El Justicia de Aragón intermediará con Endesa para que se reúna con los empleados de las subcontratas

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, instó desde Andorra a los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones generales y autonómicas a firmar “contratos y pactos sociales” con la cuenca minera para que, si llegan al poder, sean “coherentes” y apliquen medidas que impidan que los trabajadores de contratas, los más “vulnerables”, se vean en la calle tras el cierre de la central térmica el 30 de junio de 2020. Además, se comprometió a intentar que Endesa se reúna con estos operarios y respaldó cualquier movilización de los turolenses cargada de razones. 

Dolado mantuvo una asamblea con todos los vecinos que quisieron asistir al salón de actos de la casa parroquial. Entre ellos había una nutrida representación de los trabajadores de las contratas de Endesa, con los que el Justicia se comprometió hace un mes a visitar Andorra para palpar el ambiente y hacer suyas las reivindicaciones que piden que la central continúe abierta si no hay garantía de una transición justa con empresas que absorban todo el empleo que se perderá. 

El Justicia visitó también la central térmica y los polígonos industriales de Andorra y Alloza, así como la mina de Ariño.

A dos meses vista para las elecciones generales y a tres de las autonómicas, Dolado quiso introducir en la precampaña un tema “importante” como es el futuro de las comarcas mineras. “Yo no soy de ningún partido político”, aclaró, pero este “no es un tema neutro”, por lo que no se mantendrá neutral mientras exista “el concepto de vulnerabilidad”, que se ceba con los cerca de 400 trabajadores de las subcontratas. 

Dolado se comprometió con ellos a intermediar para que el director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, les atienda, y también para que formen parte “de esas mesas de negociación de cómo se hace la transición justa”.

“Chivos expiatorios”

Tras preguntarse “por qué tenemos que ser en Aragón los chivos expiatorios en el tema de salvar el medio ambiente” y reclamar “planes específicos” para las comarcas mineras, Dolado subrayó que este es “el momento adecuado para que todo el mundo, dentro de lo que es el ideario político, se comprometa a lo que sea, pero que se comprometa y que lo firme” mediante “contratos y pactos sociales” de aplicación obligada tras las elecciones. “Y luego que cada cual, con la coherencia y con la incoherencia personal y política, se retrate”, manifestó.

Y es que “hay algunos que, cuando gobiernan, no se si van de kamikazes, pero van en dirección contraria a lo que habían expuesto en las campañas”, criticó.

Dolado apoyó las movilizaciones de los turolenses por el futuro de la cuenca minera, y por el mantenimiento y mejora de los servicios, y señaló que sería un “craso error considerar que 10.000 personas no tienen razón”.

No obstante”, dijo, “todos somos corresponsables” de que la zona se encuentre en la situación actual, pues la “muerte anunciada” del carbón no es de ahora, sino de hace más de 20 años.

En este punto, insistió en el nombramiento de un coordinador que gestione los fondos que recibe toda la provincia, una de las principales conclusiones de su estudio sobre la situación de la provincia. Sobre las cuencas mineras, dijo, no está previsto elaborar ningún informe. 

“El justiciazgo moderno exige una actividad proactiva”, dijo. Sin embargo, aseguró que su intermediación política en plena campaña electoral es “inviable”.

Se comprometió, no obstante, a trasladar al Defensor del Pueblo de España todas las inquietudes de la comarca minera, pues su homólogo a nivel nacional es el adecuado para establecer contacto con el Gobierno central.

Mucho más que Endesa

Los trabajadores de las contratas de la térmica agradecieron y valoraron positivamente la visita del Justicia, en quien confían para lograr que alguien de Endesa les atienda para hacer ver a la compañía que las recolocaciones no solo deben afectar a sus 153 trabajadores directos, sino a los centenares de indirectos.

El portavoz de la plataforma de las subcontratas, Pedro Miñana, reclamó nuevos nichos de empleo para la gente joven y que Endesa firme un compromiso para que los mayores de 55 años puedan trabajar en el desmantelamiento de la planta, lo cual supondría “una salida digna”.

Los afectados no renuncian al mantenimiento de la central mientras no existan alternativas de empleo en la zona, que vendrán de la mano de proyectos de infraestructuras que están por hacer, como la A-68, la Elevación de Aguas del Ebro, el cargadero ferroviario o un macropolígono comarcal.

“Esto es un dominó. Somos trabajadores que dejamos los coches en los talleres, compramos en el pueblo y vivimos en él”, observó Miñana, quien exigió “poder elegir dónde vivir”.

Por su parte, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, aseguró que la “única opción que nos queda es que la ministra no conceda esa solicitud de cierre a Endesa”, pues “el plan de acompañamiento” propuesto por la eléctrica “no es suficiente”.

Para el presidente de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Antonio Donoso, la solución pasa por “exigir a Endesa que invierta 200 millones” en los filtros ambientales para alargar la vida de la térmica y ganar “tiempo”.