta de higiene. Algunos presentaban sarna, dermatitis, conjuntivitis, tenían heridas abiertas, tumores en el cuerpo y algunas hembras incluso en las mamas. Todos tenían parásitos, según el informe efectuado por el servicio veterinario.

El Seprona llevaba meses investigando al propietario de esta instalación, situada en el término municipal de Calanda. La nave en la que se encontraban los animales estaba rodeada de una zona vallada, aunque desde el exterior no se apreciaba lo que había dentro.

Operativo

Agentes de la Guardia Civil iniciaron el operativo este lunes para sacar a los animales del interior de las instalaciones, para lo que requirieron la colaboración de las responsables de la Asociación Protectora de Animales y Plantas del Bajo Aragón (Apap) con sede en Alcañiz. El propio investigado fue entregando los animales a los agentes, que tomaron fotografías de cada uno de los ejemplares.

Los perros han sido derivados, según explicaron fuentes de Apap, a distintos centros para su cuidado. “Se han dejado dos en Utrillas, porque no pueden tener más, ya que solamente cuentan con seis plazas; en las instalaciones de Amigo Mío, en Teruel, también han acogido a tres. Otros se han derivado a Zaragoza, a protectoras del Bajo Cinca...”, según enumeró Olga, la cuidadora de Apap en Alcañiz. Desde este centro han contactado con protectoras de animales de Lérida, Tarragona y La Rioja para que acojan temporalmente animales, puesto que ayer todavía quedaban algunos en la nave.

En la protectora de Alcañiz  se han hecho cargo de cuatro hembras, dos de ellas con camadas, una de siete cachorros y otra de ocho. Uno de los cachorros Braco tiene sarna. También han acogido a dos machos de raza Setter.  En total, 23 animales, la mayoría de los cuáles (21) han sido distribuidos en casas de acogida, mientras que dos hembras se han quedado en el box libre que la protectora tenía para acoger a animales que se encontraran en estado de necesidad urgente.

Las razas de animales que tenía en Calanda el individuo investigado son distintas a las que criaba ilegalmente en Maella (de mucho menor tamaño). Presuntamente, tenía previsto destinarlos a la venta, tal y como se demostró en el juicio celebrado este mes de abril y por el que fue condenado a pagar 6.000 euros, a quedar inhabilitado para la tenencia de animales y a 18 meses de prisión, una pena por la que no tuvo que entrar en la cárcel, bajo la condición que  no fuera reincidente.

 

En Maella vivían hacinados 544 perros adultos y cachorros

La personas que está siendo investigada por la posesión de 80 perros en estas instalaciones de Calanda es la misma que ha sido condenada por otros hechos similares ocurridos hace tres años en Maella, en la provincia de Zaragoza. Se trata de Adrián D. G., de 71 años, denunciado por la Guardia Civil en 2020 por criar en una antigua granja de conejos de Maella a 544 perros –294 adultos y 250 cachorros– en unas condiciones  higiénico sanitarias lamentables.

Falta de limpieza de las instalaciones, de los animales, que vivían rodeados de heces y orines y que apenas tenían agua ni comida, además de que tampoco recibían atención veterinaria. Algunos se encontraban hacinados en jaulas de conejos.

El denunciado se trasladó a Calanda, donde reanudó su actividad en las mismas condiciones, en unas instalaciones insalubres en las que los animales se hacinaban.

Por esos hechos, el investigado fue condenado solamente este pasado mes de abril a una pena de 18 meses de prisión, a pesar de que la acusación particular pedía una condena más alta, por la falsificación de las cartillas sanitarias de los animales. El juzgado le impuso una pena de cuatro años de inhabilitación para trabajar con animales y el pago de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil.