El movimiento ciudadano de protesta por la calidad del agua de Andorra se queda "en agua de borrajas"
Tan solo cuatro vecinos sin vinculación política acudieron a la convocatoria de Asamblea“En agua de borrajas” ha quedado el movimiento ciudadano de protesta por la calidad del agua de boca de Andorra después de que tan solo se presentaran cuatro vecinos a la reunión convocada por Asamblea Abierta para promover una plataforma vecinal.
La falta de implicación ciudadana, unida a la dimisión en 2017 del anterior concejal delegado del Ciclo del Agua, Ramón López, el edil más dispuesto a hacer valer la auditoría del servicio de aguas que el Ayuntamiento encargó para poner en evidencia sus carencias, aboca a la localidad a seguir en la situación actual hasta 2021, año en que vence el contrato con la adjudicataria, Aragonesa de Servicios Públicos.
Y eso que, según expone Asamblea, los vecinos han presentado reclamaciones a la empresa por exceso de cal, falta de presión en determinadas zonas de la localidad, y falta de mantenimiento y conservación de infraestructuras que originan pérdidas de agua que suponen un aumento del precio de la factura.
Estos temas, junto a las soluciones para el abastecimiento futuro y el debate sobre un nuevo modelo de gestión del servicio tras el vencimiento del contrato, eran los temas que Asamblea, con un concejal en el Ayuntamiento, quería debatir en una plataforma vecinal al margen de partidos políticos.
Pero “se ha visto que no hay voluntad real”, lamentó el exconcejal de Asamblea Andrés Cucalón. “Por las redes sociales sí se habla pero fuera de ahí y del bar la gente no está dispuesta a plasmar su enfado ni a perder el tiempo” por trabajar. “Esto era cosa de los vecinos y no se implican”, por lo que “para nosotros ya no tiene recorrido”.
Según dijo Cucalón, el pasado lunes asistieron una quincena de personas a la reunión, de las cuales diez están vinculadas a Asamblea y tres al Partido Comunista del Bajo Aragón. Sin significación política sólo había cuatro.
De modo que “damos por cumplida nuestra misión” de organizar la reunión, a la que asistió “el que se quiso enterar” porque se le dio difusión por redes sociales y a través de la Televisión Local de Andorra.
Asamblea no liderará
A un año de las elecciones municipales de 2019 y con la incertidumbre de si volverá a presentarse a los comicios, Asamblea tampoco llevará demasiadas iniciativas al pleno del Ayuntamiento en esta materia sin el respaldo de los vecinos. “El tema fundamental no ahora, sino de cara a 2021, será qué pasará cuando llegue el final del contrato con esta empresa”, dijo Cucalón, a quien le interesaba que en el seno de la frustrada plataforma se hubieran programado “unas jornadas para ver las diferentes formas de gestionar el agua a partir de 2021”.
Asamblea prácticamente descartaba, con o sin plataforma vecinal, ir a la remunicipalización del servicio antes de 2021 para evitar embrollos judiciales con la compañía y porque, hoy por hoy, “el Ayuntamiento no tiene preparada infraestructura” de medios y personal para atender la gestión del agua de boca y alcantarillado.
Los vecinos habían denunciado por redes sociales los “kilos” de cal que se alojaban en sus electrodomésticos, especialmente en los calentadores de agua. También se quejaban de que apenas consumían agua del grifo y que incluso esta era causa de pieles atópicas.
Por este y otros motivos, López abanderó desde el Ayuntamiento una batalla contra la empresa que se saldó con tres expedientes a Aragonesa de Servicios Públicos por incumplimiento del contrato, refrendados por la auditoría del servicio de aguas presentada en junio de 2017.
Sin embargo, el exconcejal socialista dimitió porque, con la auditoría en la mano, no obtuvo el respaldo de la alcaldesa, Sofía Ciércoles (IU), que ostenta en este momento la delegación de Ciclo del Agua.
En enero, el Ayuntamiento redujo de 18.346,56 euros a 2.600 euros la tercera batería de sanciones que impuso a la empresa el año pasado.
El Ayuntamiento se echó para atrás porque perdió el primer contencioso administrativo con Aragonesa de Servicios Públicos, que recurrió el primer expediente disciplinario. Los servicios jurídicos municipales recomendaron entonces dejar pasar el segundo expediente sancionador. Para el tercero, ningún partido político se opuso a formalizar sanciones por valor de 2.600 euros que la empresa habría asumido.
