El Gobierno central reduce a la mitad el dinero para infraestructuras Miner

El montante económico del convenio de colaboración entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias y Castilla y León para la reactivación de las comarcas mineras del carbón mediante el desarrollo de infraestructuras se verá reducido prácticamente a la mitad, de 312,5 a 165 millones de euros. 

Así lo anunció el director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Alfonso Gómez, que en su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Empleo de las Cortes a petición del PP criticó los recortes presupuestarios del Ejecutivo estatal que acabarán por reducir a 132 los 250 millones de euros que contempla el Plan del Carbón 2013-2018 para infraestructuras. 

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 contemplan 40 millones de euros para esta finalidad y fijan un plan plurianual que, según la Ley General Presupuestaria, rebaja un 70% la partida en 2019, un 60% en 2020 y un 50% en 2021 y 2022, cuando los proyectos deberán estar ejecutados. 

En virtud de los convenios suscritos entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y los Gobiernos autonómicos, estos se comprometen a suplementar el 25% de la partida estatal, por lo que la cantidad global ascenderá hasta los 165 millones de euros, que quedan lejos de los 312,5 que deberían haberse completado. 

“Buena noticia, pero tardana”

Gómez dijo que la firma del convenio ha sido una “buena noticia, pero algo tardana”, pues según recordó el Plan comenzó en 2013 y el convenio con Aragón se firmó el pasado 12 de marzo, a menos de diez meses de que concluyera el plan de la minería vigente. 

“Nos ha parecido bastante retrasado”, máxime cuando Castilla y León lo firmó en 2016 y Asturias en noviembre de 2017, por lo que “Aragón ha quedado bastante relegada en el plazo”, protestó. 

No obstante, ninguna Comunidad Autónoma ha firmado aún con el Ejecutivo central los convenios específicos para subvencionar los proyectos de infraestructuras y restauraciones mineras priorizados por cada región.

46 proyectos subvencionables

En el caso de Aragón, existen 46 proyectos presupuestados en 31,7 millones de euros, entre los que están a la cabeza la residencia de Mequinenza (Zaragoza), con 5,3 millones de euros de inversión y una previsión de 40 empleos, y el balneario de Ariño, con 3,7 millones de euros de inversión para 27 empleos. 

Gómez explicó que se estableció un procedimiento “totalmente objetivo” para la evaluación de los proyectos a presentar en Madrid, que fueron aprobados por la Mesa de la Minería de Aragón. 

De cara a “favorecer una transición justa” de las cuencas, se priorizaron “proyectos que generen empleo”. 

La comisión mixta entre el Ministerio y el Gobierno de Aragón no se constituyó hasta el 22 de mayo. “Nos reconocieron como subvencionables cualquiera de los 46 proyectos”, si bien la financiación será otro cantar porque depende de una negociación entre las tres comunidades. Históricamente, Aragón se ha quedado la menor parte siguiendo criterios de empleo en las minas. 

Dado que la tramitación va con retraso, “el Ministerio ha tenido la sensibilidad de retrasar los plazos” de ejecución de los proyectos “hasta el 31 de diciembre de 2022”, manifestó. 

“Mezcla churras con merinas”

Además de criticar al Gobierno por la tardanza en la firma del convenio, a preguntas de la diputada del PP María Dolores Serrat, Gómez recordó que ni este Gobierno de España ni el anterior han logrado de Bruselas pagos por capacidad para las centrales térmicas, como sí han conseguido seis países de la Unión Europea (Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia y Polonia).

También cargó contra el decreto ley de cierre de centrales por “mezclar peras con manzanas y churras con merinas”, pues “dentro de la virtud y bondad de la pervivencia de las térmicas mete de rondón las nucleares”. 

Serrat defendió al ministro de Energía, Álvaro Nadal, por tratar de “endurecer las condiciones de cierre de las centrales de carbón”. Además, indicó que el nuevo Miner estará antes del verano. En cuanto al dinero disponible para los convenios de infraestructuras, Serrat sugirió que se mejoren “vía enmienda” a los PGE. 

Javier Martínez (Ciudadanos) acusó al Departamento de Economía, Industria y Empleo de estar “desbordado”. En las comarcas mineras, observó, “se tenía que haber trabajando conjuntamente, no sólo en mejorar infraestructuras sino en inversiones empresariales, e impulsar el emprendimiento”, dijo.

Jesús Guerrero (PAR) preguntó qué partida hay en los Presupuestos de Aragón para completar el 25% que tiene que sumar la DGA al convenio de infraestructuras del Miner, a lo que Gómez contestó: 1,7 millones que podrán ser suplementados si a Aragón le correspondiesen más fondos de los que ha venido recibiendo. 

Héctor Vicente (Podemos) instó a no usar el Miner para suplir los fondos ordinarios que deberían llegar a las comarcas mineras de otros programas de financiación, y cargó contra el consentimiento de “malas prácticas” empresariales como los despidos de Maessa en la térmica. 

Por último, Julia Vicente (PSOE) mostró su decepción con el nuevo recorte que sufrirá la partida de infraestructuras del Miner en los PGE y cargó contra el Gobierno central por no haber sido capaz desde 2014 –cuando finalizó el real decreto– de regular el sector del carbón.