El PAR de Alcañiz convoca una comisión urgente en el Ayuntamiento para aclarar las facturas dudosas de Pui Pinos

El presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alcañiz, Eduardo Orrios (PAR), ha convocado una reunión urgente de este órgano municipal la semana que viene para “revisar de manera exhaustiva” el expediente del desprendimiento del cerro de Pui Pinos después de que el alcalde, Ignacio Urquizu, invitara el miércoles a “reflexionar” acerca de la aparición de más de 140.000 euros en facturas de la legislatura pasada sin firma de Intervención. 

“No puede dejarse a la ciudadanía con la duda de si se hicieron las cosas legales o no, de ahí que vamos a solicitar todos los informes técnicos necesarios para saber si los trabajos que se realizaron son acordes con los importes pagados”, indicó el PAR a través de un comunicado de prensa en el que invita a Urquizu a acudir al juzgado si encuentra “alguna cuestión que genere duda”.

El miércoles, en una rueda de prensa para presentar la Cuenta General de 2018 del Ayuntamiento de Alcañiz, Urquizu desveló que ha encontrado en los cajones varias facturas de la legislatura pasada sin firma de Intervención relativas al desprendimiento y, sin entrar en más valoraciones, reconoció que su importe le parece elevado. 

En una de estas facturas, de 60.000 euros, figura el concepto de una campa para guardar los restos del derrumbe de Pui Pinos con tal de facilitar a los vecinos la recuperación de sus enseres que “ni siquiera ha sido útil”, criticó el alcalde. A ello hay que añadir 30.000 euros del área para autocaravanas y 53.500 por la demolición de dos viviendas.

El PAR, que la legislatura pasada conformó gobierno con el PP en Alcañiz, considera que las insinuaciones vertidas son “graves” y pedirá que se aclare todo el expediente y se compruebe que se cumple “con toda la legalidad”. De no ser así, aseguró que exigirá que se asuman “todas las consecuencias legales”. 

“Las administraciones tienen unas normas y hay que cumplirlas, y cuando el señor Urquizu insinúa posibles irregularidades no podemos quedarnos parados”, insistió la portavoz del PAR en el Ayuntamiento, Berta Zapater, quien exige “que se aclare a todos los grupos políticos y a toda la ciudadanía las afirmaciones realizadas”.

En cuanto a la factura de 60.000 euros, el PAR preguntará en el pleno ordinario del próximo lunes “dónde está el expediente de esta licitación, si existen informes técnicos que consideren que se tiene que pagar ese importe por el trabajo realizado, si se ha pagado esa factura y, de ser así, quién la ha pagado, ya que no ha pasado por ninguna comisión de Hacienda”. 

El PAR recordó en la nota que siempre se mostró “muy crítico con las formas del anterior alcalde”, Juan Carlos Gracia Suso, pues “había muchas cosas que no consultaba y las hacía por su cuenta”, y ahora llevará “todos los expedientes a la comisión de Hacienda para que no quede el más mínimo atisbo de duda” sobre la legalidad de todos los procedimientos. 

“No entenderíamos que si el actual alcalde ha encontrado alguna cuestión que genere duda, no acuda al juzgado a denunciarlo o sea más claro en las explicaciones”, amplió. En caso de que se demostraran “incrementos injustificados”, el PAR respaldará  las “medidas oportunas”. 

Canon de Aquagest

Por otra parte, en la misma rueda de prensa el equipo de gobierno PSOE-Cs-IU criticó que PP-PAR no computara como operación de crédito los 2,3 millones de euros del anticipo de Aquara, a lo que el PAR contestó que “hasta la presentación de la Cuenta General de 2018 no existe constancia de ningún informe de Intervención del Ayuntamiento de Alcañiz donde diga que el canon de Aquagest sea deuda”, indicó Orrios en la nota. 

El presidente de la Comisión de Hacienda aseguró que el informe del Ministerio de Hacienda que insta a contabilizar el canon como operación de crédito llegó al Ayuntamiento estando la nueva Corporación, y explica que en la primera comisión de esta legislatura el PAR ya pidió la fecha de recepción de esta comunicación –vía correo electrónico–, el emisario y el receptor de la consulta, los técnicos y políticos que conocieron el contenido de este mail y si es vinculante el informe de Hacienda. 

“El PAR siempre e ha regido por la opinión técnica en este aspecto” y, hasta su salida del gobierno, los informes del interventor y secretario municipal hacían referencia a que “no era una operación de crédito”, justificó Orrios. En caso de que haya que revertir la situación y subsanar errores de contabilización, la formación de centro exige que estén “avalados por informes técnicos y jurídicos y no por apreciaciones políticas”.