El Senado insta de forma mayoritaria que se firme el convenio de transición justa
El 91% de los parlamentarios respaldan la moción impulsada por Teruel Existe en la Cámara AltaLa moción impulsada por Teruel Existe para que se firme el convenio de transición justa en Andorra recibió un apoyo mayoritario del Senado durante la votación, después de que el día anterior se hubiese debatido en el pleno. El 91,11% de los senadores que votaron lo hicieron a favor, mientras que solo se desmarcaron al votar en contra los parlamentarios de Vox, ya que el resto se abstuvo.
La iniciativa aprobada insta al Gobierno a la “firma, lo antes posible, del Convenio de Transición Justa para Andorra, incluyendo las líneas de los fondos de recuperación”, y señala que el mismo “tendrá como objetivo cambiar el modelo actual de desarrollo minero-eléctrico de las comarcas afectadas, directa e indirectamente, por el cierre de la central térmica de Andorra”.
Recuerda en este sentido el Senado al Gobierno que la metodología de estos convenios incluida en la Estrategia de Transición Justa “apuesta claramente por una diversificación socioeconómica y no debe conformarse con recolocar a los trabajadores directamente afectados por el cierre de la central, debe identificar e impulsar proyectos tractores para modernizar y diversificar el modelo productivo de todas las comarcas afectadas por su cierre”.
El texto aprobado finalmente fue fruto de una enmienda transaccional en la que participaron, además del grupo mixto por ser Teruel Existe el impulsor, los grupos del PSOE y del PP, y que suscribieron igualmente para su presentación el grupo parlamentario vasco y Ciudadanos, si bien también fue apoyada por otras formaciones, como fue el caso de Compromís, que presentó también enmiendas en nombre de Chunta Aragonesista, pero que la agrupación de electores turolense rechazó por entender que no se adecuaban al planteamiento de la moción, que era urgir a la firma del convenio de transición justa.
El texto inicial de la moción planteada por Teruel Existe instaba a la firma “inmediata” del convenio, si bien finalmente en aras del consenso aceptó introducir la expresión “lo antes posible”, propuesta por el PSOE, para conseguir el mayor apoyo posible y “sumar”; algo que valió al senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, duras críticas en el debate del pleno a última hora del martes, sobre todo de Vox y de la senadora popular por Teruel, Carmen Pobo, que le recordó que en el acuerdo de investidura ya lo plantearon así sin que se haya cumplido, y pidió una mayor contundencia de la agrupación de electores a la hora de reclamarle al Gobierno ya que los apoyaron en la investidura.
Finalmente, en la votación de la enmienda transaccional que se efecutó el miércoles, se emitieron 259 votos, de los cuales 236 fueron positivos, un 91,11%, mientras que los 3 senadores de Vox fueron los únicos que votaron en contra. Las veinte abstenciones correspondieron a los senadores de Junts, Esquerra Republicana y EHBildu.
La moción del Senado tal como fue aprobada en la enmienda transaccional insta también al Gobierno a que los proyectos de desarrollo de centrales de procedencia renovable vayan “asociados a proyectos que prioricen la recuperación económica y social, con especial atención al empleo, desarrollo empresarial y lucha contra la despoblación, de manera que en las comarcas afectadas por la descarbinización puedan implementar sistemas que ayuden a una mayor participación de la comunidad local en los beneficios de la transición energética y a equilibrar y gestionar mejor el mercado eléctrico, tales como proyectos de almacenamiento energético”.
Involucrar a todo el Gobierno
Insta por otra parte a que “todo el Gobierno en su conjunto” deberá involucrarse en el cambio de desarrollo industrial, lo que supondrá implicarse en el “estudio y desarrollo de infraestructuras viarias, especialmente la A-68, y ferroviarias, de titularidad estatal, en el marco de la Estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada; así como el estudio, previo análisis de viabilidad económica y social, de la creación de un polígono supracomarcal con todas las infraestructuras necesarias para facilitar la implantación de empresas de forma competitiva, con el aprovechamiento de la vía del tren de la central térmica, mejorando el acceso al territorio y así mismo potenciar el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones que permitan el desarrollo pleno de la conectividad de las comarcas y que ayuden al cambio de modelos productivos”.
Por otra parte, se insta a que el proceso de transición no olvide el legado que tanto la minería como la térmica han supuesto para la provincia de Teruel, por lo que deberán estudiarse en la comisión de seguimiento del Protocolo, y teniendo en cuenta el criterio de la Universidad de Zaragoza, todos los proyectos presentado al convenio, incluida la posibilidad de reutilizar las instalaciones de las centrales “de forma sostenible y responsable y desde el enfoque de la economía circular”, apostando por la industria verde, la digitalización, la restauración y conservación del paisaje y del patrimonio cultural minero e industrial con el que cuenta la provincia.
Desarrollo territorial
Señala igualmente la moción transaccionada que el objetivo del convenio, que se extiende a 34 municipios, es constituir proyectos de desarrollo territorial que garanticen el empleo y dinamicen la transición ecológica aprovechando los recursos endógenos.
A su vez, se insta al Gobierno a colaborar con las entidades locales afectadas, la DPT y la DGA en la elaboración de un catálogo de minas repartidas por la provincia y en la elaboración de un “Plan de Desarrollo de su potencial turístico que ponga en valor el patrimonio de la cultura minera turolense”.
Por último, el texto transaccionado que fue aprobado en la Cámara Alta insta al Gobierno a que el convenio de transición justa “hará prevalecer los compromisos previos adquiridos entre las empresa y los regantes del ríod Guadalope, además de los que han llegado, o puedan llegar, las partes tanto en el Acuerdo para una transición justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible para las comarcas mineras 2019-2027, como en el Acuerdo para una transición energética justa para centrales térmica en cierre: el empleo, la industria, la conservación del patrimonio construido y el desarrollo de los territorios”.
Impulso al comercio electrónico en zonas despobladas
El pleno del Senado, dentro del intenso orden del día que llevaba ayer, debatió una moción del grupo socialista para impulsar el comercio electrónico en zonas despobladas, que se iba a votar a última hora de la noche, y que incluyó una enmienda presentada por el senador de la agrupación de electores Teruel Existe, Joaquín Egea.
La despoblación, que junto al reto demográfico y el mundo rural están continuamente presentes en el debate político en las Cortes Generales volvió a hacer irrupción ayer en el pleno de la Cámara Alta mediante esta moción, que inicialmente se iba a debatir en la Comisión de Despoblación celebrada la semana pasada, y que finalmente se llevó al pleno de ayer.
En la defensa de la moción, la senador socialista María del Carmen Mínguez, defendió la necesidad de impulsar el comercio electrónico en las zonas despobladas. En la misma se insta al Ejecutivo a “impulsar acciones en materia de formación de comercio electrónico que, en coordinación con las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamietos, se dirija preferentemente a: empresas de menos de 10 empleados y pymes y autónomos de áreas despobladas y en riesgo de despoblación·.
Joaquín Egea defendió una enmienda de Teruel Existe, que fue aceptada, para añadir que “el Gobierno, en colaboración con las autonomías, Diputaciones Provinciales y ayuntamientos, impulsará, con el apoyo de centros de estudios y escuelas de adultos de las zonas implicadas, acciones en materia de formación, mentorización y tutorización en comercio electrónico y manejo de tecnologías online para los habitantes de áreas despobladas y en riesgo de despoblación”.
Durante el debate distintos grupos consideraron que antes de ese proceso debería romperse la brecha digital, y el PP instó a priorizar las transferencias de fondos comunitarios porque el principal objetivo de los empresarios era sobrevivir a la crisis.