El PAR urge una reunión entre los Gobiernos central y autonómico y Endesa

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, urgió la convocatoria de una reunión a tres bandas entre los Gobiernos de España y Aragón y Endesa para dar forma al compromiso de Ejecutivo estatal de intentar alargar la vida útil de la central térmica.

Aliaga propuso eliminar el impuesto conocido como céntimo verde a la generación eléctrica con carbón, que el Gobierno de Aragón avale la inversión de 180 millones para adaptar la planta a los requerimientos ambientales comunitarios y que Endesa, en lugar de desmantelar la central, done los 80 millones de euros que costará el proceso para la reconversión industrial del territorio. 

El presidente del PAR se postuló a favor de que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética objeto de negociación entre los grupos políticos incorpore “periodos transitorios” para prescindir del carbón, de forma que, “si se hacen las inversiones, la térmica pueda llegar hasta 2030”, argumentó Aliaga.

El borrador de ley presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica descarta cualquier tipo de ayuda pública o incentivo para los combustibles fósiles un año después de su entrada en vigor. No obstante, Aliaga cree que se podría alcanzar una moratoria y, de la misma forma que hizo con el gas en octubre mediante decreto ley, pidió que el Gobierno elimine el impuesto a la generación eléctrica con el carbón. 

De esta forma, el PAR considera que Endesa podría ahorrarse entre 5 y 7 millones de euros anuales en la térmica de Andorra, que “en 10 años ya serían 60 millones”, con lo que la operación de la planta “tendría un coste menor para Endesa y entonces ya tendría oxígeno para llevar a cabo las inversiones”. 

En segundo lugar, Aliaga sugirió que el Gobierno de Aragón avale la inversión de 180 millones de euros, tal como hizo en la planta de General Motors en Zaragoza. De esta forma, la desnitrificación y desulfuración se realizaría, siempre respetando ese compromiso gubernamental de alargar la vida útil de la central y potenciar el respaldo a las renovables mientras la zona se reindustrializa sin la premura actual. 

Por último, aportó, en caso de que Endesa se niegue de plano a operar la planta más allá del 30 de junio de 2020 –fecha de cierre que marca la UE sin inversiones–, Endesa “podría donar o ceder la central para que el Gobierno de España y de Aragón puedan subastarla” a un inversor que también requeriría del mismo aval. 

Además, planteó el presidente del PAR, “si Endesa se quiere portar con la comarca, que le ceda esos 78 millones” en que cuantifica el desmantelamiento para cerrar en el futuro o para la reindustrialización del territorio. 

“Hay que sentarse”

Son algunas ideas que podrían materializarse en caso de producirse esa reunión a tres bandas que Aliaga no comprende por qué no ha tenido lugar ya. “Hay que sentarse y trabajar en la línea de no resignarnos y que siga funcionando la central haciendo las inversiones”, dijo Aliaga, quien descartó funcionar a 1.500 horas para no perder empleo.

“El impacto lo van a soportar los talleres, las contratas de limpieza y mantenimiento, los camioneros, el pequeño comercio...”, enumeró Aliaga, que vaticinó un “impacto brutal en la despoblación si quitas de la zona el impacto de los sueldos” derivados de la térmica. 

“Yo nunca tiro la toalla”, aseguró el presidente del PAR, quien mientras fue consejero de Industria del Gobierno de Aragón participó en las negociaciones para ampliar a 2018 el cierre de las minas previsto para 2010.