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El Gobierno destinará 30 millones para proyectos empresariales en zonas Miner
La convocatoria de 2018 para promover el desarrollo alternativo de las cuencas saldrá en breveEl Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC) a convocar en los próximos días ayudas a fondo perdido por un importe de 12,9 millones de euros dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras para el ejercicio 2018.
Además, y “con carácter excepcional”, se fija una cuantía adicional por importe máximo de hasta 17,1 millones de euros, “una convocatoria anticipada” condicionada a la existencia efectiva de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos en el momento de la resolución. Por tanto, el montante total podría llegar hasta los 30 millones de euros.
El fin de las ayudas es paliar las consecuencias sociales y económicas del cierre de las minas en las comarcas mineras del carbón, incentivando el empleo e impulsando la ampliación y la diversificación de las actividades de las empresas existentes y apoyando la creación de nuevas compañías, informó el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado.
En concreto, se trata de subvenciones de apoyo a la inversión, su ámbito es regional y su régimen es el de concurrencia competitiva. Además, permite priorizar los proyectos en función del interés para la zona en la que se vayan a desarrollar y sus necesidades específicas.
La convocatoria consiste en dos líneas de ayudas. Una de ellas, dirigida a financiar grandes proyectos de inversión empresarial generadores de empleo, por importe superior a 100.000 euros cada uno. La otra, en régimen denominado de minimis, impulsará la inversión en las comarcas mineras con pequeños proyectos empresariales.
La convocatoria autorizada ahora por el Consejo de Ministros es la correspondiente al ejercicio 2018 y asciende a 12,9 millones de euros, que se imputarán a los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 con cargo a la aplicación presupuestaria 20.101.423M.771, de los presupuestos del IRMC. A ello hay que sumar la cuantía adicional para llegar hasta los 30 millones de euros.
Varias ayudas agilizadas
En los últimos meses, apunta el Ministerio en la nota de prensa, el Gobierno ha trabajado “con intensidad” para agilizar las diferentes ayudas vinculadas al actual Plan del Carbón 2013-2018.
A este respecto, en próximas fechas, el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que recoge el plan social para trabajadores mineros afectados por el cierre de las minas a final de año y las ayudas contempladas en el acuerdo para la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, firmado el 24 de octubre entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos mineros.
El acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras que deban cerrar en cumplimiento de la normativa comunitaria y una inversión de 250 millones de euros en el periodo 2019-2027 al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas.
Recientemente, el Ministerio se ha comprometido a liberar otros 12,6 millones de euros para la financiación de 27 proyectos de infraestructuras que la Mesa de la Minería de Aragón ya priorizó en mayo de 2017. Junto a los 4,2 millones de euros que aportará el Gobierno de Aragón, el montante ascenderá a 16,8 millones que se utilizarán en proyectos clave para muchos municipios, como la ampliación del balneario de Ariño, el centro de trabajo de Atadi en Alcorisa, diversas inversiones en el polígono de las Cuencas Mineras o la ampliación de la residencia mixta de Albalate, entre otros.
A diferencia de la convocatoria de proyectos empresariales, que ha ido saliendo cada año a razón de 30 millones de euros (el plan Miner está dotado con 150 millones para este concepto), del apartado de infraestructuras aún no se había liberado un euro. Se ha visto reducido de los 250 millones que contempla el plan a los 133 que se ejecutarán. A Aragón le corresponde menos del 10%, quedando el grueso en Asturias y Castilla y León.